Lesa Humanidad

 

El pasado jueves 28 de marzo se llevó adelante una nueva audiencia del Juicio Monte Pelloni 2 en Mar del Plata. Allí, la fiscal María Ángeles Ramos, continuó con la etapa de alegatos, en los que comenzó a mostrar las pruebas que intentan demostrar la responsabilidad criminal de los 23 imputados. En esta jornada abordó la culpabilidad de Oscar José Bardelli, Héctor Alberto González Cremer y Roberto Jorge Casares. Las audiencias continuarán el próximo 12 de abril.

 

Por Leandro Lora

Pocas veces es posible a tomar dimensión del trabajo que llevan adelante los y las fiscales de la nación, sobre todo en tiempos en los que se hacen públicos aprietes, extorsiones, entramados de poder con medios de comunicación e intereses extranjeros. Sin embargo, el Juicio Monte Pelloni 2 viene exponiendo una abrumadora demostración de trabajo minucioso, con un nivel de detalle y prueba que, sumado al orden informativo con el que se expone, logra captar la atención de cualquiera que esté escuchando lo que allí se menciona. El Ministerio Público Fiscal, a cargo de la Dra. María Ángeles Ramos y el Dr. Juan Manuel Portela, parece que no sólo ha dimensionado el horror de lo que aquí se juzga, sino que han advertido que es necesario no dejar ningún detalle suelto que pudiera provocar una respuesta contraria de parte de los abogados de la defensa. Cada argumentación que allí se expone, va de lo general a lo particular, y hasta anticipa posibles contrargumentaciones, para directamente, en esta instancia, dar por anulado, cualquier excusa que pretenda correr el eje de lo que se intenta demostrar.  Sin dudas, este párrafo busca alentar a cualquiera que mínimamente tenga interés en presenciar tamaña muestra de investigación minuciosa, y se anime a acercarse hasta la ciudad balnearia. Le aseguro una agradable sorpresa, no sólo por el esfuerzo laboral visto, sino, y sobre todo, por la densidad histórica de lo que se puede incluso descubrir.

Alrededor de las 10hs comenzó la audiencia del jueves pasado. El tribunal estuvo presidido por el Dr. Alfredo Ruiz Paz, y se encontraron presentes, en representación del Ministerio Público Fiscal, la Dra. María Ángeles Ramos junto al Dr. Juan Manuel Portela, en representación de la Secretaría de DDHH de la Pcia. de Buenos Aires, el Dr. Manuel Marañón y en representación de la APDH, la Dra. Mariana Catanzaro junto al Dr. Guillermo Torremare. Por su parte, los abogados defensores fueron 4, 3 pertenecientes a la defensa oficial, y uno en representación de los letrados particulares.

 

 

De acuerdo a lo que ya había anticipado el Ministerio Público Fiscal al comenzar este año, primero iba a demostrar que los hechos denunciados habían ocurrido y para ello se valió de testimonios, documentos, archivos periodísticos, fallos judiciales e inspecciones oculares. Ahora comenzó una etapa más profunda, probar las responsabilidades criminales de los 23 imputados en aquellos hechos. Es decir, si alguien pretendiera demostrar inocencia argumentando que los hechos no ocurrieron, antes debería contradecir las pruebas que la fiscalía presentó durante cerca de 15hs de alegatos en ese sentido. Es probable que ello no ocurra, y simplemente se busque demostrar que los imputados no estuvieron implicados en los hechos, por lo tanto, a esto se aboca la fiscalía en esta nueva instancia de alegatos.

