Tecnología y ecología
El contínuo desarrollo de la tecnología y la oferta constante de nuevos dispositivos genera residuos electrónicos en enormes cantidades. Frente a esta problemática, la situación en Argentina es compleja y las acciones recaen en las provincias y los municipios.
Por Lisi Batres
En Argentina los desechos que provienen de los dispositivos tecnológicos como computadoras y televisores son denominados Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Pero no existe ninguna ley nacional que planifique y regule el tratamiento específico que corresponde a estos equipos y los materiales que contienen. “Cuando estos elementos se ponen en contacto con el agua o el suelo producen grandes focos de contaminación”, explica Emilia Díaz, directora del área de Desarrollo Sustentable, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico de Olavarría. Estos residuos no sólo tienen un gran impacto ambiental sino también provocan consecuencias en la salud de las personas.
Paradójicamente, las responsabilidades que conllevan este tipo de desechos están detalladas en el Convenio de Basilea “sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación” del cual forma parte Argentina. El objetivo general de este convenio es evitar el daño que los residuos pueden provocar al medio ambiente y a la salud humana haciendo hincapié en la prevención. Allí se encuentra reglamentada la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. En Argentina, estas normas deben ser implementadas a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Si bien es cierto que algunos de estos tratamientos se ven reflejados en leyes nacionales, no sucede lo mismo con la basura electrónica. Incluso la reglamentación del tratamiento de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos debería ser una legislación fundamental debido al peligro que suponen sus componentes, en especial los metales pesados.
El debate por el tratamiento de la basura electrónica llegó en varias ocasiones al Congreso Nacional pero nunca se convirtió en ley. La primera vez fue en 2007 con un proyecto vinculado a la “Responsabilidad Extendida del Productor”. Allí se determinaba que los fabricantes, importadores y comercializadores de este tipo de dispositivos sean responsables legales y financieros del ciclo completo de sus productos. De esta manera, deberían hacerse cargo de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En este proyecto también se planteaba la necesidad de incentivar a los fabricantes a producir equipos con “eco-diseño”, es decir que fueran sencillos de reutilizar. Por último, también se determinaba la creación de un sistema de gestión nacional que permitiera a los consumidores deshacerse fácilmente de estos aparatos cuando dejaran de funcionar. Pero este proyecto nunca fue aprobado. “Esta ley nos permitiría tener otro tipo de gestión de los residuos más complejos pero todavía no tenemos esa solución”, afirma Díaz. Es por ello que el tratamiento y la disposición final de la basura electrónica queda en manos de los programas de cada provincia o ciudad.
En este contexto, desde hace algunos años el Municipio de Olavarría realiza campañas para recolectar estos desechos y reciclar todo lo que sea posible. “En un principio la única posibilidad que encontramos fue llevar los residuos a una empresa de Mar del Plata que realiza el proceso de desguace”, detalla Díaz. Estas colectas se llevaban a cabo en conjunto con el Centro Industrial de Olavarría (CIO) y se efectuaban sólo una vez al año en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio). En 2017 la colecta duró tres días y se reunieron alrededor de cuatro camiones repletos de basura electrónica.
En 2018 el municipio de Olavarría se adhirió al programa de “Disposición y reutilización de tecnología en desuso” creado por el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En ese convenio se modificaron ciertas características del procedimiento de reciclado. Entre ellas se destaca que ahora los residuos son trasladados a la Unidad Penitenciaria de Sierra Chica, donde los detenidos realizan el proceso de desguace. “No sólo se los capacita para separar los componentes sino también para reparar las máquinas que puedan reutilizarse y la cercanía nos va a permitir realizar campañas con mayor frecuencia”, subraya Díaz. A su vez otros municipios de la región, entre ellos Azul, Necochea y Bolívar, se sumaron a la propuesta y también trasladarán los residuos que acumulen a Sierra Chica.
La directora del área de Desarrollo Sustentable hizo hincapié, además, en la respuesta positiva por parte de la comunidad frente a las colectas, ya que este año logró recolectarse en una sola jornada la misma cantidad de desechos que en 2017 se acumuló a lo largo de tres días. “A medida que se hacen campañas la gente se concientiza más”, remarca. Y relató, además, que se acercan muchos comerciantes y entidades educativas. Para Díaz, el objetivo de las campañas no sólo es lograr el reciclado sino también concientizar acerca del consumo responsable. “Si bien es una campaña para reutilizar ese producto, siempre hacemos hincapié en la reducción del residuo (...) En todos los municipios es un tema que está en agenda porque tiene mucho costo y es una problemática ambiental muy grande”, señala Díaz, haciendo énfasis en la importancia de seguir trabajando en una problemática compleja./ AC-FACSO