Especial Monte Pelloni

Delitos sexuales, terrorismo de Estado y políticas reparatorias: repensar el Estado desde una perspectiva de género

La Dirección Provincial de Políticas Reparatorias tiene como objetivo la promoción, protección y reparación de daños producidos por el Estado Terrorista para generar reflexiones sobre el pasado. El abordaje desde una perspectiva de género para repensar las prácticas jurídicas y socioculturales en la actualidad.

En 2012 la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires conformó la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias. Así, pasó de ser un Programa de Investigación y Memoria a transformarse en una Secretaría de Políticas Públicas. Las decisiones políticas que convocaron a pensar y reflexionar en una transformación del Estado, en relación a los Derechos Humanos, comenzaron a visualizarse a partir de 2003 cuando el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, deroga las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Comienza a darse una emergencia histórica de un cambio de perspectiva y los represores comienzan a transitar instancias judiciales para recibir condena por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Este reposicionamiento del Estado democrático asume una postura reparadora  en relación a los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983.

Comienzan a desplegarse estrategias de acción simbólica y material para repensar los términos y la participación del Estado en el conjunto de la vida social. En este sentido, el Estado, antes perpetrador de delitos de lesa humanidad, es en la actualidad quien reconoce los daños y se propone garantizar el proceso de reconstrucción de confianza por parte de los afectados mediante la realización de acciones que promuevan la reparación del entramado social. En relación a esto, se toman medidas de alcance social, político, económico y cultural, como son las restituciones jurídicas y materiales de bienes, indemnizaciones, aseguramiento jurídico y medidas de índole simbólica denominadas de satisfacción y no repetición. La señalización de lugares que fueron Centros Clandestinos de Detención (CCD), hoy denominados Sitios de la Memoria; la posibilidad de brindar equipos de acompañamientos a aquellas personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado como así también a sus familiares; son algunos de los indicadores que permiten situar y repensar al Estado en esa perspectiva. En esta búsqueda, cobra un valor trascendental el dar lugar a la palabra, a la escucha. Los daños producidos por la violación a los Derechos Humanos, la invisibilización y el silencio dejó efectos traumáticos en el tejido social. Y es en el plano de esa dimensión simbólica que el equipo de trabajo sobre delitos sexuales ocurridos durante el terrorismo de Estado viene trabajando. No sólo sobre las huellas individuales sino también sociales y colectivas. La soledad de ese silencio, produce un efecto de re-traumatización constante si no se puede poner en palabras. En este sentido, generar los dispositivos de escucha y propiciar los equipos de acompañamiento necesarios para que ese mensaje pueda ser comprendido es comenzar a reestablecer la dignidad individual y colectiva. Reparar, etimológicamente significa disponer de nuevo. Y este disponer de nuevo, reconociendo el daño producido por el Estado, es hacer visible lo invisibilizado, acompañar con medidas simbólicas y materiales las disculpas históricas. En este lugar se sitúa la Secretaría de Políticas  Reparatorias y es una de las maneras en la que los sujetos pueden recuperar la dignidad.

Emerge así la posibilidad de repensar el lugar de las mujeres durante el terrorismo de Estado: por su situación histórica en el marco de relaciones sociales patriarcales hegemónicas, como así también, la disputa política y simbólica que se dio en el plano de la justicia, que no miró la particularidad de las violaciones a los derechos de las mujeres y que se enmarca en un conjunto del paradigma patriarcal que invisibilizó esa violencia. Poner de relieve esa situación, es también abrir el debate y reflexionar sobre las transformaciones indispensables que la sociedad en su conjunto tiene que darse en la actualidad.

Estado y Derechos Humanos. Debates en torno a las políticas reparatorias. Foto: Agencia Comunica.

La disputa en el plano judicial en torno a los delitos sexuales

Los juicios se dividen en dos partes. Por un lado, está el proceso de instrucción en la que se investigan los hechos y se buscan pruebas para reconocer a los responsables. Luego, sobreviene  la instancia del  juicio oral en donde se juzga aquello que se investigó. Cobra relevancia el hecho de saber que no todos los delitos suelen ser investigados (o al menos no son investigados por algunos sectores de la justicia). Los delitos sexuales durante el terrorismo de Estado son uno de ellos. La Secretaría concibe que si bien ese delito tiene un impacto específico en las mujeres por el lugar de subordinación que ocupan en la sociedad, esos delitos fueron una herramienta más de las que se valió el terrorismo de Estado para cumplir su objetivo de instalar el terror y deshumanizar a los sujetos. La disputa se da para poner en discusión  si los delitos sexuales fueron parte del plan sistemático. A partir de esta discusión, se abren instancias técnicas de instrucción. La primera de ellas es que si se consideran hechos aislados, en la actualidad estarían prescriptos ya que no serían concebidos como parte del plan sistemático. En cambio, si estos delitos son delitos de lesa humanidad deben ser investigados, sancionados los responsables y las víctimas tener la posibilidad de acceder a una reparación. Hay antecedentes en el plano de organismos internacionales que sientan el precedente como en los casos de la ex Yugoslavia y en Ruanda, donde los tribunales internacionales comprendieron que las violaciones sexuales, los abortos forzados y la desnudez forzada son parte de un mismo plan sistemático y merecen ser abordados como tal. En 2010, en Argentina, se produce la primera visibilización, la primera condena en el marco de un juicio de lesa humanidad por el delito de violación.

En el plano de la figura penal al momento de abordar los delitos, la justicia diferencia distintos niveles entre estos. Los delitos de acción pública, son aquellos delitos que el Estado tiene el deber y obligación de investigar y sancionar a los culpables; de instancia privada, donde la investigación avanza en la medida que la persona lo promueva; y delitos de acción pública dependiente de instancia privada, que son los que el equipo que investiga los delitos sexuales durante la última dictadura concibe como delitos sexuales, y que en el código penal se representan en distintos tipos de abuso sexual. La pregunta que resulta, en el marco de los juicios de lesa humanidad y que refiere a la dificultad de la justicia de poder asumir e incorporar los delitos sexuales como delitos independientes de las torturas, es si la justicia al diferenciar los distintos niveles de investigación de un delito ¿Lo hace para cuidar la integridad de las personas o porque no quiere reconocerse como sostenedor de una estructura social que subordina a determinados sujetos?.

La Secretaría de Políticas Reparatorias se valió de ese interrogante para profundizar acciones y generar dispositivos respaldados por la perspectiva producida por el Estado al asumir su responsabilidad en los delitos de lesa humanidad, para reparar los daños a nivel subjetivo y en términos colectivos. Como crimen de lesa humanidad, el colectivo de personas es el afectado. Por eso, uno de los objetivos que se propuso la Secretaría es visibilizar no sólo en términos de lo público y en términos del juicio oral, sino brindar la posibilidad de que las víctimas del terrorismo de Estado pudieran visibilizarse entre ellas. La visibilización tiene que ver con la posibilidad de desnaturalizar prácticas que fueron delictivas, como por ejemplo la desnudez forzada. Se trata de abrir el espacio donde el Estado no estuvo y no habilitó la posibilidad de “la palabra”. En esta orientación se busca concientizar a los agentes judiciales, visibilizar los delitos sexuales, reflexionar sobre ellos en tanto distinciones sobre los abusos cometidos sobre los cuerpos femeninos y masculinos. Dar la palabra, restituir derechos y reconocer que no hay nada del orden de lo naturalizado, en tanto las reflexiones culturales y políticas puedan seguir produciéndose. /AC-FACSO