Memoria, Derechos Humanos y Antropología

Los desaparecidos uruguayos sí existen

El Doctor José María López Mazz lleva siete años luchando con el Grupo de Investigación en Arqueología Forense de Uruguay para demostrar que las víctimas del terrorismo de Estado son reales. Los operativos políticos y militares para eliminar los cuerpos y el descreimiento de la sociedad trabajaron en la dirección contraria. De eso habló el prestigioso arqueólogo uruguayo después de una conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría


José María López Mazz se muestra tranquilo en cada una de sus palabras. La contundencia con la que habla deja entrever el compromiso asumido en su trabajo. Este Doctor en antropología cuenta con cuatro títulos académicos, lleva tres décadas como investigador  y lidera (desde que se creó en 2005) el Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF). A mediados de diciembre pasó por Olavarría para dar la conferencia “Desaparecidos, derechos humanos y arqueología forense en Uruguay", en la Facultad de Ciencias Sociales de la Unicén. “Uno de los grandes logros de nuestro trabajo fue demostrar que se habían cometido delitos de lesa humanidad. En Uruguay, un gran porcentaje de la población creía que los desaparecidos no existían”, destaca el antropólogo sobre el alcance de los trabajos realizados en torno a la búsqueda de personas víctimas del terrorismo de Estado en el vecino país en la dictadura que tuvo lugar entre los años 1973-1985.

La “Operación Zanahoria”: Los intentos de ocultar el horror

El convenio entre algunos políticos y los militares, denominado “Operación Zanahoria” (llamado así por la forma de sacar y volver a colocar bajo tierra los cuerpos para ocultar la verdad), fue firmado en 1983 antes del retorno de la democracia con la finalidad de borrar todas las evidencias sobre desaparecidos en cuarteles y cementerios clandestinos. Esta operación tuvo el objetivo de no dejar rastros que comprometieran a los militares en posibles citaciones de la Justicia. “Lo que hicieron fue recuperar los cuerpos enterrados de manera clandestina y reenterrarlos o destruirlos para evitar que en el período democrático se pudieran realizar trabajos de recuperación”, destaca López Mazz. En Uruguay este tipo de operaciones de ocultamiento sistemático fueron muy comunes. Se construyeron losas de cemento, distintas edificaciones o incluso bosques que, con la alteración de los planos correspondientes, tendieron a desorientar cualquier búsqueda posible.

El régimen militar uruguayo dejó como saldo alrededor de 270 desaparecidos, varios de ellos en Argentina en el marco del Plan Cóndor, una de las operaciones de coordinación entre los distintos regímenes dictatoriales que usurparon el poder en Sudamérica en las décadas del ’70 y ‘80. A pesar de las adversidades, el equipo forense ha recuperado seis cuerpos en siete años. Ese avance demostró a una gran parte de la sociedad uruguaya descreída, que el horror que se vivió en esa época era tan cierto como los cuerpos de las víctimas que lo demostraban.

El proceder de la sociedad civil es remarcado por López Mazz como un proceso de transformación en torno a las creencias que se tenían. “Uruguay es un país con una tasa de gente de edad elevada, es muy conservadora, pero poco a poco han comenzado a cambiar algunas ideas, se fue perdiendo el miedo hacia los militares, todo ese miedo que es tradicional en poblaciones envejecidas”.

La participación de la Universidad en la búsqueda de la verdad


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López Mazz en su visita a la Facultad de Ciencias Sociales. /Foto: AC-FACSO

El gobierno del ex presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, impulsó junto a las universidades la investigación acerca de los desaparecidos. El GIAF cuenta con 10 integrantes y comenzó a hacer informes tomando ejemplos históricos como el del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El trabajo sobre la memoria y los Derechos Humanos (DDHH) en Latinoamérica a lo largo de los últimos años es valorado por López Mazz. “Los gobiernos y las corrientes que han surgido con ellos no hacen más que sanear la democracia, las vuelve más reales”. Esto da cuenta de la importancia de la búsqueda de la verdad y la justicia, mayormente ignorada en el país limítrofe por muchos años. El papel cumplido por la Universidad en Uruguay fue muy importante. “Es interesante que se reconozca que genera recursos humanos capaces para trabajar en temas como la Antropología Forense. Su cometido debe ser contribuir a mejorar la calidad de vida de un país y comprender los grandes problemas de una Nación. Y creo que este es uno de ellos”, asegura el arqueólogo y antropólogo.

