Derechos Humanos
Presentación del XI informe de la Comisión Provincial por la Memoria
La Comisión Provincial por la Memoria presentó su XI informe anual sobre encierro y políticas de seguridad de la provincia de Buenos Aires en la FACSO. La actividad se realizó, además, en distintas ciudades de la provincia.
Por Lisi Batres
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su Informe Anual “El Sistema de la crueldad XI”, resultado del trabajo de monitoreo y control que lleva adelante la comisión a través de sus distintos programas desde hace más de 10 años. El trabajo no sólo se realiza sobre unidades penitenciarias sino también en base a hospitales monovalentes y centros de recepción de niñas, niños y adolescentes. Los resultados reflejan una profundización y consolidación de políticas criminales regresivas desde la perspectiva de derechos humanos, fundamentada en el enfrentamiento a supuestas amenazas a nivel global, como la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo.
El informe se presentó en Mar del Plata el 24 de octubre, donde estuvo presente Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM y Premio Nobel de la Paz (1980). El 25 de octubre, en Olavarría, la presentación contó con la participación de un panel conformado por Gabriela Gamberini, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales; Sandra Raggio, Directora General de la Comisión por la Memoria; Lucas Moyano, Titular de la Ayudantía Fiscal en Delitos Carcelarios; Analía Umpierrez, Coordinadora del Programa de Educación en Contextos de Encierro; Roberto Cipriano García, Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria y Diego Fernández, Defensor General del Departamento Judicial de Azul.
La presentación del panel estuvo a cargo de Gamberini, quien destacó el rol que cumple la universidad pública en la difusión de este tipo de informes. “Pensamos la universidad pública como un espacio propicio para generar una reflexión pública sobre distintas problemáticas. Ratificamos una vez más nuestro compromiso con la educación como un derecho social y la responsabilidad indelegable del estado para poder llevar adelante este posicionamiento”, expresó. En relación al informe, remarcó la importancia de analizar y confrontar la existencia de la violencia estatal. “Lo importante es dar cuenta de los pilares de verdad, justicia y memoria como eje vertebradores del funcionamiento de una sociedad que mira hacia atrás pero que también analiza y cuestiona las condiciones del presente”, subrayó.
Sandra Raggio, Directora General de la Comisión por la Memoria, fue quien continuó con la presentación. Desde su rol remarcó no sólo la importancia de realizar el informe sino también de difundirlo. “Lo interesante es que pueda ser leído de distintos modos y que tengamos la posibilidad de intercambiar y debatir”, explicó. En relación a la temática del informe insistió en que la problemática no es actual y que existe desde hace muchos años. “La violencia relacionada con el sistema penal y el punitivismo tienen que ver con las configuraciones que se fueron dando en en el mundo hace alrededor de 40 años”, aclaró. Al mismo tiempo, Raggio señaló la particularidad con la que cuenta Olavarría. “Esta región está marcada por el penal de Sierra Chica. Pero esta proximidad, a veces, se construye como cierta lejanía, como una invisibilidad de lo que está próximo. Una de las intenciones que tiene la comisión es intentar revelar esto”, sostuvo.
Raggio explicó que en el informe se le otorga especial atención a los casos de tortura. “La tortura es un dispositivo sistemático, una práctica del Estado que no sólo se despliega en lugares cerrados sino también en aquellos espacios donde hay control por parte de las fuerzas de seguridad. Por ello también realizamos un monitoreo del despliegue de estas fuerzas en el territorio”, desarrolló. Asimismo, la directora hizo hincapié en que el informe está realizado desde la perspectiva de las víctimas. “En la comisión trabajamos desde la voz de los victimarios porque consideramos que la verdad está ligada al cuerpo y a las voces de las víctimas (...) Este trabajo está orientado a intervenir para proteger los derechos humanos de las personas vulneradas. Buscamos interpelar al Estado para que cese esto que está ocurriendo”, resaltó. Raggio expresó que el informe no sólo está destinado a interpelar al Estado sino también a la sociedad. “Eso que pasa en las cárceles también nos está dando una fotografía de lo que nos pasa como sociedad. Estamos hablando de una realidad que no está en los márgenes como muchas veces se la quiere poner, sino que está en el centro de nuestra escena social y política”, finalizó.
Lucas Moyano, Titular de la Ayudantía Fiscal en Delitos Carcelarios, describió de qué manera trabajan desde la Fiscalía en la investigación de casos de violencia institucional en las cárceles. Destacó el trabajo de campo que contiene el informe y la colaboración de la comisión por la memoria en relación al trabajo que realizan. “El informe contiene un trabajo de campo muy bien hecho donde se refleja la realidad que se puede ver en cualquier cárcel. Lo ideal en estos casos es intervenir de forma inmediata. Muchas veces es la Comisión por la Memoria la que nos pone en conocimiento de hechos que deben ser investigados”, afirmó.
En tercer lugar expuso Analía Umpierrez quien, como Coordinadora del Programa de Educación en Contextos de Encierro, explicó de qué manera se trabaja en el programa con el objetivo de ampliar el derecho a la educación para personas que están privadas de su libertad en el ámbito de las cárceles de la región centro de la provincia. En este sentido y en relación con el informe, Umpierrez señaló que el programa puede aportar su visión sobre la problemática. “Como docentes percibimos sistemáticas vulneraciones de derechos que son absolutamente naturalizadas. La violencia física, la creciente presencia armada, la desatención en salud, la cantidad de personas hacinadas y la falta de alimento son formas de violencia que vemos”, destacó. En cuanto al trabajo realizado, la coordinadora expresó que se lograron mejoras pero que todavía falta mucho por realizar. “El desafío es sostener la disputa al interior del territorio de la cárcel e ir ganando batallas en la propia universidad en torno de la visibilización de estos estudiantes que deben tener plenos derechos”, concluyó.
Roberto Cipriano García, Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, comenzó afirmando que la desaparición de Santiago Maldonado es la expresión más grave de las orientaciones de la política criminal actual. “Es el punto más alto en la escalada represiva del gobierno nacional que se puso en marcha contra los sectores populares que reclaman por sus derechos vulnerados, convirtiéndolos en los enemigos que hay que perseguir y detener”, enfatizó. Cipriano sostuvo que el punitivismo ha dominado la orientación de las políticas desde hace dos décadas pero es en la actualidad donde éstas se han extendido. “Esta gestión ha radicalizado un discurso manodurista aprobando a nivel nacional normas legislativas regresivas que se apartan de las garantías constitucionales”, afirmó. Luego desarrolló algunas de estas normas tales como la ley que habilita el derribo de aeronaves (que justifica la muerte como resultado de la intervención del Estado), las reformas a las leyes vinculadas a las técnicas especiales de investigación, la implementación del procedimiento en caso de flagrancia (la policía decide qué delito perseguir y a quienes detener), la reforma de la ley nacional de ejecución penal; y la modificación de la ley nacional de inmigraciones; que deja de considerar la migración como un derecho humano y estigmatiza a los inmigrantes. “Estas leyes otorgan mayores atribuciones a las fuerzas de seguridad en desmedro de las garantías procesales y van a traer graves consecuencias sociales”, culminó.
Para finalizar el panel, Diego Fernández, Defensor General del Departamento Judicial de Azul, agradeció a la Facultad de Ciencias Sociales por generar espacios de expresión y reflexión en materia de Derechos Humanos. “Siempre se tiene en cuenta la necesidad de abrir diálogo y de pensar como se puede llevar adelante la democratización y la construcción de ciudadanía” concluyó./ AC-FACSO