La fiscal María Ángeles Ramos comenzó explicando el orden que le iba a dar a su exposición, primero dando cuenta de la existencia de un plan sistemático, para luego abordar el concepto de clandestinidad, y finalmente presentar la responsabilidad criminal e individual de los acusados. De esta manera, señaló que “la clandestinidad fue utilizada como garantía de impunidad” y que esto quedó demostrado durante el debate. En este sentido señaló que la mayoría de los operativos se realizaron de noche o engañando a las víctimas a partir de supuestos encuentros que las autoridades querían tener con ellas, cuando en verdad lo que se iba a hacer, era detenerlas. También recordó los interrogatorios encapuchados, los centros de detención y los consejos de guerra. Por otra parte, la fiscal puso especial atención en las visitas que los familiares pudieron realizar a quienes estaban detenidos/as, dado que estas recién pudieron realizarse cuando las detenciones habían sido legalizadas, pero sin embargo desconocían las causas de su detención, ni el tiempo que iban a permanecer. “Se les negaba información, se les decía que no sabían nada, o se les decía que podían haber sido secuestrados/as por sus propios compañeros”.

 

En otra parte de su exposición, la fiscal señaló que todos los hechos ocurrieron en una comunidad pequeña (la Olavarría de los años 70), y allí citó el testimonio de José Sarazola quien había dicho que “todos sabían en la calle que a Pareja lo había secuestrado el ejército”. Esta impunidad, la fiscal la describió como la búsqueda de “ser invisibles, estando visibles”.

Durante poco más de una hora y media, la Fiscal expuso las pruebas que intentan demostrar el carácter clandestino, sistemático y organizado de la represión, que implicó la responsabilidad de todas las fuerzas de seguridad. Para ello expuso, en un power point, infinidad de documentos, anexos del Plan de seguridad Nacional, los libros históricos de las fuerzas de seguridad, el organigrama de jerarquías y tareas estipuladas por reglamento, leyes, decretos de gobierno y directivas, que exponen, de manera contundente, el trabajo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía Bonaerense.

 

En este aspecto, la fiscal mostró cómo las directivas del ejército, dividían en prioridades, quienes iban a intervenir en los distintos operativos, ya sea el ejército, o la policía. Allí, el ejército intervenía en los objetivos de prioridad 1, y la policía en los de prioridad 2, esto incluso lo demostró ordenando, según los casos, donde fueron detenidas las personas.

Algunos ejemplos que citó: Hermida y Lafitte, fueron detenidos en el regimiento; Vinci, Méndez, Genson, fueron detenidos en Monte Pelloni; y las víctimas sindicales en la Comisaría primera. “Nada fue librado al azar, se actuó de manera coordinada” señaló la Fiscal.

 

 

Con esta expresión, la Fiscal dio introducción al detalle más profundo que requiere este trabajo judicial. De esta manera, expuso la cantidad de personal de las fuerzas de seguridad que trabajaron durante los períodos comprendidos entre 1976 y 1978. Llegando a contabilizar alrededor de 600 personas, entre FFAA, Policía Bonaerense y Servicio Penitenciario, tanto de Olavarría, Azul y Tandil. Y esto, que fue obtenido de los libros históricos de las distintas fuerzas, (expuestos en una pantalla) lo hizo para decir que “la responsabilidad de los imputados, excede a la mera pertenencia de estar en funciones” (sino serían los cerca de 600 personas contabilizadas). “Los que están imputados, es porque tienen responsabilidad” concluyó.

En el mismo sentido, la Fiscal expuso el marco normativo legal que regía en la época, para inmediatamente demostrar que ese marco fue violado y desestimado. En este sentido, mencionó la existencia de un “doble régimen en la época”, uno legal, bajo una normativa preexistente, y uno ilegal “o subterráneo”. Para ello recurrió a exponer el ejemplo del Estado de Sitio que regía previo al golpe de 1976, pero que una vez ingresado el ejército, se disolvió el congreso, que es justamente el órgano estatal que controla el Estado de Sitio. “Se redujo la letra de la Constitución, a letra muerta” señaló.

