Código Penal
“Endurecer las penas siempre ha sido una cuestión de demagogia política”
Julio Vélez, abogado y profesor de la Facultad de Derecho (UNICEN), habló sobre el nuevo proyecto de reforma del Código Penal y las consecuencias de su posible aprobación.
“Es una falacia pensar que la amenaza de leyes más duras hace a los autores de delitos desistir de su conducta”, explicó Julio Vélez, abogado, profesor de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la UNICEN, integrante del Centro de Estudios de Derecho Procesal de la misma facultad, y organizador del Congreso Internacional de Derecho Procesal Garantista que se realiza en Azul. En declaraciones a Radio Universidad analizó las principales problemáticas de este proyecto junto a la idea de que una pena más dura ayudaría a disminuir los delitos en la sociedad.
¿Cuál es su parecer en torno a esta reforma del Código Penal? Que vale aclarar que todavía es una generalidad. Ya que aún no se ha profundizado de manera directa pero si ya se saben algunos puntos y son para tenerlos en cuenta.
Lo que conocemos básicamente, es por intermedio de quien es el Presidente de la Comisión de Reforma, Mariano Borinsky, el cual estuvo en Azul en dos oportunidades. Casualmente hace unos quince días vino a hablar del Proyecto de Reforma que lo tiene a él como coordinador. La idea de Borinsky es presentar el proyecto en junio. Teniendo en cuenta que todavía no tenemos detalles del proyecto, estuvo presentando parte del articulado aquí en Azul. Entiendo que la reforma del Código Penal es algo que hace tiempo que debería haberse hecho, pero el anterior proyecto que era el del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) estaba mejor planteado. En ese proyecto trabajaba principalmente el Doctor Zaffaroni y su equipo. Ese para mí era un proyecto excelente, al cual habíamos estudiado en profundidad, pero lamentablemente estas cuestiones tienen que ver con coyunturas y voluntades políticas. No sé si el proyecto que está en andanza va a salir, ya que el Código Penal debía reformarse en muchos aspectos. Había leyes dispersas, como ocurrió con el Código Civil y Comercial (que se reformó). Lo que se hizo fue reunir en un mismo cuerpo legislativo una serie de leyes dispersas que hacen la materia penal. Hoy hay una infinidad de leyes por fuera del código y que contemplan ilícitos penales. Por una cuestión de organicidad es entendible que esté todo dentro de un mismo código, sobre todo por una cuestión de que la ciudadanía sepa a qué atenerse (independientemente de que leyes estén reconocidas por todos). Hoy lo que es penal tributario, leyes de tipo económico, responsabilidad de persona jurídica, etc. están por fuera del código y es razonable que se haga un único código que contenga todas las leyes de naturaleza penal.
Si me preguntan mi parecer, el proyecto del INECIP era un gran proyecto y sobre todo con cuestiones de mi perspectiva ideológica. Estaba más cerca de lo que es mi pensamiento sobre la razonabilidad de la asistencia de sanciones penales. Pensar que el problema de la seguridad se va a solucionar con hacer un código más duro como el que aparentemente se está propiciando en algunos aspectos, es una falacia y no se lo puede presentar así. El derecho penal llega después que el delito ocurrió, no sirve para prevenir los ilícitos penales. Hasta en los países que tienen leyes más duras, como Estados Unidos, siguen ocurriendo delitos y el Código Penal no lo previene. Es una falacia pensar que la amenaza de leyes más duras hace a los autores de delitos desistir de su conducta. Endurecer las penas siempre ha sido una cuestión de demagogia política. Siempre por cuestiones electorales y nunca en cuanto a la eficacia de la prevención y a que se disminuya la tasa delictiva.
Más allá de que luego terminan siendo penas duras y que no actúan sobre la prevención. No deja de ser peligroso en torno a, por ejemplo, la quita de responsabilidad penal a las fuerzas de seguridad por matar a una persona en contexto de algún ilícito. La famosa “doctrina Chocobar”.
No sé si esta “doctrina Chocobar” va a transparentarse en alguna norma... Es un disparate jurídico y un disparate político lo que aconteció. Que el Presidente recibiera a un policía imputado de un delito cuando la justicia todavía no se ha pronunciado... Y que la Ministra de Seguridad lo recibiera como a un héroe. Se están desconociendo principios republicanos básicos como es la división de poderes, y si existe una causa abierta y todavía no existe dictamen de la justicia, el Presidente y la Ministra no pueden salir a respaldar a una persona acusada de un delito. En la práctica Chocobar está procesado por ese hecho ilícito, espero que el resto de los legisladores, sobre todo en este punto, no avancen en una legislación de ese tipo porque sería peligrosísimo.
Cuando trasladamos esto al marco ideológico ¿Qué significa que un sector político con cierta ideología tenga clara injerencia en un código penal?
Ciertas miradas políticas tienen ciertas concepciones en torno a la seguridad y como se concibe a las personas que terminan involucradas en los hechos ilícitos. No tengo duda que esto está atravesado por la ideología política del gobierno de turno, que no comparto en absoluto. Pero las políticas de mano dura tienen que ver con los gobiernos de derecha e insisto que se trata de una absoluta falacia, ya que en realidad lo que genera es mayor exclusión social. La única forma de prevenir el delito, y está estudiado por criminólogos y sociólogos, es que exista un Estado de bienestar. Esto es que las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas y la que mayoría de personas estén incluidas y no excluidas. Los sistemas capitalistas que excluyen personas después, por otro lado, les caen duramente a las personas que están por fuera del sistema y que terminan incurriendo en conductas delictivas. Los gobiernos de derecha tienen políticas de mano dura, que es totalmente, repito, una falacia. La única forma de disminuir el delito es que haya mayor cantidad de personas incluidas. El delito va a existir porque existió siempre, bajar las tasas de delitos no tiene nada que ver con el aumento de las penas.
¿Cuál creen que será la participación que tendrán organismos académicos, como por ejemplo la misma universidad? ¿Creen que esto va a tener una apertura a, como mínimo, manifestar opiniones en cuanto al tema?
Esto lo evaluo negativamente porque existe un proceso en el que hay una plataforma en la que se pueden emitir opiniones de todo tipo de instituciones académicas (Justicia 2020), pero en la práctica es una cuestión formal. En el código anterior, que sí se debatió, vinieron integrantes de la comisión de reforma a Azul. Con la cátedra nos reunimos con esa gente, la cual vino a debatir sobre puntos concretos. Hemos intercambiado opiniones, en mi caso críticas con Borinsky, pero la consulta es de una manera formal. Esta visión se traslada no solo a la cuestión de reforma del Código Penal sino que también tiene que ver con el título habilitante para los abogados y otras cuestiones que tienen tanto el Ministerio de Educación, la CONEAU y el Ministerio de Justicia. Es decir que esta visión no sólo es negativa acerca de la justicia sino con el rol los abogados y el título habilitante que dan las universidades. Se está poniendo en duda el título habilitante de las Facultades de Derecho, cosa que siempre fue así, y se está propiciando que haya una evaluación posterior. Evidentemente se pierde el respeto hacia el foro y hacia los abogados y sobre todo a las Universidades Nacionales. Es una cuestión meramente formal, porque en el fondo no se escuchan otras voces que no sean las que están trabajando en el proyecto de reforma.
Entrevista realizada en el programa “No todo está perdido” de Radio Universidad FM 90.1