Políticas económicas

El gobierno busca impulsar el consumo en los supermercados

Con el objetivo de aumentar las ventas, el gobierno estableció una política de promoción en compras de productos de la canasta básica familiar destinada a usuarios del Banco Provincia. La medida impactó en el consumo y puso en debate el derecho al trato digno hacia el consumidor.

 

En el marco del lanzamiento de nuevas opciones crediticias y como estrategia para promover el consumo, el Estado desarrolló una medida económica, que se tradujo en una promoción en distintos supermercados de la provincia de Buenos Aires. La misma entró en vigencia el miércoles 12 de junio e incluye descuentos de hasta un 50% en alimentos e insumos para el hogar. El Estado subsidia el 30% con las cuentas oficiales del Banco Provincia y el 20% restante lo subsidia el comerciante. El beneficio se aplica en tarjetas de crédito y débito del Banco Provincia, y el reintegro es de hasta $1500 por cuenta. El éxito fue visible pero generó muchos problemas en la atención a los clientes, quienes debieron hacer largas filas y esperar varias horas para completar la compra.

Esteban Librandi, abogado y titular de la ONG “Defensa de Consumidores y Usuarios” de Olavarría, analizó los beneficios y las dificultades que presenta la medida. En cuanto al impacto económico, Librandi considera que es una medida necesaria. “El consumo necesita ser respaldado con políticas económicas que lleguen al ciudadano, al consumidor. Esta estrategia de consumo de promociones es bienvenida y la restricción es clara: está dirigida puntualmente al consumo de alimentos e insumos básicos del hogar”, explicó en una entrevista a Radio Universidad.

diariolacapitalLos clientes debieron hacer largas filas y esperar varias horas para completar la compra./ Foto: Gentileza Diario La Capital

Pero más allá de los beneficios que se consiguen, Librandi no está de acuerdo con la manera en que se lleva adelante la promoción. “Hubo una desorganización total que afecta la buena atención que el consumidor se merece. El trato digno es un derecho constitucional, concreto y absolutamente exigible”, remarcó. También hizo hincapié en no perder de vista la responsabilidad que el dueño de la cadena de supermercados tiene durante estos colapsos en la atención al cliente. “La responsabilidad del comerciante es total porque es quien adhiere a la promoción. Al aceptar la propuesta, está obligado a prever los mecanismos necesarios para asegurar el respeto hacia el consumidor”, explicó.

El abogado también mencionó la exclusividad de la medida, ya que está dirigida únicamente a operadores y consumidores del sistema bancario de la provincia de Buenos Aires. “Poblacionalmente es impactante pero estamos hablando de una región del país y de un sector particular. Es un segmento muy reducido del consumo nacional. Estas medidas de promoción no pueden ser esporádicas y tienen que estar direccionadas al común de la población”, destacó.

Ante esta situación, desde la ONG “Defensa de Consumidores y Usuarios” consideran necesario presentar un proyecto de ordenanza en Olavarría. “La idea surgió de una experiencia muy positiva que realizaron en el partido de San Martín con el objetivo de que los comerciantes respeten el trato digno y consideren las políticas necesarias a los efectos de que no se produzcan estas situaciones de desborde. La difusión de los derechos del consumidor es necesaria. Es un cambio cultural que va a llevar tiempo pero es un derecho que está y tenemos que exigir que se cumpla”, concluyó.

 

Entrevista realizada en el programa "No todo está perdido" de Radio Universidad 90.1