Salud y comunidad
El Gobierno dio marcha atrás con la suspensión de las pensiones por discapacidad
La suspensión afectaba a 70.000 personas en todo el país. Ante la oleada de reclamos la ministra de Desarrollo Social confirmó que las pensiones se reestablecerán la semana próxima.
La pensión no contributiva por invalidez tiene como objetivo proteger los derechos de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Además de una suma de dinero mensual, cuenta con un programa federal de salud que acompaña a estas personas durante los procesos de habilitación y rehabilitación. La sorpresiva suspensión de numerosas pensiones ponía en riesgo los derechos de quienes necesitan de este servicio. Frente a la gran cantidad de reclamos que se extendieron rápidamente en todo el país, Carolina Stanley, Ministra de Desarrollo Social, confirmó que las pensiones siguen vigentes y que estarán disponibles la próxima semana. “Se analizará caso por caso la situación de cada uno”, agregó.
El Estado había argumentado la decisión de suspender las pensiones en la necesidad de verificar que quienes cobran el beneficio son personas con discapacidad y, asimismo, eliminar aquellos haberes que no tengan fundamento. Claudio Espósito, abogado especializado en discapacidad, expresó su disconformidad con la manera en que se planeaba aplicar la medida. “Hay un proceso administrativo en funcionamiento, no pueden suspenderlo sin previo aviso y que una persona tenga que demostrar que tiene una discapacidad. Es el Estado quien tiene que comprobar eso mientras la persona sigue cobrando el beneficio”, explicó en diálogo con Radio Universidad.
Para acceder a la pensión, y otro tipo de beneficios estipulados por ley, es necesario presentar un Certificado Único de Discapacidad (CUD). El mismo es emitido por los médicos fisiatras autorizados quienes determinan la discapacidad de las personas en el sistema de salud público. José Ignacio Rossi, Presidente de la Comisión de Discapacidad de la legislatura bonaerense y diputado provincial por el Frente para la Victoria, remarcó que ya existían irregularidades durante ese proceso. “En los últimos meses el Estado comenzó a interrumpir la entrega de los certificados en los distintos distritos (…) En la Comisión también recibimos casos de pensiones, ya otorgadas, que fueron suspendidas sin ningún tipo de notificación. (…) Esas personas trataron de averiguar por qué se les había quitado el beneficio y no obtuvieron ningún tipo de respuesta por parte del Estado”, explicó Rossi en declaraciones a Radio Universidad.
Desafíos legislativos
Debido a que la medida se había tomado en base a un decreto que data de 1997, Claudio Espósito destacó la necesidad de re-discutir la legislación vigente. “Pasaron muchos años y en ese interín se conformó, además, la Convención de los derechos de las personas con discapacidad junto con un protocolo… Definitivamente el sistema tiene que ser revisado”, remarcó el abogado./ AC-FACSO