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Viviendas sociales: la compleja trama de habitar la ciudad

El acceso a las viviendas en Olavarría suele ser un camino lleno de incertidumbres, disputas y negociaciones en la cual el componente político de unificar el reclamo por el derecho a la vivienda resulta fundamental.

 

En la actualidad, el proceso de construcción de viviendas sociales bajo la modalidad de cooperativas ha perdido presencia. Emergieron fuertemente con la crisis de 2001 a partir de ser cooperativas de trabajo que construían viviendas. De las 22 iniciales sólo queda una que está en el tramo de finalización. Una mejora en el poder adquisitivo durante la década anterior permitió que muchos trabajadores pasaran a formar parte de la industria privada de construcción. El último gran plan de viviendas estatal fue el Programa de Crédito Argentino (Pro.Cre.Ar), una política pública universal pero focalizada ya que quienes podían acceder debían cumplir un requisito fundamental: ser trabajador en blanco. Indagar en las estrategias y las diversas posiciones que se produjeron para dar cumplimento al derecho a la vivienda social puede ofrecer una perspectiva para pensar formas de articulación entre la sociedad civil y el Estado en un escenario político que pareciera estar signado por los imperativos inmobiliarios.

Es preciso situar el proceso en relación a dos factores elementales: el acceso a la tierra y la cuestión salarial. “La tierra es el bien más preciado históricamente por la oligarquía. La posesión de la tierra es como tener, prácticamente, la posesión del país. Las familias que viven de la renta de la tierra suelen ser las que gobiernan”, explica Saúl Bajamón, actual concejal por el Frente para la Victoria-Miles, acerca de la dificultad para acceder a la tierra. “El salario en ninguna parte del mundo garantiza la adquisición de una vivienda. En el mercado liberal no hay ningún ejemplo que un salario produzca la posibilidad de conseguir una vivienda. Entonces aparece el Estado subsidiando al capital para que la vivienda sea accesible a los asalariados”, detalla Ariel Gravano, Doctor en Ciencias Antropológicas y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría. La confluencia de ambas problemáticas cobra sentido cuando se recupera el perfil en torno a Olavarría. La relación entre el perfil ganadero e industrial de la ciudad y la necesidad de crear viviendas constituye, para Gravano, un problema de la ciudad porque “significa una de las condiciones materiales básicas de la reproducción de la fuerza de trabajo”. Si bien el trabajo es constitutivo para la fundación y reproducción de las ciudades, el mismo no es una constante.Las diversas crisis político-económicas que afectaron al país hicieron eclosión en Olavarría y tuvieron como efecto la creación de cooperativas de trabajo a comienzos de la década del 2000 para enfrentar los procesos de exclusión y pobreza que empezaban a manifestarse en los sectores sociales más desfavorecidos. “Se definió como una forma de atacar esa situación social con cooperativas de trabajo que no es lo mismo que cooperativas de viviendas. Mientras la cooperativa de trabajo cose, construye o corta el pasto; la cooperativa de viviendas tiene otras condiciones. En 2004 se formaron 10 cooperativas de 16 personas cada una”, señala Bajamón acerca de la finalidad de solventar los altos índices de subocupación registrados luego de la crisis de 2001. Uno de los requisitos de ese momento era ser beneficiario de los planes Jefe y Jefa de Hogar. Quién comenzó a organizar las cooperativas de trabajo fue la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) que había tenido su origen en una toma de tierras en el barrio del Tambo, en La Matanza. “El tema de las viviendas siempre estuvo entre las prioritarios en nuestra organización. De hecho fuimos la organización que más hizo en Olavarría. Desde 2004 a 2006, mediante cooperativos de trabajo, hicimos 386 viviendas que son el Barrio Facundo Quiroga II, Escuela 6, Barrio Trabajadores. Trabajamos en Sierra Chica, Sierras Bayas, Colonia San Miguel”, resume Bajamón. El programa en el cual se enmarcaron las cooperativas era el denominado Emergencia Habitacional. “Eran viviendas chiquitas, de emergencia, con 43 metros cuadrados. Una de las peticiones que hicimos como organización social fue que los que trabajaban y cobraban por trabajar también fueran los futuros adjudicatarios. Y lo logramos”, detalla Bajamón.

vi s5El último plan de viviendas estatal fue el Programa de Crédito Argentino (Pro.Cre.Ar), emblema de una política pública universal durante los últimos años./ Foto: Agencia Comunica

