El primer  caso presentado por la fiscalía en la audiencia del jueves 14 de marzo fue el de Ricardo Alberto Cassano quien el 16 de septiembre de 1977, alrededor de las 4 de la madrugada, fue secuestrado de su domicilio de la ciudad de Olavarría. En aquel entonces vivía junto a su esposa, su hijo y su madre y militaba en la juventud peronista.

Su secuestro comenzó con un violento ingreso a su vivienda de un grupo grande de personas todas ellas vestidas de civil, con armas largas y con sus caras cubiertas. Desde la fiscalía se detalló: “revolvieron toda la casa, robaron dinero y otros objetos, encapucharon a Cassano y se lo llevaron a la Brigada de Investigaciones de las Flores”.

El Dr. Juan Manuel Portela recuperó para la exposición del secuestro de Cassano, el testimonio de su esposa quien en la declaración contó: “me pusieron una almohada en la cabeza y me dijeron que me quedara quieta o sino me metian un disparo”. Cuando la mujer pudo salir de su casa, los captores ya se habían ido con su marido. En ese momento se dirigió a la vivienda de Mario Méndez porque eran familias conocidas, cuando llegó advirtió que la puerta estaba rota y la casa toda revuelta. Mario Méndez fue secuestrado esa misma noche. De ese lugar fue a la comisaría de Olavarría, allí había familiares de otros jóvenes que habían sufrido lo mismo esa madrugada, “en la comisaría nadie sabía nada”. De ahí fueron al Regimiento de Olavarría y la respuesta fue la misma “nadie sabía nada”.

En la Brigada Cassano fue víctima de fuertes golpes y el paso de electricidad por su cuerpo utilizando para ello la picana eléctrica. Luego de unos días fue trasladado a Monte Pelloni, donde volvió a padecer lo mismo que en la Brigada de las Flores. “Cassano sufrió consecuencias devastadoras para su salud, estuvo inconsciente cerca de 30 días” enfatizó Portela.

El 2 de noviembre de 1977 fue llevado encapuchado a la Escuela del Regimiento de Olavarría donde lo obligaron a firmar una declaración autoincriminatoria. “si no firmaba volvía a las torturas” contó Cassano en su declaración testimonial. Con esa declaración falsa, aclaró el fiscal, fue sometido a un Consejo de Guerra Especial Estable, "un falso juicio creado para legalizar su secuestro," que lo condenó en diciembre de 1977 a la pena de 9 años como autor responsable del delito de asociación ilícita calificada. Gracias a esa condena permaneció detenido en las cárceles de Azul, La Plata y Caseros caratulado como “detenido especial”. El 24 de diciembre de 1982 recuperó su libertad.