Especial: 40 años del golpe cívico-militar
Los diarios del obispo
El libro “Profeta del genocidio” indaga en los diarios de Victorio Bonamín y refleja las conexiones entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas. En una entrevista con sus autores, se analizan las funciones y responsabilidades del poder eclesiástico.
“Profeta del genocidio” es un libro que da cuenta de los diarios del obispo Victorio Bonamín (1909-1991) correspondientes a 1975 y 1976. A modo de testimonio pero también como prueba, se exponen y dejan al descubierto los vínculos de la Iglesia con las Fuerzas Armadas (FF.AA) durante los años ’60 y ‘70. En un trabajo de investigación amplio y minucioso, Lucas Bilbao (Historiador, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) y Ariel Lede (Sociólogo, Universidad Nacional de La Plata) arriban a pruebas, detalles y conclusiones acerca de la magnitud que tuvo el vicariato castrense en los años del terrorismo de Estado.
¿Cuáles eran las funciones estratégicas que ocupaban los distintos estratos de la Iglesia durante la dictadura?
La Iglesia católica tiene la característica de ser un actor jerárquico y pluriforme en la que conviven varias instituciones en su interior que son las que “rigen” su acción. Con estrechas relaciones con los poderes de turno, la Iglesia legitimó los derrocamientos de gobiernos constitucionales, la imposición de dictaduras militares autoritarias, con una gran influencia en el diseño de políticas públicas y el nombramiento de funcionarios. Durante la última dictadura, los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado recurrieron a obispos y sacerdotes en busca de información y por gestiones para determinar sus paraderos. Sin embargo en relación a esto, casi no desplegaron acciones ni pronunciamientos colectivos. Más bien guardaron silencio y privilegiaron las buenas relaciones con las FF.AA y la legitimación pública al accionar del régimen. Esto evidencia la preponderancia que como actor político conservaba la Iglesia católica en la sociedad argentina.
Otro actor central fue la Nunciatura Apostólica, el eslabón entre la Iglesia y el Estado argentino con el Estado del Vaticano. Éstos diplomáticos son nombrados por el Papa y cumplen una importante función al momento de decidir los nombramientos o los traslados de los obispos. La Nunciatura colaboró activamente en la legitimación y acompañamiento al régimen: por ejemplo no elevó denuncias internacionales sobre los crímenes de lesa humanidad que las FF.AA estaban llevando adelante. Por otro lado, aparece el Vicariato Castrense, un obispado creado en 1957, el único que responde a la Iglesia y al Estado. En el nombramiento de sus obispos, por ejemplo, participa la Iglesia pero también el Poder Ejecutivo. El conjunto de los capellanes y la pequeña jerarquía que lo condujeron dieron cuerpo al Vicariato, que durante los ’60 y ’70 tuvo un crecimiento numérico y territorial. Se caracterizó por ocupar un lugar preponderante en la formación “moral, cívica y espiritual” de las FF.AA, así como por ser un actor clave en el vínculo estratégico entre la Iglesia y las FF.AA. Participó decidida y activamente en lo que llamaron la “lucha contra la subversión” y fueron un engranaje crucial del terrorismo de Estado. Por último, conformaba la iglesia institucional el conjunto del clero (sacerdotes seculares) como las diversas congregaciones de religiosas.
¿Por qué existe tanta resistencia desde diversas esferas para indagar en las responsabilidades de la Iglesia?
La judicialización de esa responsabilidad tiene como principal obstáculo al propio Poder Judicial. Ocurre lo mismo con la responsabilidad empresaria, sobre la que tampoco ha habido avances. Una parte de esos obstáculos son políticos e ideológicos, por lo tanto intencionales; mientras que otra responde a la falta de pruebas, testimonios y de una doctrina que facilite el juzgamiento de actores que son un tanto “difusos” para los términos del Código Penal. La inercia de la mayoría de los funcionarios del gobierno anterior y de los dirigentes políticos opositores colaboró con esos obstáculos. Más allá de algunas excepciones, primó el compromiso entre los partidos políticos y el Estado, por un lado, y la Iglesia católica por otro. Compromiso que es producto de un vínculo de necesidad y legitimación recíproca establecido desde hace tiempo.