La participación estatal

Las negociaciones suelen ser complejas: desde la disputa para que las casas construidas por los cooperativistas pasen a ser propias hasta la disposición de terrenos para la construcción. Más allá de eso, la participación de los diferentes niveles estatales es relevante. La disposición de tierras suele darse por dos caminos: comprándolas a sus dueños o expropiándolas.  A los cooperativistas, las tierras le son dadas bajo el sistema de “tenencia precaria”. “Te dan una tenencia que dice: ‘le damos este terreno por seis meses con el compromiso de que haga algo’. El problema es que ahora la gente no puede hacer nada. Si te agarra solo, te sacan la tenencia. Como nosotros tenemos agrupados, la peleamos. En el Concejo Deliberante decimos ‘esto está declarado de interés social, y como tal, el Estado tiene la obligación de cumplir con el derecho institucional de acceso a la vivienda, por lo cual no les vamos a devolver los terrenos’. Pero lo tiene que entender la gente. No es fácil”, explica Bajamón. Otra de las instancias claves para el desarrollo de las cooperativas en relación al municipio es el apoyo que ofrece mediante un equipo técnico de agrimensores, arquitectos e ingenieros para elaborar el diseño estructural de las viviendas. “El sistema de cooperativa de trabajo funcionó bastante bien mientras tuvo el apoyo del Estado Municipal”, sintetiza el concejal.

La experiencia cooperativa

Si bien se reconoce que el acceso a la tierra y a la vivienda por medio del trabajo cooperativo es un camino largo, los cooperativistas coinciden en que a veces no existe otra alternativa. Rodolfo Pulido, es un cooperativista que se unió al proyecto hace cinco años. Actualmente tiene 29 años. Habla con voz pausada, tranquila, pero transmite certezas. “Hace cuatro años empezamos a construir. En un principio eran  25 y después se pidieron tres más. En este momento seguimos construyendo. Y además tuvimos el beneficio, mediante un subsidio, del gobierno anterior”, explica. Lo que plantea el sistema de construcción de viviendas por medio de cooperativas de trabajo gira en torno a tres ejes fundamentales: autoconstrucción, autogestión y autofinanciamiento. Esto, en líneas generales, es la compra de todo lo indispensable para una vivienda de forma colectiva. “Tenemos un reglamento interno que lo discutimos entre nosotros. Por ejemplo, cobramos una cuota mensual de $1000 que en realidad fue variando con el tiempo según las necesidades de la construcción”, explica Pulido acerca de la organización. A partir del reglamento también se definen otras cuestiones como, por ejemplo, no definir en un principio cuál será la vivienda de cada familia involucrada. “Lo que hacemos es trabajar en todas las casas, todos los grupos familiares. En muchos casos priorizamos. En un principio construíamos y nadie sabía cuál era su casa. Después hicimos el sorteo. Cada grupo familiar es distinto y tiene sus necesidades, de allí que puedan hacer las modificaciones en función de sus necesidades”, indica Pulido quien además reconoce que es indispensable la presencia estatal para poder llevar adelante el trabajo. No sólo la entrega de tierras por parte del municipio sino también el subsidio del Gobierno Nacional para poder comprar materiales. “Es el Estado quien te tiene que proveer una vivienda. A pesar de eso, para mí es una experiencia indescriptible. Uno de los sueños de mi vida era tener mi casa pero construida con mis propias manos. Saber cómo va avanzado es una experiencia muy linda y trabajosa. De hecho trabajamos todos los domingos... es cansador pero satisfactorio porque ves cómo se va levantando la casa y a su vez vos aportaste a la construcción de las casas de los demás”, sintetiza.

vi s6La crisis político-económica de principios del 2000 en Olavarría tuvo como efecto la creación de cooperativas de trabajo./ Foto: Agencia Comunica

