Servicios públicos

“Los valores de las tarifas de gas son hasta siete veces mayores que el año pasado”

Martín Capelli, Defensor del Pueblo en Olavarría, se expresó acerca de la gran cantidad de reclamos que reciben en relación al corte del servicio de gas por falta de pago. Capelli resaltó que las prestadoras no cumplen con la ordenanza municipal vigente.

 

“A partir de 2016 se produjeron los primeros aumentos desmedidos en relación a las tarifas de los servicios públicos”, detalla Martín Capelli, Defensor del Pueblo en Olavarría. Capelli resalta que muchos de los reclamos que reciben se vinculan al corte del servicio de gas. “Si se compara la última boleta con el mismo período del año anterior, podemos corroborar que tienen consumos similares pero con valores exponenciales” explica. Ante esta situación, desde la Defensoría del Pueblo se inician acciones administrativas frente a la prestadora para que el servicio se restaure cuanto antes y se llevan a cabo medidas de carácter judicial. Capelli se refirió, además, a la ordenanza municipal Nº 40.080, la cual prohíbe el retiro de los medidores de gas, agua y luz cuando la situación social del usuario esté demostrada. Esta medida se votó en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) en el 2016 y continua vigente. “Actualmente no se está aplicando esa ordenanza porque, según un comunicado de la empresa de gas, se realizan alrededor de 20 cortes por día”, señaló.

¿Qué tipo de reclamos reciben en la Defensoría?

Los reclamos vinculados al aumento de tarifas de servicios públicos no son un tema nuevo, se vienen trabajando desde hace dos años aproximadamente. Porque a partir de 2016 se produjeron los primeros aumentos desmedidos, comúnmente llamados “tarifazos”. En la delegación local, si bien recibimos todo tipo de reclamos, los que predominan en relación a los servicios públicos están vinculados al gas. Muchas personas se acercan porque les han llegado las boletas del último período (mayo/junio). En las cuales, si se hace la comparativa con el mismo período del año anterior, podemos corroborar que tienen consumos similares pero con valores exponenciales. Incluso cinco, seis o siete veces mayor que el año pasado. Con lo cual la situación es bastante compleja.

¿Cómo trabajan ante una situación de estas características?

Llevamos a cabo acciones de todo tipo. Particularmente nos enfocamos en las acciones administrativas frente a la prestadora de servicios y también en medidas de carácter judicial. Cuando viene un ciudadano, lo primero que hacemos es evaluar su caso particular. Generalmente se trata de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social o económica. Evaluamos sus ingresos y le informamos a la prestadora que se trata de una situación concreta de necesidad. Solicitamos municipalmente, depende cada situación, que no se corte el servicio. El pago de la deuda se puede evaluar luego, pero la primera medida siempre es tener garantizado el servicio de gas. Después también se plantea la incorporación en la tarifa social, en el caso de la gente que todavía no sabe que puede ser beneficiario de esta tarifa si sus ingresos no superan los dos salarios mínimos.

Paralelamente, a cada ciudadano que se acerca le generamos un expediente administrativo. Luego presentamos esos expedientes en juzgados federales solicitando medidas cautelares. Una de las medidas que se logró recientemente, presentada por la Asociación de Consumidores en conjunto con la Defensoría del Pueblo, fue la media cautelar que dispuso que por 30 días no se puede cortar el servicio.

La ordenanza municipal Nº 40.080 prohíbe el retiro de los medidores de gas, agua y luz cuando la situación social del usuario esté demostrada. Se votó en el HCD en 2016 y continua vigente. ¿Está siendo respetada?

En esa ordenanza se instó al poder ejecutivo municipal a que realice las gestiones para evitar ese tipo de medidas que toman las prestadoras. Se buscaba evitar que se retire el medidor para que esa persona que no pudo pagar no se quede sin el servicio. Actualmente no se está aplicando esa ordenanza porque, según un comunicado de la empresa de gas, se realizan alrededor de 20 cortes por día. Con lo cual lamentablemente muchas veces las prestadoras interpretan la ley de modo tal que siguen cometiendo actos que son sancionables por la ley. También se dispuso judicialmente que si un corte no es legítimo, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) tiene la facultad de sancionar a la empresa con multas que van desde $10.000 hasta $100.000 según cada caso.

¿Han tenido que trabajar con casos de cortes del servicio?

Sí, esos son los casos de urgencia extrema. Los atendemos en el momento y ahí mismo hacemos la gestión con la prestadora. Automáticamente hacemos un llamado telefónico a la gerencia y paralelamente presentamos el escrito en otra delegación acreditando la situación, explicando brevemente por qué esa persona no puede pagar. No obstante, a fines de solucionar el conflicto en el momento hablamos con la prestadora para que en el transcurso del día vuelvan a colocar el medidor.

No estoy en condiciones de decir el número de cortes que se realizan por mes porque la estadística que tenemos es caso a caso. Puede suceder que mucha gente haya sufrido un corte y se haya acercado directamente a la empresa para refinanciar la deuda. Tenemos el conocimiento de la gente que se acerca a la defensoría con el corte ya consumado.

¿Qué cantidad de metros cúbicos se subsidia con la tarifa social?

La tarifa social siempre tuvo un impacto real en la boleta del ciudadano que era beneficiario de la misma. Se subsidiaba una parte del consumo y realmente tenía beneficios. En el último tiempo se llevaron a cabo una serie de medidas que hicieron que actualmente el modo de subsidio se realice a partir de la cantidad de metros cúbicos. Los primeros 87m3 que utiliza la familia están subsidiados al 100%. Los 87m3 siguientes están subsidiados en un 75% y a partir de los 164m3 se paga el 100%. Lo que observamos a partir del análisis de muchas facturas es que una familia tipo no gasta menos de 500m3. Por lo cual el impacto de la tarifa social termina siendo mucho menor. Es un descuento pero la finalidad de la creación de la tarifa social se ve desvirtuada./ AC-FACSO

 

La Defensoría del Pueblo en Olavarría está ubicada en Alsina 2645 y se encuentra abierta al público de lunes a viernes desde las 7hs hasta las 13hs.