 

 

La Fiscal María Ángeles Ramos expuso de qué manera la represión manejó el “Dominio del espacio” y en ello basó una parte de sus argumentos, al demostrar el accionar conjunto de las FFAA con las fuerzas policiales. Para esto se valió, por ejemplo, de una publicación existente en el libro histórico del Regimiento de Olavarría, donde figura, con fecha 1 de enero de 1977, una que señala “Un espectacular operativo realizado el miércoles de forma conjunta entre fuerzas militares y policiales…”. De esta manera, la Fiscal expuso una serie de documentos en los cuales quedaba evidenciado el trabajo conjunto, en los que se demostraba una planificación centralizada y una ejecución descentralizada. En el mismo sentido, mostró la directiva 404/75 que mencionaba que cuando la autoridad militar pedía una orden, la policía debía darle prioridad. También expuso la necesidad que existía para que no hubiera superposición de objetivos entre ambas fuerzas, por lo que incluso mostró cómo los vehículos de las fuerzas intervinientes debían ser identificadas. “Esta es una perfecta muestra documentada, del obrar conjunto” Señaló, al finalizar este apartado, y agregó que “No existía la subordinación material, era organizativa”.

 

 

Tan exhaustiva viene siendo la exposición de la fiscalía, que se han analizado incluso las órdenes de excarcelación que el poder judicial de la época había emitido para quienes estaban detenidos/as, pero que no eran liberados/as hasta que no fueran las FFAA las que lo decidían. Así fue que se expusieron varios casos entre los que se contó el de Manuel Daniel Vargas Vargas quien había obtenido el pedido de excarcelación judicial a fecha 11 de junio de 1976, pero recién fue liberado el 7 de septiembre de ese año. Casi tres meses después.

Estos datos no solo dan cuenta del nulo poder que tenía el Poder Judicial, sino que el Servicio Penitenciario Bonaerense no cumplía las órdenes, porque respondía a las decisiones de las FFAA.

Finalmente, y antes de pasar a la instancia de responsabilidad criminal individual, la fiscal señaló la importancia de las órdenes verbales, que, según los reglamentos expuestos, y los testimonios recabados, adquirieron carácter de “normal”.

 

 

Cuando hablamos de la última dictadura militar y el horror de sus prácticas, pocas veces pensamos que tamaño plan, requirió de planificación y organización, una cadena de mentes perversas diseñando qué, cómo, dónde y cuándo se harían los secuestros, las torturas, los asesinatos, los partos, los robos de bebés, entre otras atrocidades. En el plano local, esta es la imputación concreta contra Oscar José Bardelli, haber sido el jefe de la logística del horror. La Fiscal María Ángeles Ramos citó un pedido que realizó el Fiscal Julio César Strassera en la emblemática causa 13 del año 1984, cuando consideró que era necesario profundizar en la estructura de mandos, solicitando el procesamiento de los jefes de las sub zonas y áreas, “es lo que estamos haciendo ahora” dijo la Fiscal.

Ramos también señaló que el paso del tiempo provocó que sea solo Bardelli quien esté imputado, dado que otras personas, han fallecido, o han quedado excluidas del proceso por razones de salud. “Lamentamos que no podamos mostrar la foto completa. No se dejen engañar, señores jueces, que hoy solo esté Bardelli, tuvo que ver con esta coyuntura” señaló.

 

 

La fiscalía presentó el legajo de Bardelli, para exponer el recorrido militar que tuvo durante sus años en servicio. Allí se advirtió que en 1975 fue designado al Operativo Independencia en la provincia de Tucumán. También se expusieron sus declaraciones, las cuales la fiscalía se encargó de desestimar una por una. Por ejemplo, había dicho que no tenía necesidad de saber lo que ocurría, dado que su función era otra, sin embargo su función, como parte del Estado Mayor, según reglamentos que también expuso la Fiscal, era evaluar, planificar y supervisar los operativos. Es decir, dijo la Fiscal, que “al integrar el Estado Mayor, tenía superioridad orgánica”.

