Derechos y ciudadanía

Paso a paso: la gestión de la vivienda social

En Sierras Bayas se llevan adelante diversas gestiones para dar cumplimento al derecho a la vivienda. Búsquedas, negociaciones, terrenos donados y la espera de un convenio que regule la entrega forman parte de un entramado de situaciones para acceder a una vivienda digna.

 

Por Jonatan Salazar

Hace poco más de un año, vecinos y vecinas de la localidad de Sierras Bayas comenzaron a juntarse ante la necesidad de una vivienda propia. El primer encuentro fue en el Centro de Jubilados “Los amigos”, mientras que uno de los últimos puntos de reunión fue la plaza central del pueblo. El reclamo se hizo público y visible. Se expuso a la mirada y la interpelación de los vecinos en su totalidad. En la última reunión, realizada el 12 de diciembre pasado, volvió a no estar presente la delegada del pueblo. Hasta el momento, señalan, no se ha acercado a mostrar solidaridad, preocupación o interés. Sí había cinco policías parados en una esquina. Uno de ellos cruzaba la calle en bicicleta y daba vueltas sobre los vecinos reunidos. Intercambiaba algunas palabras y cuando se habló la posibilidad de ir a los terrenos desde la plaza se escuchó al policía decir: “No, eso no lo tienen que hacer”. La ausencia de la delegada del pueblo era esperable luego de casi un año de no involucrarse en la problemática. Sin embargo, lo que generó disgusto fue que la presencia local del Estado estuviera presente en forma de vigilancia policial.

Construir la idea de vivienda

Las formas de acceder al cumplimento efectivo del derecho a la vivienda toma muchos caminos. En esta ocasión fue la necesidad compartida, socializada entre y de los propios vecinos por las dificultades de acceder a una vivienda propia, lo que abrió el recorrido que llevan hasta hoy. “A veces nosotros como ciudadanos comunes no tenemos las herramientas para dirigirnos a quien nos tenemos que dirigir. Por suerte el concejal Aguilera nos escuchó y está ayudando un montón”, explica Bárbara Roccasalva, quien hace tres años reside en Sierras Bayas y trabaja como administrativa en una de las fábricas del lugar. Es una de las voceras del grupo de vecinos que empezó a movilizarse y junto a Leonardo Araya, trabajador de Cantera “La Preferida”, está articulando el entramado de negociaciones y gestiones  que se fue constituyendo entre la sociedad civil y representantes del Estado. “Hace ya un año y tres meses que venimos luchando, golpeando puertas, hablando con el municipio. Y estoy contento, satisfecho porque se ha logrado que cedan los terrenos. Ahora falta, no nos damos por vencidos. Tenemos que estar más juntos que nunca, si son cien familias, tenemos que ser una familia. Ahora falta que el municipio vea la realidad y la necesidad que tenemos todos: la vivienda”, explica Leonardo.

“Me puse en conocimiento de la demanda por medio de un compañero que me comentó que habían ido a Anses preguntando por el Pro.Cre.Ar y en esa charla comentaron cuál era la realidad de Sierras Bayas. Se forma una primera reunión conmigo yendo en calidad de concejal”, puntualiza Federico Aguilera, concejal del Frente para la Victoria.  En esas primeras reuniones se delinearon algunas acciones a realizar como censos de los terrenos susceptibles de ser construidos realizado por los propios vecinos, como así también Aguilera asumió el compromiso de “investigar y conocer en Sierras Bayas algún terreno de propiedad municipal o perteneciente al fisco para que ellos puedan acceder a un plan de vivienda”. De ese primer relevamiento, en el cual pudieron armar una carpeta con fotos de todos los terrenos visualizados, se pudo sociabilizar información sobre  el origen de los diversos terrenos y sus dueños. Ahí empezaron a evidenciarse algunas dificultades. “El problema que tiene Sierras Bayas es que no en todos los terrenos se pueden construir viviendas por diferentes cuestiones. Una de ellas tiene que ver con la composición del suelo, la rocosidad y algunas dificultades naturales que impide que se pueda edificar. Otra es la cercanía a ciertos emprendimientos mineros, con lo cual también hay una Ley de Minería, que prohíbe, con justa razón, que se hagan emprendimientos de viviendas en las cercanías. Otra limitación es que muchos terrenos ya tenían asignados una funcionalidad o un objetivo que está enmarcado como utilización de espacios verdes, necesarios para los complejos urbanísticos”, explica Aguilera.

Así como hay pueblos que fueron creados en función al paso del tren, Sierras Bayas es uno de los tantos pueblos que se crearon en relación a una economía vinculada a la industria, en este caso la minera. Este dato cobra otros sentidos cuando es puesto en relación a las demandas y derechos de la ciudadanía. “Hay terrenos en Sierras Bayas. El problema es que al haber sido donados por una empresa cementera tienen una  cláusula que impide la construcción de viviendas en los mismos”, reflexiona Roccasalva. El mismo capital, que genera su riqueza en función del trabajo social humano, impone límites a la resolución de derechos sociales y civiles.

sb1La necesidad de darle un carácter público al problema de la vivienda convocó a vecinos y vecinas a la plaza central de Sierras Bayas / Foto: Agencia Comunica

 

Lo que cambió con el cambio

La invocación al cambio de gestión municipal aparece en los relatos de quienes participan en los encuentros. Las primeras reuniones que tuvo Aguilera con el ex intendente José Eseverri, en conjunto con quien en ese entonces era la Jefa de Gabinete, Margarita Arregui, tuvo como efecto la mención a la posibilidad de poder construir viviendas en un terreno lindante al Barrio Villa Arrieta. “Empezamos a avanzar en una ordenanza para transformar esos terrenos que eran de propiedad privada y que el Estado pudiera hacerlos municipales. Eseverri pierde las elecciones y cambia el gobierno municipal. Las gestiones con aquel gobierno quedan truncas y solicito una reunión con el intendente Galli y con el secretario Jorge Larreche. Le comento en esa reunión lo mismo que había charlado con el ex intendente y la posibilidad de poder urbanizar los terrenos en Villa Arrieta, en la zona contigua”, explica Aguilera. Los terrenos en cuestión fueron comprados en 1978 por la empresa “Perforados del Sur S.A”. Lo que Aguilera le propuso a Galli, luego de ponerlo al tanto de la problemática habitacional en Sierras Bayas, es que realizara gestiones para que el municipio adquiera los terrenos, ya sea municipalizándolos o comprándolos. Debido a la ausencia de una respuesta, el concejal comenzó a trabajar en una ordenanza.

