Lesa Humanidad

Cargos a (de) conciencia

El pasado viernes 12 de abril, el Ministerio Público Fiscal dio curso a su sexta exposición de alegatos (lleva utilizadas poco más de 20 horas hasta el momento), en los que argumentó las razones por las cuales encuentra penalmente responsables a 10 de los imputados del segundo tramo del Juicio Monte Pelloni. Esta cantidad de nombres que se mencionaron a lo largo de la jornada tienen, entre otras razones, la particularidad de encontrarse involucrados por el rol que ocuparon durante la última dictadura militar. Ya hemos mencionado en estas crónicas lo exhaustivo del trabajo de la fiscalía y esta es razón fundamental para comprender, no sólo las acusaciones concretas, sino también la trama de organización que las Fuerzas Armadas diseñaron para llevar adelante el plan sistemático que se denuncia.

Por Leandro Lora

La audiencia comenzó pasadas las 10hs. El Tribunal estuvo presidido por el Dr. Alfredo Ruiz Paz, y se encontraron presentes la Dra. María Ángeles Ramos y el Dr. Juan Manuel Portela en representación del Ministerio Público Fiscal, el Dr. Manuel Marañón en representación de la Secretaría de DDHH de la Pcia. de Bs As, y el Dr. Guillermo Torremare en representación de la APDH. Por el lado de las defensas, 6 abogados se hicieron presentes. La audiencia inició con una particularidad que fue celebrada, aunque algo accidentada en su primera incursión: el Tribunal manifestó públicamente que habilitaba la transmisión en vivo de los alegatos, a pedido de la Facultad de Ciencias Sociales y los medios de comunicación que la integran. Una pequeña gran herramienta que, dadas las circunstancias, acorta las distancias y permite que, quienes quieran, puedan seguir al instante esta etapa del juicio frente a sus computadoras o dispositivos móviles. De esta manera, varios fueron los pasajes expuestos por la fiscal Ramos, que pudieron ser seguidos desde Olavarría y retransmitidos por Radio Universidad.

Interpretar la simbología

Descifrar el plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición a escala local, no es tarea sencilla. Es complejo identificar nombres y rostros, justamente cuando el plan, además de clandestino, mantuvo encapuchadas a sus víctimas y torturadas al punto del delirio. Aun así, hay casos concretos de aquellos que lograron espiar, retirarse las vendas, o que frente a un clima de absoluta impunidad, eran los propios victimarios quienes se exponían ante ellos o sus familias. Pero como esto fue planificado, y en rigor no se buscaba la exposición, (probablemente a sabiendas de que lo que se estaba realizando era mucho más grave que algo ilegal), no resulta sencillo dar con responsables con nombre y apellido. Es en este punto en donde cobra especial importancia el trabajo de investigación minucioso. Es en el detalle más recóndito y a la vez más expuesto, de donde surgen las pruebas de las imputaciones realizadas.

Las Fuerzas Armadas, como toda fuerza orgánica, tiene reglamentos, órdenes, directivas y todo (casi) está escrito. Existe una gran cantidad de documentación oficial, que estableció no solo responsabilidades y obligaciones de acción según el rol que se ocupaba, sino que esto, además, era explícitamente enunciado como acciones para la lucha contra la subversión. De esta manera, la fiscalía intenta demostrar que las órdenes que organizaron el plan sistemático, se extendieron a todos los niveles del ejército y no se acotó solo a las jefaturas. Para ello, la fiscalía describió en cada exposición, el esquema de organización general que permitió la organización particular a escala local. Vale recordar que, a los fines de “aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”, según expone el decreto 261 del año 1975, el país fue dividido en zonas, sub zonas y áreas. Hacia 1976, ya instalada la dictadura militar, Olavarría pertenecía a la Zona 1, Sub Zona 12, Área 124. Hasta acá, esta es información pública que cualquier ciudadano o ciudadana puede consultar en los archivos de historia local. En este punto el Ministerio Público Fiscal, a cargo de la Dra. María Ángeles Ramos, viene profundizando en su organización más detallada. Para ello presentó documentos y reglamentos, que dan cuenta de que cada Área constituyó una Unidad que contó con una Plana Mayor (o Estado Mayor). En Olavarría, la Unidad era el Regimiento y la Plana Mayor estaba subdividida en un Oficial de personal como (S1), un Oficial de Inteligencia como (S2), un Oficial de Operaciones (S3), un Oficial de logística (S4) y un (S5) (este último no se trabajó). La fiscal, al exponer este organigrama, detalló que desde la Plana Mayor se asesoraba, planificaba y ordenaba que se transformen en acciones las resoluciones del jefe de la unidad. “Las planas mayores no eran un cartón pintado” señaló.

“No estaban repartiendo el billiken”

Uno de los Reglamentos expuestos en primera instancia, fue el RC9-1 denominado “De Operaciones Contra Elementos Subversivos”. Allí la fiscal expuso que dicho reglamento “fue ordenado para distribuir obligatoriamente, para su ejecución e implementación, a todas las jefaturas, a todos los comandos de ejércitos, a todos los comandos de las brigadas, a todas las unidades y subunidades, incluso a la escuela de guerra”. En su alocución, la fiscal por momentos leyó literalmente lo que decía el reglamento y subrayó la parte en la que especifica su distribución “a todos los comandos de las planas mayores”.  La Dra. Ramos recordó también otro documento, la Directiva 604 del año 1979, que reemplazó a la anterior y que uno de los testigos propuestos por la defensa, Heriberto Justo Auel, un militar retirado y especialista en reglamentos, había dicho desconocer. “Sabemos que no estaban repartiendo el Billiken” expresó la fiscal, para referirse a los documentos presentados. Conclusión: las planas mayores tenían conocimiento del plan sistemático. “¿Cómo logramos interpretar esta simbología? A partir de los reglamentos incorporados por lectura, sobre escritura de campaña” señaló.

Próxima audiencia

Alrededor de las 14:15hs terminó la audiencia del día. La próxima será sólo el jueves 25 de abril a partir de las 10hs, dado que al día siguiente el Tribunal continúa con otros casos. Se estima que la fiscalía requiera de dos audiencias más para culminar sus alegatos, y así dar paso a los alegatos de la Secretaría de DDHH de la Pcia. de Bs As y de la APDH. Cerca de fines de mayo, estarían comenzando los alegatos de las defensas.Se ha convertido en un juicio extenso, denso en información y prueba. Si llega hasta agosto, será un proceso que cumplirá dos años. Pese a esto, queda la sensación de que todo lo visto hasta ahora, es ganancia histórica. Hay datos, nombres, roles, interpretaciones y pruebas contundentes, sin embargo, no olvidemos desde ya, que detrás de todas estas sensaciones hay familias enteras que esperan por justicia. Dos años de juicio es relativamente poco frente a 42 años de impunidad. Pero es mucho. Todavía quedan resonando en la mente de quien escribe, muchos otros datos, tal vez inadvertidos. Por ejemplo, que las personas que fueron secuestradas, torturadas, desaparecidas, eran muy jóvenes, apenas tenían veinte años. Al mismo tiempo, muchos de los imputados, a la hora de los hechos que se juzgan, también tenían poco más que esa edad. Las mentes que diseñaron este horror de nuestra historia, han sido perversas con toda una generación. Han sacado lo peor de aquellos otros jóvenes, quienes pasaron de ser soldados a  criminales en un abrir y cerrar de ojos. Han pervertido el honor, la humanidad. Han creado cargos a (de) conciencia, y lo peor, pretenden seguir callando.