Los alegatos son la última palabra de las partes antes de que el Tribunal dicte una sentencia, y es el mayor momento de exposición al que pueden apelar abogados y abogadas. En este caso, la Fiscal recurrió, con las disculpas formales que requería la situación, a la recreación de un diálogo ficcionalizado, que representaría el rol que ocupó Bardelli. Allí, simuló una discusión entre militares, sobre cómo se podrían llevar adelante los operativos de secuestro, tortura, traslado y demás. En ese diálogo, Bardelli interrumpiría diciendo “no se preocupen, yo me ocupo”. Es que claro, basta pensar, como señaló la fiscal, que para realizar la tarea que le represión estatal requería, se necesitaban vehículos, personas, armas, combustible, coordinación con la policía bonaerense, un lugar clandestino para las detenciones (Monte Pelloni por ejemplo), si ese lugar no tenía electricidad, había que instalarla, también se necesitaron vendas, equipos para la tortura. Otros detalles no menores, análisis del tiempo y meteorológicos, así como funciones de contrainteligencia. Vale mencionar que también se necesitaron las carpas que se utilizaron en Monte Pelloni “y también la comida que, aunque lamentablemente, también existía y también los médicos” agregó la fiscal. “Gracias a él, todo esto pudo concretarse, y lo digo con respeto hacia las víctimas” señaló.

Es difícil y revelador al mismo tiempo, pensar en la existencia de una maquinaria capaz de controlar todas estas variables, para que el plan ejecutado por las FFAA durante la última dictadura militar, resulte exitoso. A fin de cuentas, como dijo la Fiscal María Ángeles Ramos “Se necesita de una gran cantidad de logística para hacer desaparecer a una persona, sin que aparezca 43 años después”.

 

 

Los casos de Cremer y Casares, fueron las últimas exposiciones del día. Ambos ocuparon altos cargos en el ejército, siendo Cremer el Jefe del regimiento de Olavarría entre el 5 de diciembre de 1977 y el 30 de noviembre de 1979, del mismo modo que Casares ocupó, durante ese tiempo, el cargo de 2do Jefe del Regimiento local.

La fiscalía procedió del mismo modo en su alegato. Expuso los legajos del ejército de cada uno, y dio lectura de las obligaciones y tareas que tenían los jefes de área. De esta manera se mostró la responsabilidad que tenían en cuanto a operativos, tareas de inteligencia y control de lo que sucedía en su zona de mando. “Cremer y Casares, como Jefe y Segundo Jefe, eran totalmente responsables de las acciones represivas que ocurrieron en su jurisdicción” señaló la Fiscal.

 

Ramos también señaló que Cremer no aportó ningún elemento para probar su inocencia, y las menciones que realizó en relación a haber estado abocado a un conflicto internacional (Con Chile), no figuran en su legajo. Del mismo modo, señaló que no existen licencias médicas que permitan corroborar sus dichos sobre supuestas licencias por enfermedad que habría tenido.

Ambos están imputados, entre otros, por los casos de Alcides Díaz, Mónica Fernández, Susana Benini, y Miguel Toledo.

 

 

Cerca de las 14hs culminó la quinta audiencia del año, dando continuidad a la instancia de alegatos que lleva a cabo el Ministerio Público Fiscal. Aún resta la conclusión de las pruebas sobre 20 imputados, pero se advierte un avance constante en esta etapa del Juicio, que vislumbra un estricto y detallado trabajo de parte de quienes tienen la mayor responsabilidad por probar los delitos denunciados.

La próxima audiencia será el viernes 12 de abril, a partir de las 10hs, en la ciudad de Mar del Plata. Allí continuará la voz de la Fiscal, argumentando con toda la prueba recabada, el por qué considera que los imputados en particular, son penalmente responsables de los crímenes señalados. Son, sin duda, momentos reveladores, advertidos incluso por otros colegas de la profesión del derecho, como instancias imperdibles, que manifiestan hasta cierta admiración por la densidad del trabajo presentado. Y es, para nosotros y nosotras, desafío constante poder contar al menos, una parte de lo que allí ocurre y se conoce cada quince días. Lo que está ocurriendo en este juicio, es todo lo contrario a lo que intentó la dictadura “ser invisibles, estando visibles”. En esta tarea están, claramente la fiscalía y las querellas, pero también el periodismo. En Monte Pelloni 2 el desafío es hacer visible lo invisible, así sea la historia misma, o una audiencia judicial.

 

 

 

 

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