Inicio

ÚLTIMAS NOTAS

ÚLTIMOS ARTÍCULOS DE DDHH

ÚLTIMAS ENTREVISTAS

ÚLTIMOS ARTÍCULOS DE CIENCIA

Lesa Humanidad

¿Quiénes defienden a los imputados de Monte Pelloni II?

José Galán, María Isabel Labattaglia, Gerardo Ibáñez, Claudio Castaño, Luis María Giordano y María Laura Olea son algunos de los abogados que representan a los ex integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Bonaerense. Historias y recorridos que confluyen en una defensa particular.

 

Por Lisi Batres

En la primera parte de la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en Monte Pelloni durante la última dictadura cívico-militar, cinco abogados representaron a los acusados: Gerardo Ibáñez y María Laura Olea representaron a Walter Jorge Grosse (condenado a prisión perpetua en cárcel común); María Isabel Labattaglia representó a Ignacio Aníbal Verdura y a Omar Ferreyra (ambos condenados a prisión perpetua en cárcel común); mientras que Claudio Castaño y Pedro Mercado defendieron a Horacio Rubén Leites (condenado a 8 de años de prisión en cárcel común). De ellos cinco, Labattaglia, Ibáñez, Castaño y Olea también aparecen como abogados defensores en el segundo tramo del juicio.

labattaglia

María Isabel Labattaglia defiende actualmente a Ignacio Aníbal Verdura, Argentino Alberto Balquinta y Roberto Manuel Fantini. Es de Azul y está graduada en la Facultad de Derecho de la UNICEN. Desde 2008 trabaja como abogada defensora en la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mar del Plata con sede en Azul. Labattaglia es docente de la cátedra de “Introducción al Derecho” en la Facultad de Derecho (UNICEN) y además coordina el programa de Educación en Contextos de Encierro en la misma facultad. La abogada también integra el grupo de investigación Instituto de Estudios Jurídicos y Sociales (IEJuS), el cual tiene como objetivo generar conocimiento sobre la ciencia jurídica para reflexionar acerca del derecho; y forma parte del Centro de Estudios en Ancianidad y Discapacidad (CEAD), perteneciente también a la Facultad de Derecho.

ibaez

Gerardo Ibáñez es abogado de Héctor Alberto González Cremer, Roberto Jorge Casares, Francisco Oscar Sarmiento, Oscar José Bardelli. Su padre, también llamado Gerardo Ibáñez, fue un militar que llegó a ser nombrado Coronel. Falleció en 2005 y según las palabras de su hijo, “nunca estuvo implicado en ninguna causa”. Ibáñez cuenta con una vasta experiencia como abogado de imputados por delitos de lesa humanidad. Fue defensor del Coronel Alejandro Duret en el juicio por la desaparición de Carlos Labolita, un militante peronista desaparecido en Las Flores. También representó a Jorge Enrique Bautista, capitán de navío y oficial, quien fue imputado por instruir el sumario en “La Masacre de Trelew”. Otro de sus defendidos fue Ricardo Claudio Gandolfo, teniente retirado, en el juicio sobre el V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca.

Uno de los casos más resonantes en los que participó fue en 2011 como defensor de Julio Alberto Poch, quien se desempeñó como Teniente de Fragata y fue imputado como partícipe de “los vuelos de la muerte”. Poch fue detenido en 2009, en España, durante un vuelo como piloto comercial. En un primer momento fue procesado pero Ibáñez logró gestionar la nulidad del procesamiento. Sin embargo, la causa se reabrió y Poch fue nuevamente procesado y detenido.

El abogado ha expresado su opinión sobre los juicios por delitos de lesa humanidad de diversas maneras. En una entrevista fundamentó su posición de defensor de represores sosteniendo que “existen irregularidades en los juicios contra los militares porque se están juzgando hechos que pertenecen a un pasado que no se puede sacar del contexto que vivíamos: en plena guerra contra el terrorismo y la subversión”. Asimismo, en 2008, envió una solicitada tanto a amigos como a compañeros de trabajo donde expresaba que la anulación de las leyes de Obediencia debida y Punto Final eran inconstitucionales.

