La Huerta

Nueva audiencia por el Juicio La Huerta

“Toda la militancia de Tandil estaba detenida en el patio de la Comisaría 1ra”

Los testimonios de la tercera audiencia dieron más luz sobre el período más oscuro de la historia argentina. Se desnudó con claridad el accionar de las fuerzas armadas al servicio de las empresas locales.

JUICIO1

Soledad Restivo, especial para Agencia Comunica

Alfredo Tangorra abrió la ronda de declaraciones testimoniales en la 3ra audiencia del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la subzona12, que se realizó este 25 de marzo de manera mixta presencial y telemática.
Tangorra describió uno de los lugares en los que fue detenido por las fuerzas al mando de la represión. Particularmente se refirió a la comisaría 1ra de la policía de la Provincia de Buenos Aires en Tandil y aseguró que los jóvenes politizados, la militancia joven de Tandil, estaba detenida en el patio.
Alfredo contó con detalles los maltratos y la crueldad a la que fue sometido junto a su familia. En dos oportunidades su hogar fue allanado por sujetos encapuchados, vestidos de militares, con mucha violencia hacia sus hermanas y su padre quien fue brutalmente lastimado. Les preguntaron a los gritos por las armas, armas que no había en ese lugar. La familia había escondido, enterrados en el patio trasero, libros y discos prohibidos.
Tangorra fue detenido dos veces, por primera vez en 1975 y por segunda vez dos días después del golpe de 1976. Según le advirtieron sus captores tenían preparados “métodos legales y métodos más persuasivos” para los interrogatorios. El primero fue “amable”, el segundo repitió la lista de preguntas, pero con tortura sostenida. Le preguntaron por sus compañeros de militancia, por sus actividades políticas sin embargo aseguro que “ellos ya sabían”, también lo inquirieron por sus primos “Lito” y Mario Marzocca.
Tras su segundo cautiverio fue liberado en campo abierto, muy lastimado, dolorido y casi ciego con la advertencia de no tomar agua por 24 horas: “estás cargado como una pila”, le dijeron. Alfredo describió las consecuencias físicas y psicológicas del horror para él y su familia
También declaró su hermana Ana María Tangorra, quien fue detenida en ambas oportunidades al mismo tiempo que Alfredo, y Marta Tangorra. Ambas contaron las secuelas y el deterioro de su padre, el calvario de las detenciones, las búsquedas incansables por ese dato que diera una pista de los paraderos.
Finalmente, Julio Alberto Ravioli declaró desde la sede del rectorado de la UNICEN en Tandil para el TOF No1 de Mar del Plata. En esta oportunidad el Juez Nicolás Toselli estuvo presente en la sala de audiencias, mientras que Fernando Machado Pelloni y Luis Imas, asistieron a la audiencia de manera remota mediante zoom.
El testimonio de Ravioli desnudó con claridad el accionar de las fuerzas armadas al servicio de las empresas, no solo internacionales como ya se ha probado, sino en lo local. El empresariado y el poder económico tuvo en nuestras ciudades relaciones estrechas con el terrorismo de Estado. Ravioli trabajo en la CRETAL- Cooperativa Rural Eléctrica Tandil Azul Limitada – desde 1972. El Ejercito montó operativos que incluyeron detenciones ilegales, tortura física y psicológica, declaraciones falsas y compulsivas obtenidas bajo amenazas, entre otros, que tuvieron como víctima directa a Ravioli quien fue utilizado para pergeñar el despido de los compañeros sindicalizados a través del gremio de Luz y Fuerza.
Resuena en las declaraciones, una y otra vez, la malicia sostenida por Roque Papalardo, oficial de Operaciones (S3) del Área Militar 121 y del Batallón Logístico 1 de Tandil, dependiente del Comando de la Primera Brigada de Caballería Blindada de esa ciudad. Según los testimonios, él era quien realizaba interrogatorios y el encargado de las detenciones durante la dictadura.
Complicidad del empresariado local
La responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad y la represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado ha sido investigada con detalles por la investigación realizada en conjunto por la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Verdad y Justicia -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación-, el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el CELS, entre 2014 y 2015.
Para esta investigación se analizaron los procesos de memoria, verdad y justicia. Ya en los iniciales, como la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y el Juicio a las Juntas), se registraron testimonios de trabajadores que habían protagonizado conflictos laborales y que señalaron la responsabilidad de dueños y directivos de las empresas en sus secuestros. Y en el texto se afirma que “el informe Nunca Más, elaborado por la Conadep, registra la existencia de un centro clandestino de detención en los conventillos en los que vivían los trabajadores del Ingenio La Fronterita en Tucumán y el testimonio de los obreros de Acindar, en Santa Fe, (…) En 1985, la sentencia del Juicio a las Juntas, primera comprobación judicial del plan sistemático de exterminio desplegado por la dictadura, logró determinar los secuestros de varios trabajadores de Mercedes Benz.
Lo mismo se puede rastrear entre los testimonios brindados en los Juicios por la Verdad. Y a partir “de la década del 90, y con más impulso a principios de 2000, se instaló públicamente como una clave central de este proceso la responsabilidad en los hechos de sectores de la sociedad, la prensa, la Iglesia y la clase política.
Los procesos judiciales abiertos desde 2006, post-derogación de las leyes de la impunidad permitieron avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades de sectores civiles. En nuestra región los testimonios escuchados y los que se escucharán en este juicio hacen lo propio con las complicidades civiles, los empresarios locales también.