Lesa humanidad
Cambios en el acompañamiento a víctimas y testigos en Monte Pelloni II
Desde el Estado se continuará con la asistencia a víctimas y testigos de juicios en casos de delitos de lesa humanidad. Pero ante el actual contexto político, los equipos de acompañamiento están sufriendo las consecuencias del cambio de perspectiva en materia de derechos humanos.
Por Lisi Batres
En 2009, en un contexto de impulso a las políticas públicas reparatorias en materia de Derechos Humanos, el Estado creó el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos "Dr. Fernando Ulloa" a través del programa "Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado". Con la finalidad de brindar asistencia integral y contención psicológica a víctimas y testigos en las audiencias, se pensó al acompañamiento como una función esencial. A dicha tarea, se suma lo vinculado a la investigación, docencia y difusión destinado a profesionales del derecho y las ciencias sociales; como así también la conformación de una red nacional de profesionales de la salud pública comprometidos con las políticas reparatorias.
En los juicios que juzgan los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, las víctimas y los testigos se convirtieron en un elemento probatorio fundamental para el descubrimiento de los hechos que se juzgan y la determinación de las responsabilidades de quienes cometieron esos crímenes. La labor del Centro Ulloa permite priorizar, al momento del testimonio, la salud física y psíquica de la víctima por sobre el valor probatorio de su relato. De esta manera, se piensa al sujeto en tanto sujeto de derechos y no en la mirada jurídica del testimonio como objeto de prueba. “Entendemos que esto no es una declaración testimonial común. Estamos hablando de algo mucho más complejo. Por ello el acompañamiento es un proceso donde se entabla un vínculo con la persona que muchas veces se mantiene en el tiempo” explicó Griselda De Antoni, abogada e integrante del programa “Verdad y Justicia” que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esta entidad considera que el acompañamiento profesional es fundamental y que no debe limitarse sólo al momento de la audiencia sino que comienza desde que se notifica al testigo que debe declarar. “El Estado ha dispuesto que en estos juicios tan delicados las notificaciones no se hagan por las fuerzas de seguridad, sino que seamos los equipos de profesionales los que nos contactemos con cada testigo, sea o no víctima directa del terrorismo de Estado, y que los acompañemos a testificar. El acompañamiento está previsto como un proceso que incluso continúa después de la audiencia”, afirmó De Antoni en declaraciones a Radio Universidad 90.1.
El Centro Ulloa cuenta con equipos de trabajo que participaron en los juicios por el asesinato del abogado laborista Carlos Moreno como así también en la primera parte de Monte Pelloni. Además, estarán presentes en la segunda parte de dicha causa. Ante un contexto político con otra perspectiva en materia de derechos humanos, el Centro ha comenzado a sufrir las consecuencias. Un ejemplo de ello es que los trabajadores están reclamando desde 2016 un gran número de despidos dentro del área y que las autoridades “se manejan con violencia y arbitrariedad”. Señalaron, además, que las condiciones laborales en las que se encuentran no les permiten llevar adelante su tarea correctamente, lo que afecta directamente a las personas hacia las cuales están dirigidas estas políticas públicas.
En la causa Monte Pelloni II también participará el Centro de Protección de Derechos de las Víctimas (CPV), dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, pero no con la misma fluidez que en causas anteriores. Por otro lado, se gestionaron convenios con profesionales locales de Mar del Plata, Olavarría y Tandil. “Eso también nos garantiza una asistencia in situ para que el acompañamiento sea permanente”, agregó De Antoni.
La función del CPV será desarrollar recursos y acciones con el objetivo de garantizar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las víctimas y evitar los procesos de revictimización. “Con esta nueva gestión política, el Centro de Protección de Víctimas no tiene ahora la competencia directa en juicios de lesa humanidad. Aun así han hecho un convenio con la Secretaría de la provincia de Buenos Aires e igualmente van a actuar” aclaró De Antoni. A ello se suma que, en la práctica, el funcionamiento del CPV está atravesado por problemáticas internas. Los trabajadores llevan varios meses reclamando condiciones dignas de trabajo a través de medidas de fuerza. Recientemente realizaron una conferencia de prensa en la sede central del organismo en La Plata, donde denunciaron las medidas de “amedrentamiento y violencia” llevadas a cabo por las autoridades: descuentos salariales, amenazas y despidos.
Otro cambio: la condición de los imputados
En las primeras jornadas del juicio se vivió una situación particular que impactó por su impunidad pero también por la naturalidad con la que se dio: los implicados, juzgados en otras causas, llegaron caminando al Tribunal Oral de Mar del Plata junto a sus familiares para esperar las audiencias en el hall, ante la sorpresa de las víctimas, testigos y asistentes. Esto sucedió porque los imputados se encuentran bajo regímenes de prisión domiciliaria exceptuando a Francisco Oscar Sarmiento, Roberto Manuel Fantini, Eduardo Héctor Bernadou, Julio César Tula y Raúl Ángel Córdoba. Lejos parece quedar la imagen de años anteriores cuando los imputados arribaban a las audiencias en camiones celulares del Servicio Penitenciario Bonaerense, como sucedió en la primera parte de Monte Pelloni. Hoy llegan caminando por la vía pública.
“Por una gestión del Programa hemos pedido que los acusados ingresen primero a la sala y que tengan que esperar allí el tiempo que sea necesario hasta que se comience la audiencia para después poder entrar el resto de las partes”, afirmó De Antoni. En cuanto al inicio de las audiencias testimoniales en Monte Pelloni II, la abogada explicó que aún no hay fechas pautadas pero se prevé que comiencen durante las primeras semanas de octubre./ AC-FACSO