De la ordenanza a lo inesperado: la condición

En dicha ordenanza, quedan explicitadas dos opciones. Que el departamento ejecutivo negocie la adquisición de los terrenos de la forma menos onerosa y cordial con la empresa para poder acceder a esos terrenos y crear un plan de urbanización y un plan de viviendas a futuro para los vecinos de Sierras Bayas; y en el caso de que no sean fructíferas las negociaciones el camino a seguir sería la expropiación. La Ley General de Expropiaciones de la Provincia de Buenos Aires establece que cualquier bien, sea cual sea su naturaleza, puede ser expropiable en caso de que sea una causa común o de utilidad pública. “Éstos terrenos están enmarcados dentro de ese criterio: hay una causa común y de utilidad pública porque estamos hablando de la necesidad de 200 vecinos de tener su vivienda propia. Y en esos terrenos es posible construir, al menos, unas cien viviendas”, argumenta Aguilera. El apoyo de los vecinos a la ordenanza fue unánime. Debido a que en un principio, la respuesta del Municipio fue negarse a la posibilidad argumentando que no era posible hacer esa inversión, Aguilera se contactó con los gerentes de la empresa. “La empresa que figuraba como Perforadoras del Sur es la empresa ETA S.A. Hicimos una reunión con el gerente de producción y con el gerente de ventas. Nos manifestaron que conocían la problemática habitacional de Sierras Bayas y estaban de acuerdo en que esos terrenos sean utilizados para la urbanización”, sintetiza Aguilera. El siguiente paso fue reunirse con Daniel Lencina, Secretario de Minería del Municipio, en donde se discutió si esos terrenos eran factibles de ser urbanizados debido a la cercanía a una fábrica de explosivos.  La Ley Nacional de Explosivos y Armas, establece que tiene que haber una distancia de 300 metros desde la última vivienda al lugar en donde se encuentra el depósito de explosivos.

sb3La reunión en el espacio público funcionó como una herramienta y estrategia para visibilizar el reclamo vecinal / Foto: Agencia Comunica

 

Perímetro de exclusión ¿Y los que no entran?

Ante esa discusión, se estableció que si se respetaba la zona de exclusión de 300 metros se podría urbanizar el lugar, aunque se iba a reducir el perímetro y la superficie destinada a la construcción de viviendas que en un principio era de 900 metros cuadrados. En definitiva, se podrían llegar a construir alrededor de 70 viviendas. La empresa decidió ofrecer los terrenos ya que los mismos eran “ociosos”. Sin embargo, puso dos condicionantes: que se reserven diez lotes para la construcción de viviendas para empleados de la empresa, y que las negociaciones sean en el marco de un convenio serio y seguro donde se respetan todas las decisiones involucradas. “La cuestión es que los gerentes pusieron a disposición los terrenos de manera gratuita sin costos al municipio. Después de esa reunión me reuní con Bruno Cenizo, director de la Casa de Tierras y Regularización dominial y nos pusimos de acuerdo para trabajar en conjunto con un plan de urbanización. Hasta el momento ahí quedamos, en tratativas. No se ha avanzado más”, concluye Aguilera.

Algunas reflexiones se desprenden del recorrido iniciado por los vecinos. “No se va a solucionar el problema habitacional que tiene Sierras Bayas. En los terrenos que vamos a llegar urbanizar por medio de la empresa ETA serían 70 viviendas: quedarían por fuera un gran abanico de ciudadanos de ese loteo. El Municipio afirma estar trabajando en adquirir un terreno que se encuentra en la ex pista de motocross y que pertenecería a la empresa de Loma Negra, lo que sería Camargo Correa o al grupo inversor que sea dueño” señala Aguilera. Una de las alternativas que quedan es recuperar esa carpeta que habían realizado los vecinos con la totalidad de terrenos disponibles y volver a depurar los que serían viables para la construcción. Es probable que la situación se siga complejizando. Actualmente se está exigiendo no sólo que el municipio firme el convenio marco para empezar a establecer las bases y condiciones de cómo se ceden los terrenos para empezar a delinear el plan programático de construcción, sino que la ciudadanía se encuentra preocupada por la falta de regulación de los precios de alquiler y de los valores de los terrenos. “Los precios de los alquileres son altísimos. En Sierras Bayas están entre $3000 y $5000 que van aumentando cada seis meses. Un terreno está arriba de $400.000. Es una locura. No hay facilidad para el acceso”, cuestiona Roccasalva.

A la espera del convenio marco, los vecinos y las vecinas de Sierras Bayas siguen reuniéndose para ponerse al tanto de los avances logrados. Esperan que el municipio agilice los trámites para empezar a definir otras cuestiones, como la división de los lotes, la designación de los mismos y las formas de construcción. Ellos tendrán que decidir si se organizan en cooperativa de autogestión o si recurrirán al Instituto de la Vivienda para acceder a un crédito y empezar a edificar el derecho a una vivienda digna./ AC-FACSO