Diez años del crimen de Esteban “Mara” Navarro
Graciela Alderete: “Los asesinos están sueltos, estamos conviviendo con ellos"
A diez años del crimen de Germán Esteban “Mara” Navarro, su madre Graciela Alderete asistió a una de las audiencias del juicio por Monte Pelloni. Su presencia intento recordar el accionar de las fuerzas de seguridad en democracia y reclamar justicia para que el homicidio de su hijo sea investigado y no quede en el olvido.
Pasaron más de30 años para que se enjuicie a los responsables por los delitos de lesa humanidad. La justicia hoy finalmente condena a quienes desde la cúspide del poder implementaron el terror sistemático mediante secuestros, torturas, desaparición forzada y crímenes pero también pareciera ausentarse y no indagar en otras muertes provocadas desde las fuerzas de seguridad en democracia. La convivencia de un Estado de Derechos con la presencia constante de una violencia institucional punitiva provoca una deuda y una interrogante sobre el alcance de los derechos que como sociedad amerita ser atendido. El Observatorio de Adolescentes y Jóvenes situaba en 2007 en más de 2076 la cifra de jóvenes muertos por causas no accidentales y en las cuales sus muertes eran analizadas por indicadores que los hacen destinatarios de las agencias de control social. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en un informe realizado en 2012, las sitúa en más de 3000 desde 1983 hasta la actualidad. Las causas de esas muertes están vinculadas a diversas metodologías de violencia institucional signadas por el paradigma de la criminalización, hostilidad y homofobia. El homicidio de Germán Esteban “Mara” Navarro, en octubre de 2004, expresa además la violencia social y simbólica sostenidas por una estructura patriarcal y de clase que autoriza a quienes detentan el poder a hacer uso y abuso de los cuerpos, a borrarlos e invisibilizarlos para que no queden huellas de la estigmatización de la diferencia.
Un testimonio de la violencia sufrida en los jóvenes por parte de las fuerzas represivas lo pueda dar Graciela Alderete, quien presenció una de las jornadas del juicio de Monte Pelloni por una razón concreta: “hacer saber esto para que salga afuera de Olavarría”. Graciela habla con voz lenta. Es la voz de una persona decepcionada y cansada que recorrió cuanto lugar sea para que el caso de su hijo, Germán Esteban “Mara” Navarro, sea investigado y no quede bajo la alfombra donde queda todo aquello de lo que no se habla. Hace diez años, Navarro era uno de los tantos jóvenes que con 17 años convivía con la presencia de la violencia institucional, en este caso provocado por el ensañamiento a lo establecido, donde las instituciones lo aislaban a raíz de un imaginario que establece las pautas de lo normal y señala lo diverso. A pesar de ello, Esteban tenía un sueño. “Él quería ser peluquero para ir a los comedores comunitarios a cortarle el pelo a los chicos que no podían pagar, también quería ser modisto. Tenía un proyecto de vida que se truncó”, cuenta Graciela y se introduce en los recuerdos donde el dolor se mezcla con la tristeza y la impotencia.
El deseo de ser entre los dueños de invisibilizar
“Esteban sufrió mucho la discriminación, tanto en la escuela como en todos lados. La Escuela Nº65 fue la única que lo contuvo. Podía ir, estar con los compañeros, sentirse querido, no discriminado ni dejado de lado como en las otras escuelas que estuvo. Cambió de tres jardines porque lo peleaban, se sentía mal. En otras escuelas lo mismo. No encajaba”, retrata Graciela, y abre el interrogante sobre las formas de invisibilizar que tienen las instituciones sobre los jóvenes, que se representa con fuertes efectos de sentido en estigmatizaciones de la diferencia. En este caso, recae sobre Navarro por la elección de su orientación sexual y en un contexto de fragilidad social en situación de prostitución. Esas diferencias fueron las condenadas, hostigadas y sometidas al castigo social. ¿Es una cuestión del azar que el caso de Navarro hoy se encuentre sin investigar?
Graciela hoy no tiene acceso a la causa. “A Esteban lo levantaron de la calle para una fiesta sexual en el comando de patrulla. Ahí la causa quedó como incumplimiento a los deberes de funcionario público y se cerró. No tengo abogado para saber cómo siguió. No puedo pagarlo y no hay quien quiera hacerse cargo”, sintetiza Graciela. En este caso, no sólo la justicia actúa lentamente y de manera selectiva, sino que las organizaciones de Derechos Humanos no han podido acompañar el reclamo de Graciela. “Venía un abogado del Centro de Protección a la Víctima de La Plata pero de un momento a otro no se comunicaron más”, profundiza.
El cuerpo sin vida de Navarro estuvo durante ocho meses en un baldío donde solían parar patrulleros policiales. Restos del cuerpo fueron encontrados el 26 de abril de 2005. “La conexión es siempre la misma: la policía. Todo lleva a ellos. El caso de Stramessi, Magalí Giangreco, Andrea Trinchero, Medina, Zurita, otro chico que mataron en la ruta. Los asesinos están sueltos, estamos conviviendo con ellos”, sostiene Graciela. “En el tiempo que era intendente Helios Eseverri a la policía no se la tocaba y creo que sigue siendo igual. Por eso existen tantos casos de policías involucrados que aún están sueltos”, ratifica.
Para Alderete, en estos diez años de lucha silenciada, la justicia no ha hecho nada, o en su defecto, la actuación judicial consistió en desvincular al presunto imputado, nombrado por un testigo de identidad reservada. “Hay un testigo que mencionó cómo había sido el hecho pero para el Juez Villamarín el testimonio no era veraz, así que el imputado quedó libre y no se lo puede volver a involucrar”, afirma. El homicidio de Navarro se encuentra caratulado como "averiguación de causales de muerte" y a la espera de que se abra una nueva línea de investigación. Actualmente no hay detenidos y es uno de los tantos crímenes cometidos contra los jóvenes que se encuentran impunes./AC-FACSO