Niñez y adolescencia
Conversatorio por los derechos y justicia penal juvenil
Se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales el primer conversatorio sobre Niñez, Adolescencia y Estado. Distintos profesionales desarrollaron diversas ideas planteando desafíos para el presente y futuro.
Por Milagros Pianciola y Eliseo Díaz
El debate se denominó "Jóvenes, conflicto social y legalidad. Debates entre el sistema de promoción y protección y el sistema de responsabilidad penal juvenil" y fue organizado por la Defensa Pública del Departamento Judicial de Azul, el Programa de Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad, la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN) y el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires (distrito Azul). Además, acompañó el Centro de Acciones Legales para la Inclusión Social (CALIS). La propuesta fue abierta al público y participaron defensores públicos de la Nación, concejales, operadores judiciales del Departamento Judicial de Azul, operadores de servicios municipales y provinciales, instituciones socioeducativas, docentes y jóvenes.
El conversatorio se desarrolló en el marco de un proyecto de trabajo interinstitucional enmarcado en la legalidad y el conflicto social desde la perspectiva de la niñez y adolescencia. Uno de los objetivos del proyecto es emprender debates públicos con distintas posturas acerca de la protección de los derechos y el sistema relacionado con la Reforma Penal Juvenil. “Es lo que nos interesa a nosotros: jerarquizar y poder identificar cómo estamos pensando la relación de lo social y lo penal”, manifestó la Lic. Mayra Salazar, coordinadora general del proyecto, en entrevista con Radio Universidad.
En dicho sentido, se buscó discutir sobre las leyes que regulan este tema, además de proponer alternativas que sirvan para la cuestión social y penal referida a la niñez y adolescencia. “La idea es ver cómo estamos pensando todo eso y qué argumentos podemos producir para contrarrestar ese discurso punitivo. Buscamos proponer otra forma de relación de los jóvenes con el Estado antes, durante o después de que cometen un delito”, afirmó Salazar. De esta forma, se pretende visibilizar cómo se encuentran actualmente los derechos que amparan a la niñez y adolescencia luego de 10 años de la implementación de las leyes Nº 13.298 (Promoción y Protección de los Derechos de los Niños) y Nº 13.634 (Fuero de la Familia y del Fuero Penal del Niño). “El tema que nos convoca es poder conectar, a través de algunos ejes de conversación, cuestiones que tienen que ver con el sistema de Responsabilidad Penal Juvenil y el sistema de Protección y Promoción de Derechos”, ratificó Salazar. El conversatorio se dividió en dos ejes. El primero se llamó “Balance a 10 años de la reforma legal e institucional de las políticas de niñez y adolescencia”; el segundo fue “Consideraciones sobre los proyectos de reforma de la Ley penal Nº 22.278 (“Régimen Penal de la Minoridad”). Estado actual de la ley 13.634 y su institucionalidad”.
Primeras ideas puestas en debate
El primer momento contó con la participación de Laura Serradel, Defensora Penal Juvenil del departamento judicial de Azul. La misma habló acerca de cuál es el objetivo del actual Sistema de protección Integral de Derechos, los avances que han surgido y qué aspectos se deberían modificar. “Hay un avance en lo que es el trabajo interdisciplinario con el servicio de promoción y protección. Al principio costó muchísimo ya que siempre faltan estructuras y éstas se van generando en el proceso”, manifestó Serradel. Esto tuvo lugar a partir del cambio de Paradigma de Situación Irregular que se inició cuando Argentina adoptó los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. “La ley Nº 22.278 es la ley marco y es la que determina a partir de qué edad se puede penar a un menor de edad. Lo que está en cuestión es eso, ahora es a partir de 16”, indicó la Defensora Penal Juvenil en cuanto a la cuestión penal. En Argentina ya estuvo la opción de penar a un menor de 14 años y se volvió a cambiar ya que es el propio Estado quien lo regula. “No estamos aplicando un régimen penal especializado. Por falta de estructura otorgamos los mismos derechos penales a los adultos que a los niños y eso no debiera ser así”, afirmó Serradel. Por este motivo, está latente la necesidad de reformar la ley a nivel nacional con el fin de que las provincias estén en la misma situación. “Como balance podría decir que, en cuanto a lo punitivo, nos estamos excediendo si juzgamos de igual manera a un joven que a un adulto”, concluyó Serradel.
En segundo lugar continuó Cecilia Svampa, Coordinadora del Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño con sede en Azul y una sub-sede en Olavarría. “Siempre, lo primero que se pide cuando hay un delito o algo por el estilo es que se institucionalice al niño, como si estar en una institución fuera lo único que puede solucionar la vida de ese pibe”, manifestó Svampa. Al respecto, según la Coordinadora, existe una mirada y concepción social acerca de que la institucionalidad es la única solución o alternativa para los niños, niñas y adolescentes.
Por su parte, María Elena Martinoia, trabajadora social jubilada, hizo diversos comentarios acerca de las realidades y problemáticas actuales. “Se piensan estructuras del siglo XIX y XX en realidades del siglo XXI: ese es el lema que me gusta usar a mí”, sostuvo Matinoia, la cual se encuentra trabajando en el “Hogar de Niñas San José” de Olavarría y para quien existen cuestiones actuales distintas a las que estaban presentes años atrás. “Nos encontramos en un lugar en el que no tenemos mucha salida y no cambiamos la mentalidad... Hay jóvenes abandonados a la buena de dios y nadie se hace cargo”, manifestó.
Para finalizar el primer eje, Damián Muñoz, Defensor Oficial y Cotitular de la Comisión de Infancia de la Defensoría General de la Nación, habló acerca del rol de las instituciones en la protección de los niños, niñas y adolescentes. “El tema de protección es difuso. No es competencia del trabajador social la deserción social, la escuela también tiene que salir a la calle a buscar al chico, es tan trucho pensarlo así que es obvio que siempre el sistema está colapsado”, afirmó Muñoz. La corresponsabilidad manifiesta que todas las instituciones y adultos deben estar presentes, haciendo efectivo el Sistema de Protección. Pero además, es fundamental el conocimiento de los derechos. “Es increíble que en quinto año no se sepa que un chico de 16 no es punible”, señaló.
Ideas finales y desafíos a futuro
El segundo eje se inició con las palabras de la Lic. Pilar González, también coordinadora general del proyecto, quien habló acerca de los prejuicios existentes sobre las distintas problemáticas. “Cuando hablamos de recursos no solo tenemos que hablar de los de infraestructura o recursos humanos sino también cómo poder cambiar miradas prejuiciosas dentro de todos los organismos que trabajamos. Y mucho más en un contexto en que la comunidad está pidiendo que se baje la edad”, manifestó González.
El cierre estuvo a cargo de Damián Muñoz. “Me parece bien lo de tratar de trabajar procesos de construcción de significados. Cuando uno se encuentra, a veces, contrario de lo que los chicos piensan, nos olvidamos de escucharlos”, señaló Muñoz. Otra idea que destacó el Defensor refiere a uno de los principales desafíos del sistema de protección, como reforma que aún falta consolidar. “Siempre planteamos las estructuras y después vemos qué estrategias utilizamos para encarar la situación y eso no está bien. En términos de institucionalidad nos falta muchísimo”, concluyó Muñoz al referirse a la distancia entre la legislación y las prácticas de los actores efectores de la ley marco. Como señaló Muñoz, la corresponsabilidad es fundamental para que todas las instituciones funcionen en conjunto con un fin común. Para lograrlo, los organismos comprometidos deberán solucionar los problemas de articulación dentro del sistema de protección, tema que rescataron los integrantes del conversatorio. / AC-FACSO