Por último, identificamos en distintos sectores de la sociedad (abogados, fiscales, jueces, legisladores, funcionarios, dirigentes sociales, referentes, militantes) una lectura indulgente sobre la responsabilidad de la Iglesia en la última dictadura y su papel posterior con las causas judiciales. Hay un gesto indulgente en la espera de “que la Iglesia abra sus archivos”, de “que los capellanes den testimonio”, que “los obispos pidan perdón”. Más de treinta años se ha esperado que la Iglesia se culpe a sí misma nada menos que por su participación en un genocidio…
Los autores Ariel Lede y Lucas Bilbao llevaron adelante el desafío de realizar el primer estudio sistemático acerca del Vicariato castrense en tiempos de dictadura.
¿Hay antecedentes en donde la justicia haya obrado para resarcir los daños provocados por el accionar eclesiástico en crímenes vinculados al terrorismo de Estado?
Los antecedentes son insignificantes. La Iglesia ha logrado mantenerse impoluta a la orilla del proceso de verdad y justicia: hasta hoy los sacerdotes católicos representan menos del 1% de las 622 personas condenadas y de las casi 2.700 imputadas por delitos de lesa humanidad. Como señala el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su Informe anual 2015, “los pocos avances que se han hecho se concentran en la responsabilidad individual de algunos sacerdotes y no en la participación institucional, lo que imposibilita el procesamiento de miembros de la jerarquía eclesiástica que no están involucrados materialmente en los hechos pero que sí promovieron u ocultaron su comisión”. Solamente 12 sacerdotes han estado involucrados en resoluciones judiciales: uno condenado a prisión perpetua, uno absuelto, seis imputados y cuatro citados como testigos. De los seis imputados, dos murieron sin condena, uno está prófugo y tres en proceso. Según se supo la semana pasada, el capellán rosarino Eugenio Zitelli, imputado en una causa, tendrá que esperar el juicio oral detenido en la cárcel. Es una carrera contra el tiempo que casi nadie en el Poder Judicial está corriendo: más de 100 sacerdotes ejercieron su trabajo pastoral en unidades militares donde funcionaron Centros Clandestinos de Detención. Pero sólo viven alrededor de diez y con un promedio de edad de 70 años.
¿Cómo fue la metodología emprendida en la producción de "Profeta del genocidio"?
Lo primero fue una lectura detenida de los diarios de Bonamín, a la cual le siguieron nuevas relecturas. Luego la transcripción que nos llevó un año ya que por ese entonces no teníamos financiamiento. Durante la transcripción chequeamos los nombres mencionados, las fechas, los lugares y los acontecimientos descriptos. Los contrastamos con diversas fuentes oficiales (los libros de promociones de los militares, los boletines del vicariato castrense, entre otras), con sitios web de las diócesis eclesiásticas, con la prensa de la época, con la Guía Eclesiástica, etc. Esa sistematización sería muy útil más adelante como herramienta para “volver” a la fuente en busca de información al momento de la escritura. Hubo también un tiempo dedicado a la lectura de bibliografía existente sobre el tema y de otras fuentes históricas que funcionaron como un complemento necesario de los diarios de Bonamín, principalmente los boletines trimestrales del Vicariato y legajos de capellanes consultados en el Ministerio de Defensa. A partir de estas lecturas pudimos construir un “estado del arte” y así identificar las vacancias, es decir, aquellos aspectos que todavía precisaban del análisis científico. De ese modo llegamos al diagnóstico de que faltaba un estudio específico y sistemático acerca del vicariato castrense, la organización de los capellanes militares encargados de formar y acompañar religiosamente a los miembros de las Fuerzas. Con esto en mente, trazamos los ejes de indagación que las categorías y fuentes disponibles nos permitirían abordar. En lo posterior, además de ello, recurrimos a entrevistas en profundidad a ex detenidos y sus familiares, funcionarios, entre otros. Por último, la construcción de una lista completa de los capellanes para el período 1975-1983 nos habilitó la presentación de algunos cálculos estadísticos que sirvieron para describir la dimensión del vicariato, su funcionamiento, los modos en que se conformó, desplegó en el territorio y se vinculó a otros actores./AC-FACSO