castao

Claudio Castaño es de Tandil y se recibió de abogado en la Universidad de El Salvador. Se declara aficionado del deporte hípico, al igual que Horacio Leites, su defendido en Monte Pelloni I. Este dato fue importante ya que durante el transcurso del primer tramo, la defensa se basó en que Leites había permanecido alejado de sus funciones entre septiembre y diciembre de 1977 por haber participado en competencias de saltos hípicos. En la causa por Monte Pelloni II, Castaño defiende a Eduardo Héctor Bernadou. En 2012 Castaño fue sancionado por el Tribunal del Colegio de Abogados de Azul por una causa iniciada en 2008. En la misma se afirmó que el abogado obró de mala manera con el personal policial que intervino en la detención de su defendido. Por dicho motivo, el Tribunal resolvió suspender su matrícula por 20 días. Entre 2012 y 2013, además, Castaño estuvo imputado en una causa por “defraudación por remuneración prestada”. En esa ocasión fue acusado de pedir dinero a sus defendidos y entregarlo a jueces y fiscales con el objetivo de acelerar y mejorar la situación procesal de sus clientes.

Actualmente el abogado enfrenta una causa por un hecho ocurrido en julio de 2016 caratulado como “abuso sexual con acceso carnal”. En junio de 2017 el Juzgado de Garantías 1, a cargo del doctor Carlos Alberto Moragas, resolvió elevar a juicio el expediente fundamentando que hay suficientes elementos de prueba para imputar a Castaño.

olea

María Laura Olea representó a Walter Grosse en Monte Pelloni I. En esta segunda parte de la causa es defensora de Héctor Alberto González Cremer, Roberto Jorge Casares, Oscar José Bardelli y Francisco Oscar Sarmiento. La abogada es hija de Enrique Braulio Olea, ex jefe del Batallón de Ingenieros donde funcionó el Centro Clandestino de Detención “La Escuelita”, en Neuquén. En la imputación a su padre, ella misma llevó adelante la representación en el juicio realizado. En ese momento, María Laura Olea era Secretaria de la Cámara de Casación y desde ese rol inició un sumario por incompatibilidad de cargos. Gerardo Ibáñez también participó en la defensa del ex jefe de Batallón, quien finalmente fue condenado a 25 años de prisión.

La Dra. Olea es, además, integrante y vocera del grupo autodenominado “Hijos y nietos de presos políticos”. En 2011 este grupo realizó un escrache durante la presentación del libro “Derechos humanos: Justicia y reparación” de Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema. La publicación hace hincapié en el proceso de juzgamiento de los represores de la última dictadura en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Por su parte, José Galán representa al ex agente de policía Roberto Manuel Fantini. Galán fue defensor oficial de represores en numerosos juicios por crímenes de lesa humanidad. Ocupó este rol en la causa que investigaba las violaciones a los derechos humanos cometidos en la Base Naval III y IV durante el terrorismo de Estado (donde pidió a los jueces que se prohíba el uso de los pañuelos blancos en la sala de audiencia). También fue parte en el juicio por los crímenes cometidos en la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en Mar del Plata durante 1974 y 1975. Allí fue designado defensor oficial del imputado Mario Durquet. También se desempeñó, en abril de 2017, como defensor de Eduardo Salvador Ullúa, quien permaneció prófugo durante 9 años y se encuentra imputado en dos causas por delitos de lesa humanidad en la CNU y el CCD “La Cueva”. En ambos llevó a cabo tareas de inteligencia para señalar a los abogados desaparecidos en “La Noche de las Corbatas”.

Luis María Giordano es abogado de José Clemente Forastiero. Giordano fue detenido en enero de 2003, en La Plata, cuando ocupaba el cargo de instructor de la oficina de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense y era responsable de la investigación de casos de corrupción policiales. Paradójicamente fue acusado de formar parte de una red de corrupción dedicada a cobrar coimas a policías a cambio de cerrar sumarios en los que se los investigaba por irregularidades, con sede en la misma oficina anticorruptos.

Entre los casos más resonantes, Giordano fue defensor de un policía imputado en la causa por la masacre policial ocurrida en octubre de 2007 en La Plata. También cuenta con experiencia en juicios por delitos de lesa humanidad. En octubre de 2010 fue abogado de Carlos Domingo Jurio, médico penitenciario acusado de omisión de tortura seguida de muerte, en un juicio que imputó a penitenciarios de la Unidad 9 de La Plata acusados de crímenes ocurridos en el penal durante la dictadura. En marzo de 2012 fue defensor del director de la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Bonaerense en un juicio donde se investigaba torturas seguidas de muerte de uno de los detenidos. La causa culminó con una polémica sentencia que absolvió a los agentes acusados cuando todas las pruebas mostraban su culpabilidad./ AC-FACSO