Las experiencias de dos académicas locales y un alumno chileno de la Facso

Chile: El problema de la educación como negocio

Diego el estudiante chileno de la FACSO/ Foto: Diego Hernández Pérez

Un estudiante chileno que eligió formarse en la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría después de atravesar las dificultades del sistema financiero-educativo de su país y dos investigadoras de la Facso que acaban de asistir a un congreso sobre educación en Chile, debaten sobre el problema de la educación pública chilena

Diego Hernández Pérez tiene 20 años, es de Santiago, Chile, y vino a Olavarría a realizar sus estudios universitarios. Además de atraerle la posibilidad de experimentar cómo es vivir en otro país su principal motivación, como la de muchos estudiantes chilenos que atraviesan la cordillera, fue la accesibilidad a la universidad pública y gratuita. En su país se había decidido por estudiar la carrera de Derecho, pero una vez radicado en Olavarría, se decidió por la Arqueología.

"En Chile estaba preparándome para Derecho pero no me alcanzó el puntaje para entrar en la universidad que quería y decidí venir a la Argentina, acá cuesta la mitad porque no necesitás un crédito para pagar la universidad, solo se gasta en comida, la pensión, fotocopias y el transporte, y además acá podés elegir cualquier carrera porque no hay restricciones en el ingreso", explica Diego. Ante esa situación evaluó la posibilidad de venir a Argentina a estudiar una de las primeras carreras que despertó su interés cuando aún era un niño, Arqueología. Sabía que en este país le alcanzaba con la predisposición a estudiar y que con menos dinero podría sustentarse sin necesidad de endeudarse.

En Chile estudiar una carrera universitaria se convierte en un camino difícil de allanar. La educación superior es arancelada tanto en las universidades públicas como en las privadas, y la posibilidad de acceder a becas o créditos y la inscripción a las carreras depende del puntaje logrado en la prueba de selección universitaria (PSU). El PSU es un sistema que pondera la puntuación obtenida por los estudiantes en su paso por la secundaria y que los obliga a estipular a qué carrera podrían acceder y en qué condiciones impositivas. En ese examen los estudiantes secundarios rinden, de manera extracurricular, materias comunes como lenguaje, historia y matemáticas sin importar la orientación de las carreras a las que aspiran. Además de un buen puntaje en la PSU, para estudiar la carrera que había elegido, Diego debía contar con 17 millones de pesos chilenos (unos 170.000 pesos argentinos), para pagar por su educación universitaria completa.

Diego fue presidente del centro de estudiantes en la escuela secundaria y de la Federación de Estudiantes de su ciudad natal, fue partícipe activo de las grandes movilizaciones organizadas por estudiantes secundarios en los años 2007 y 2008. Según su experiencia personal, la lucha estudiantil chilena tiene dos vertientes, por un lado el reclamo por una educación superior pública, gratuita y de calidad; por el otro, la oposición a la PSU alegando que no es un examen selectivo como tal, ya que no rinden materias específicas de acuerdo a la carrera universitaria elegida sino materias comunes, lo que en algunos casos influye en el puntaje. "Si querés estudiar una carrera humanista no necesitás matemática en lo absoluto, a mí me pasó que quería estudiar derecho, estaba entre Santiago y la U de Chile, pero en matemática me fue mal y me bajó todo el puntaje de la PSU, y eso te quita las chances de estudiar, tenés que elegir otra carrera o prepararte una año más para rendir el pre universitario", relata Diego.

La lucha estudiantil

Las movilizaciones de estudiantes secundarios son el baluarte de la lucha por una reforma educativa que garantice la educación superior gratuita, pública y de calidad académica. Y aunque no es una demanda actual, porque tiene sus orígenes en la década del '80, a partir del año pasado se llevaron adelante manifestaciones masivas que son consideradas en la historia de Chile como la más grande y extensa movilización estudiantil después del retorno a la democracia en el '89. Estas manifestaciones congregan tanto a estudiantes y docentes como a familiares y ciudadanos en general a lo largo de todo el país. Ante el rechazo del sistema educacional chileno, que provee una amplia participación del sector privado respecto a la del Estado y en la que actualmente solo el 25% de la educación es financiada por el Estado, mientras que los estudiantes aportan el otro 75%, los sectores desfavorecidos por esta política se manifestaron mediante marchas y el cese del dictado de clases.