Viviendas sociales en la actualidad

Margarita Arregui, ex Secretaría de Planificación e Inversión Pública local y actual concejal por Olavarría para la Victoria, cuestiona al nuevo gobierno por no tener un plan de viviendas. “Lo que tiene que hacer el Estado Municipal es invertir en tierras. Así, cuando salgan este tipo de planes habitacionales, los gobiernos podrán contar con las tierras disponibles. Ahora el banco de tierras está estancado. Lo que tiene que hacer este gobierno es volver a actualizar ese banco porque lo que tuvo que hacer es sacarle tierras a Ferro para poder construir. Además debe invertir en la compra de tierras: serán inversiones que queden estancadas pero las tenés”, explica Arregui. El cuestionamiento acerca de las políticas emprendidas también fue reflejado por Bajamón. “Actualmente la situación es mala por el contexto económico que estamos atravesando y porque no se tiene un programa de viviendas concreto. Galli acaba de presentar un plan y no existe la compras de tierras. Y el presupuesto para hábitat es de $80.000. ¿Te imaginas lo que se puede hacer con eso?”, reflexiona.“Para el Municipio construir una vivienda es mucho recurso de presupuesto. Lo que podría emprender es el mejoramiento del hábitat a personas con dificultades económicas”, sugiere Arregui. En Olavarría, según el censo de 2010, hay un superávit de viviendas que son utilizadas para alquiler. Las mismas que ahora, con la nueva modalidad del Pro.Cre.Ar, pueden comprarse. ¿De qué manera se van a desarrollar las estrategias de acceso a una vivienda digna cuando el contexto socioeconómico exprese dificultades? ¿Qué sucederá con aquellas familias que ven afectadas su fuente de trabajo? “El déficit o las dificultades para dar pleno derecho a la vivienda digna no está producido por la pobreza sino por la acumulación de riquezas”, reflexiona Gravano. En esa acumulación de riquezas pueden entenderse la propiedad privada de la tierra y las casas vacías puestas al servicio del mercado inmobiliario.

El que alquila…  ¿es un sin techo?

La modalidad que incorporó el nuevo gobierno en relación al Pro.Cre.Ar es la compra de una vivienda ya finalizada, sea usada o nueva. “En realidad cuando salen este tipo de créditos, ya sea para construcción o compra, hay mucha especulación inmobiliaria. Cuando fue la etapa de construcción y de los créditos, los terrenos se fueron por las nubes”, sostiene Arregui.El factor inmobiliario que Gravano define como “la garantía de la solvencia anticipada” es uno de  los obstáculos que intervienen y que están definiendo las estrategias habitacionales de la ciudad. “Ahora el tema es que hay mucha gente que alquila. Y según el censo había muchas viviendas… Es decir, la cantidad de viviendas supera la necesidad de viviendas en Olavarría”, expresa la concejal quien considera que no existió un déficit de viviendas. “Había un 17% más de viviendas que la necesidad que hay en la ciudad. Por supuesto que está concentrado en una persona que capaz tiene tres o cuatro viviendas… No significa que la gente no tiene donde vivir sino que está alquilando en ese 17 por ciento que sobra de habitabilidad”, explica. La presencia del sector inmobiliario para definir las posibilidades de acceso a una vivienda parecieran estar ganando terreno, pero ¿es una elección o se presenta como la única posibilidad para habitar una vivienda? Mientras, existe un contexto en donde el negocio inmobiliario factura millones mientras las posibilidades de la casa propia parecen alejarse del horizonte de posibilidades.

Sobre estos escenarios, se ha ido constituyendo la cuestión del acceso a la vivienda social en Olavarría. Hay una multiplicidad de acciones en donde la presencia del Estado suele resultar imprescindible, aunque sus aportes sean de forma irregular. No resulta ilógico pensar que las lógicas de habitabilidad de una vivienda digna suelen tener como contraste la necesidad del capital de reproducir sus cuotas de ganancias, más que la del dar cumplimente efectivo al derecho social de la vivienda. Las experiencias de las cooperativas son estrategias políticas de grupos sociales que muestran una necesidad, un derecho insatisfecho, organizadas para revertir una situación crítica. Pero, por otro lado, se encuentra una paradoja: cuando el Estado deja librado al mercado la posibilidad de acceder a una vivienda, los caminos que tienen que recorrer se vuelven largos y dificultosos. El derecho queda sujeto a las posibilidades y a las inventivas de algunos sectores para dar cumplimento a esos derechos. ¿Por qué una cuestión básica como acceder a una vivienda digna (derecho consagrado en la Constitución Nacional) se transforma en algo cada vez más difícil de conseguir? Una pregunta que lleva a pensamientos que pueden situarse en el plano de la utopía pero que se vinculan al derecho, la justicia y la equidad. Actuar en cuestión puede generar la posibilidad de restituir éticamente ciertas condiciones históricas que produjeron y reforzaron una desigualdad histórica en diferentes planos./ AC-FACSO