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Que sea nunca más

Sueños nunca cumplidos. Ilusas ilusiones sobre un futuro que no tendrán. Las víctimas de la violencia institucional son cada vez más. Griselda Lemiez y Juan Waisz manifiestan desde distintas perspectivas, sus preocupaciones ante una problemática que parece no tener fin.

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Santiago Garralda-Agencia Comunica

En 1984 se publicó el libro “Nunca más” (Editorial Eudeba), a partir del Informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. En él, se sostiene la desaparición forzada de más de 30.000 personas durante el Proceso de Reorganización Nacional. Además, se pone énfasis en la violación de los derechos humanos de forma sistemática a partir de la represión por parte del Estado, mediante torturas, secuestros, y utilizando el terror como principal arma y la “eliminación de subversivos” como justificación. La frase “Nunca más” encabezó los principales actos políticos y manifestaciones de la época, pregonada como bandera y lema del pueblo para que las atrocidades ocurridas nunca vuelvan a suceder.
Sin embargo, tres años después de la primera publicación (ya en democracia), la Policía Bonaerense asesinó a tres jóvenes e intentó simular un enfrentamiento. Este hecho -conocido como la “Masacre de Budge”- conmocionó al país y significó un punto de quiebre en la sociedad por ser el primero post-dictadura y el que puso en la esfera pública al “gatillo fácil”, término ya utilizado por Rodolfo Walsh al describir a la Policía Bonaerense como la “secta del gatillo alegre”. Además, la fuerte repercusión que tuvo logró replantear y cuestionar las prácticas de las Fuerzas de Seguridad, pero no fue suficiente.
En 1990, Andrés Nuñez se convirtió -tristemente- en el primer desaparecido en democracia. Fue secuestrado, torturado, asesinado y posteriormente quemado por un grupo de policías, para que se declarara culpable de un robo. Por otra parte, a Walter Bulacio (1991) lo detuvieron en un concierto de rock y luego falleció producto de las torturas recibidas en la comisaría. En 1994, Miguel Bru fue torturado y asesinado también por la policía, al denunciar que habían allanado de manera ilegal su domicilio. La lista es interminable, la cantidad de desapariciones, torturas, y asesinatos por parte de las Fuerzas de Seguridad en democracia preocupan y merecen un debate. Incluso, si nos situamos en el 2020, encontramos varios casos que merecen ser recordados. Porque la memoria, sobre todo el shock que puede causar en las percepciones, es el antídoto para no olvidar nuestra historia.

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Por mencionar a algunos, Franco Maranguello, Florencia Morales, Ariel Valerian, Luis Espinoza, Walter Nadal, Valentino Correa, Facundo Astudillo Castro... Todos tienen un común denominador: fueron asesinados por la Policía en el contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Todos, fueron víctimas de lo que se conoce como violencia institucional, ya sea por gatillo fácil o torturas en las comisarías. A todos los mencionados, les arrebataron sus sueños e ilusiones.

Violencia institucional, un diálogo necesario y urgente

La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires entiende que la violencia institucional es un concepto amplio y sujeto a múltiples debates y controversias. Asienten que es una violación a los Derechos Humanos y “...una técnica de gobierno y control social de determinados grupos sociales, mayoritariamente jóvenes y pobres, sobre quienes se despliegan selectivamente dispositivos represivos, torturas sistemáticas y muertes”.
No obstante, Juan Weisz -profesor de Antropología, y ex militante del Movimiento Antirrepresivo de Olavarría- prefiere no hablar de violencia institucional, sino de represión estatal, “porque es como un eufemismo que oculta la responsabilidad del estado en las políticas represivas que lleva adelante”. En la misma línea, Juan sostuvo que hay dos tipos de represión estatal: en primer lugar, “una represión selectiva, que se utiliza para reprimir a aquellos sectores que están en lucha, que son vistos por el gobierno como una amenaza”. En segundo lugar, mencionó que existe “una represión que es mucho más abierta, mucho más oculta, porque es cotidiana y está naturalizada, y es la que el Estado hace continuamente en los barrios”. Es así, que sobre estos sectores, continuamente se ejerce “represión para disciplinar, para marcar y fortalecer la discriminacion, porque en la sociedad este tipo de represión está instalado como ‘algo habrán hecho'''.
Asimismo, Juan comentó que estos hechos no serían posible sin una naturalización y justificación de parte de la sociedad, “porque prefieren mirar para el costado, prefieren pensar que nunca les va a pasar, que es algo que le pasa a alguien más, que por algo será”. A su vez, Griselda Lemiez - delegada local de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires- explicó que la naturalización se produce porque “se van construyendo determinadas representaciones en los imaginarios sociales, eso también queda marcado como una verdad, y a veces hace que terminemos naturalizando cuestiones relacionadas a la violencia institucional”. También, tienen cierta influencia los medios de comunicación. La difusión (y correcto tratamiento) de los casos de violencia institucional en las agendas periodísticas es prácticamente nula, por lo que puede entenderse que hay una intención detrás de esto. Como dijo Claudia Villamayor, “se comunica por lo que se dice, pero muchísimo más por lo que no se dice”.

Por otra parte, Griselda comentó el trabajo que se está haciendo para abordar los casos de violencia institucional que se producen en Olavarría. En este sentido, se realiza un acompañamiento a las denuncias sobre posibles vulneraciones de derechos, y mantienen una línea telefónica para denunciar alguna situación específica que se relacione con la violencia institucional. Asimismo, afirma que “nos llega mucho de jóvenes y adolescentes que son víctimas de violencia institucional, concretamente de abuso de la fuerza policial en determinados momentos”.
Por último, es importante remarcar (y problematizar) que a 36 años del “Nunca más”, sigue habiendo casos de violencia institucional. En este sentido, Lemiez sostuvo que la razón por la cual estos acontecimientos siguen ocurriendo, “tiene que ver con los contextos históricos y con la formación cultural y social de cada uno de esos momentos. Hay muchas marcas identitarias (o placas residuales) que nos han quedado justamente a partir de haber sido parte de determinados procesos históricos”. En efecto,la delegada de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia destaca que es importante conocer estas marcas identitarias porque “nos sirve para saber lo que pasó y lo que queremos que no vuelva a pasar”. Para lograr esto, afirma y repite con certeza que “se necesita un Estado presente y que garantice la aplicación de políticas públicas donde los derechos humanos sean una prioridad”. Y así, que finalmente sea nunca más.