Violaciones a los DDHH en la guerra de Malvinas

La guerra de Malvinas fue un resorte más del terrorismo de Estado. Los propios soldados argentinos sufrieron torturas, estaqueamientos y tratos inhumanos de jefes y autoridades de las Fuerzas Armadas.

Por Eugenia Soledad Cáceres *

13/08/2022

El 40° aniversario de la Guerra de Malvinas celebrado en este 2022, es otra oportunidad para la Argentina de ratificar el reclamo en torno a la soberanía del archipiélago y sus zonas marítimas circundantes. Sin embargo, no podemos dejar de repetir que la solución a la disputa por uno de los últimos enclaves del sistema colonial debe surgir de la negociación diplomática y no del uso de la fuerza militar, como intentó la última dictadura cívico-militar en sus años de decadencia. Y que actuó de espaldas al pueblo argentino, torciendo una historia de búsqueda de soluciones pacíficas a las controversias internacionales.

La guerra de Malvinas fue un resorte más del terrorismo de Estado. Así lo viene denunciando desde hace décadas el Centro de Excombatientes CECIM de La Plata que señala que el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que construyó nuestro pueblo con los organismos de Derechos Humanos no contempla lo que pasó en el final de la dictadura cívico-militar. La contienda duró 74 días y dejó como saldo 649 muertos y 1650 efectivos heridos. Sobre los 23.544 combatientes que pelearon en Malvinas, el 51% eran jóvenes que venían de recibir el servicio militar obligatorio. Según registros oficiales, casi el 70% de los argentinos que murieron en Malvinas tenían menos de 25 años. Al finalizar el conflicto, se instauró un manto de silencio sobre lo ocurrido durante la guerra. De regreso se firmaban declaraciones juradas en donde se les “imponía el silencio”.

“Llevamos años reclamando un proceso judicial por las violaciones a los Derechos Humanos cometidos en la Guerra de Malvinas”, denuncia Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata. Es por ello que considera que necesario dejar de llamar “gesta heroica” a una guerra que implicó torturas, estaqueamientos y tratos inhumanos de jefes y autoridades de las Fuerzas Armadas (FFAA) contra los propios soldados argentinos. Las secuelas que sobrellevaban los excombatientes fueron ocultadas por mucho tiempo. No hubo registros oficiales, sin embargo, la Federación Nacional de Veteranos de Guerra estima que, en los primeros diez años, alrededor de 2000 excombatientes se quitaron la vida sumándose a los 649 caídos en la guerra.

En 2009, una jueza federal de Río Grande, Tierra del Fuego, consideró que los vejámenes de militares contra conscriptos argentinos en Malvinas son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben. Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, aunque con otra integración, dio un paso atrás. En mayo de 2021 volvió la discusión debido a que la misma Cámara mantuvo su postura. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia deberá resolver si los hechos denunciados son imprescriptibles y, por lo tanto, si los responsables, se estima en más de 100 ex militares, pueden ser juzgados por delitos de lesa humanidad.

Los delitos cometidos en perjuicio de soldados conscriptos durante la guerra de las Malvinas -ya sean caracterizados como delitos de lesa humanidad o como crímenes de guerra- constituyen graves violaciones a los derechos humanos que deben investigarse y sancionarse. El fallo de la Cámara de Casación fue en contra de las obligaciones internacionales en materia de juzgamiento de violaciones a los derechos humanos y frenó el proceso de justicia reclamado e impulsado por soldados víctimas del terrorismo de Estado. El Estado argentino tiene el deber de investigar y sancionar estos hechos de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos y a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en numerosos precedentes. El máximo tribunal debe entrar en el fondo de la cuestión sin dilaciones.

Por otro lado, cabe destacar que, el marco del juicio “La Huerta, tuvimos la oportunidad de escuchar el relato de Eduardo Santellán, que fue secuestrado el 21 de octubre de 1977 por miembros de la Fuerza Aérea. Luego del secuestro y detención ilegal, fue sometido a “consejo de guerra” y encarcelado en una penitenciaria común por los siguientes 5 años. Santellán contó que durante ese “consejo” expuso por primera vez los apremios ilegales a los que fue sometido durante su secuestro y posterior detención.

Eduardo Santellán integra la larga lista pibes “colimbas”, jóvenes entre los dieciocho y veintiún años de edad que, en la Argentina, desde 1901 hasta 1994 debían hacer el “servicio militar obligatorio”, detenidos ilegalmente, torturados. Cientos permanecen desaparecidos. Los conscriptos detenidos-desaparecidos son ciudadanos que se encontraban sometidos a la disciplina castrense y podían ser sancionados -si hubieran cometido una falta- con el rigor de los códigos y reglamentos militares. Sin embargo, en estos casos también utilizaron estos métodos clandestinos de represión, secuestros, tortura y tormentos, desaparición forzada.

*Estudiante Facultad de Derecho-Unicen/ Artículo realizado en el Taller “Comunicación y DDHH. Visibilizar los juicios”, coordinado por la Lic. Soledad Restivo, En el marco de las Prácticas Socio Educativas (PSE) en Derechos Humanos, vinculadas al Juicio “La Huerta” por delito de lesa humanidad en el Centro de la Provincia de Buenos Aires/ Aportes y edición final por Soledad Restivo