El trabajo científico es asumido por parte de los integrantes del equipo como la mejor garantía de verdad para la población y los familiares de las víctimas. “La ética del investigador es fundamental porque se deben asegurar las mejores técnicas para la identificación, donde el reconocimiento de las causas de muerte deben estar bien hechas porque de allí derivan elementos para escribir el informe. Todo ese tipo de cosas da idoneidad científica y creo que ese es nuestro rol central”, subraya López Mazz.

 

La investigación, el trabajo y sus alcances

En un principio el Estado uruguayo no contaba con información oficial de calidad que permitiera localizar cuerpos de detenidos desaparecidos, incluso mucho de ese material era falso y había sido facilitado por los propios militares. Antes de comenzar con lo estrictamente arqueológico se tuvo que hacer un trabajo antropológico e histórico previo. Organizando diversas informaciones unificaron una base de datos con el apoyo de las ONG de DDHH, familiares de desaparecidos y las comisiones parlamentarias de la democracia.

Mediante entrevistas basadas en cuestionarios con testigos directos o fuentes vinculadas a ellos, se catalogó la información y se desarrolló una metodología original debido a las dificultades encontradas. López Mazz recuerda esos momentos como un tiempo de ensayo y error. “Pagamos un derecho de piso pero de a poco todo fue mejorando”, admite. El trabajo de búsqueda se ha realizado en diferentes lugares como batallones, chacras militares y predios utilizados por la guerrilla en ciudades como Toledo, Pando (en el área metropolitana de Montevideo) y Maldonado (a 134 km de la capital uruguaya).

El trabajo se sostiene en tres niveles. El técnico intenta ayudar a la Justicia con estándares más elaborados, con protocolos más afinados en temas de búsquedas, hallazgos, recuperación e identificación. El segundo nivel intenta sostener el cumplimiento de los DDHH y con esto aportar para que la democracia sea más transparente y creíble para los ciudadanos. El tercer nivel es el científico, donde se plantea a la información como un elemento a contribuir en un debate sobre la naturaleza humana.

En contexto: La importancia de contar con un Equipo de Antropología Forense
“A diferencia de Uruguay, en Argentina siempre se supo que había desaparecidos. Pero la materialidad de un cuerpo humano asesinado recuperado tiene una contundencia y es una prueba fuerte que activa la memoria de la gente y hace reflexionar y tomar consciencia de las atrocidades que se cometieron” reflexiona el arqueólogo Gustavo Politis, doctor en Ciencias Naturales, profesor, investigador y director del doctorado de Arqueología de la facultad de Ciencias Sociales en Olavarría.
La actividad forense argentina permitió recuperar aspectos del campo de la memoria, revalorizarla, trabajar plenamente con los DDHH y contribuir a que las personas encargadas de llevar esos delitos pudieran ser juzgadas. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fue un precursor en investigación y trabajo de estas características, expandiendo sus actividades a toda Argentina y América del Sur. Bajo esta influencia, Uruguay conformó su propio equipo forense. Politis destaca la labor del GIAF en Uruguay ya que “hubo una remoción de pruebas y no hay tanta información contextual como tampoco testigos que quieren hablar, entonces es mucho más difícil el trabajo”.
El EAAF fue creado en 1984 como una iniciativa de los organismos de DDHH para descubrir el destino de las personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). El fundador del Equipo fue el estadounidense Clyde Snow quien fue sumando al grupo a estudiantes y graduados de Antropología, Arqueología y Medicina. El EAAF se transformó en una asociación civil sin fines de lucro e independiente de cualquier instancia de gobierno para garantizar autonomía y evitar presiones.
Politis valora el trabajo hecho en los primeros cementerios colectivos encontrados en Argentina. “Se comenzó con las excavaciones de las primeras tumbas y lo primero que se supo era que habían sido ejecutados. Todavía no existía la prueba de ADN pero la identificación se basó en las fichas dentales o las patologías óseas para determinar la edad y el sexo con cierto grado de certeza”. Ante los primeros hallazgos en democracia, la conciencia colectiva acerca de la existencia de desaparecidos se fue haciendo fuerte y hoy Argentina representa un ejemplo en la investigación y el rescate de la memoria en materia de Derechos Humanos./AC-FACSO