A pesar de que los reclamos son llevados a las calles y de que las marchas son multitudinarias, el sistema educativo arancelado está instaurado de tal manera en la sociedad chilena que ante el desinterés de los funcionarios públicos en realizar una reforma educativa profunda, el pedido se reduce a la baja de los aranceles y no a la lucha por la gratuidad absoluta. Por su parte, el gobierno de Sebastián Piñera respondió al reclamo con la presentación un proyecto de reforma tributaria para financiar la reforma educativa basada principalmente en la reducción de la desigualdad de ingreso al sistema por parte de los sectores más vulnerables.

Diego explica que el reajuste del reclamo y el desinterés por parte de algunos sectores de la sociedad se debe a que "el sistema educativo chileno es propio del sistema económico neoliberal, la educación es un negocio, si querés llegar a una buena universidad tiene que ser una pública pero pagas más que en una privada, la gente pide créditos y se endeuda por 20 años, por eso si no dan la gratuidad por lo menos exigen una baja en el arancel y en los intereses de los créditos". Además expone que no se discute a fondo la idea de una reforma educativa que garantice la gratuidad porque "el problema de la educación pasa por un conflicto de intereses, la mayoría de los funcionarios públicos son dueños de universidades, de hecho a las universidades privadas las subvenciona el Estado".

En una verdadera encrucijada

Prof. Gabriela Casenave y Dra. Constanza Caffarelli/Foto: AC-FACSO

En medio de esa coyuntura, las docentes e investigadoras de la Facultad de Ciencias Sociales, Doctora Constanza Caffarelli y la Profesora Gabriela Casenave, participaron en Chile del Segundo Congreso Interdisciplinario de Investigación en Educación y el Tercer Congreso de Investigación en Educación Superior bajo el lema "La educación en la encrucijada". El encuentro se desarrolló simultáneamente a la movilización multitudinaria organizada por los estudiantes secundarios y universitarios en las últimas semanas de agosto de este año.

Para las docentes e investigadoras, además de ser el congreso en sí mismo una experiencia enriquecedora por la temática y la concurrencia de colegas de todo Latinoamérica y de investigadores de gran renombre como Francois Dubet; el contexto social en el que se desplegó la discusión sobre la educación superior agregó, a sus experiencias personales y profesionales, otros aspectos fundamentales para reflexionar sobre su labor diaria en la educación universitaria argentina.

Las profesionales de la educación coinciden en que "si bien nuestra educación es pública y gratuita -y obligatoria, hasta la conclusión del nivel secundario- , y eso es un dato positivo, es necesario replantearnos el discurso acerca de la inclusión, la cuestión de la igualdad de oportunidades, su relación con el mérito como condición para el ascenso social, temas que deben ser urgentemente rediscutidos en el contexto latinoamericano", como sugiere Caffarelli.

En esta misma línea de pensamiento, Casenave sostiene que "a pesar de que no era el objetivo del congreso, la situación hizo surgir el debate a otro nivel... se oponían diferentes concepciones de educación, pero era evidente quiénes estaban más a favor del sistema arancelario y quienes abogaban no por la gratuidad pero sí por una mayor democratización del acceso". Ello conduce a problematizar el modo en que "se tensionan, se enfrentan y también se ligan las maneras de entender la justicia social hoy día, sobre todo en Latinoamérica. ¿Es acaso un problema de oportunidades, de posiciones, de inclusión de los excluidos? ¿El acceso a la educación tiene un verdadero impacto sobre la reducción de las desigualdades en países como los nuestros? ¿La escuela, la Universidad, han perdido su capacidad de acción? La democratización en el acceso no es suficiente si la fragmentación, los circuitos diferenciales, las enormes diferencias que se registran al interior del sistema educativo se mantienen... Como plantea Dubet, en un sistema meritocrático y que relativiza el cuestionamiento de las posiciones en la estructura social, la victoria de unos implica la derrota de otros", añade Caffarelli.

Este eje del debate que se abrió oportunamente en el marco del congreso por la movilización estudiantil es clave para valorar que "en Argentina la educación pública y gratuita es un bastión, nos pone a la vanguardia de otros países de Latinoamérica", asevera Caffarelli. Sin embargo, "hay mucho por discutir y, sobre todo, mucho por hacer", agrega Casenave. / AC- FACSO