Estado y normativas
Se aprobó por unanimidad la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos
El proyecto se transformó en ley en la Cámara de diputados de la legislatura bonaerense con 219 votos. El objetivo es garantizar los derechos y la representación de las víctimas, minimizando el impacto que el delito genera en ellas.
La ley contempla la creación de Centros de Atención a las Víctimas que funcionen las 24 horas y cuenten no sólo con abogados, sino también con médicos y psicólogos. Dichos espacios contarán, además, con la facultad de recibir denuncias y acompañar a las personas desde el primer momento durante el proceso penal, con el patrocinio gratuito de un abogado como estándar mínimo de cobertura. Ramiro Gutiérrez, vicepresidente de la Cámara de diputados de la legislatura bonaerense, expresó su conformidad con la aprobación de la ley. “El objetivo es que cada víctima tenga los mismos derechos que un imputado y que se concentre toda la atención en un sólo lugar”, detalló en declaraciones a Radio Universidad.
El diputado del Frente Renovador destacó, además, que la ley forma parte de una reforma necesaria dentro del derecho penal y que prevé el cumplimiento de derechos que hasta hoy nadie garantizaba. “Teníamos una legislatura que hacía mucho hincapié sólo en los derechos del imputado. Ahora hemos logrado romper esa situación de desigualdad y generar un equilibrio ascendiendo la participación, los derechos y la representación de las víctimas”, expresó.
Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), remarcó la importancia de que el Estado brinde asistencia a las víctimas; aunque considera incorrecto el rol que los damnificados comienzan a cumplir dentro del proceso penal. “No debería igualarse el rol de la víctima al del fiscal. No coincido en que todas las medidas que se adopten en relación a la condena que una persona cumple por haber cometido un delito tengan que contar con la aprobación de la víctima”, detalló en una entrevista a Radio Universidad. Partiendo de la base de que el Estado debe juzgar a una persona desde la imparcialidad, el secretario explica que la participación de las víctimas en esa decisión traería nuevas dificultades. “A partir de esta modificación, el juez deberá considerar la opinión de la víctima (aunque no necesariamente llevarla a cabo) y esto provoca que entren en juego nuevos elementos vinculados al padecimiento del damnificado”, agregó.
Otro de los debates que giran en torno a la ley se vincula con el contexto en el que se aprobó y las consecuencias que tendrá su aplicación. Existen distintas opiniones respecto a ello, Ramiro Gutiérrez considera que es un instrumento necesario para modificar la situación actual. “El primer derecho que tiene una persona es a no ser víctima del delito, y esto no lo está garantizando el Estado. Hoy la tasa de delincuencia ha crecido y la violencia es muy alta. Hemos aportado un cúmulo de leyes que mejorarían esta situación porque brindan herramientas para combatir el delito”, explicó. Por su parte, Roberto Cipriano hace hincapié en que la participación de la víctima no está pensada en clave de proteger sus derechos y garantías. “Sólo se está buscando poner trabas para que una persona salga en libertad condicional. Una medida perjudicial para la democracia porque alimenta la idea de que el problema de la inseguridad se resuelve con una mayor presencia del Estado penal y de la política criminal en la vida de la sociedad”, enfatizó.
Por último, la ley tiene en cuenta el principio de progresividad, es decir que las herramientas se aplicarán en la medida en que el Estado pueda hacerlo. Este punto se relaciona con el presupuesto económico que se necesita para poner en marcha todos los instrumentos que incluye la legislación. “Garantizar o afianzar la Justicia está en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. El Estado no puede dejar de considerarlo una prioridad, debe ser claramente una política de Estado”, concluyó Gutiérrez./ AC-FACSO