Derechos humanos
La búsqueda de justicia en la Provincia de Buenos Aires
Cuatro juicios por delitos de lesa humanidad se encuentran en diferentes etapas. En La Plata el juicio “Escuela Naval” tuvo su sentencia. Dos causas elevadas buscan reparar parte de las heridas del pasado.
Distintos delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar están siendo juzgados en todo el país, profundizando un contexto histórico de Memoria, Verdad y Justicia. En la provincia de Buenos Aires son cuatro los procesos orales y públicos que se llevan adelante. En Bahía Blanca se encuentra en etapa de alegatos el juicio “Armada Argentina”, el primero que prueba el accionar de la Armada en la región bonaerense, punto estratégico de la represión militar. Con inicio en julio de 2014, la causa fue caratulada "Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)". Es el único juicio en el país donde hay imputados de la Armada y el Ejército, comprobándose un accionar y represión conjunta. En los anteriores procesos por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, durante 2012 y 2013, sólo se había juzgado la responsabilidad del Ejército. Son 25 los imputados: 13 pertenecían a la Armada, cinco a la Prefectura Naval, cinco al Ejército, un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense y un policía de la provincia de Buenos Aires. De las 66 víctimas que figuran en la causa, 13 personas están desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes fueron secuestradas y torturadas durante su permanencia en Centros Clandestinos de Detención (CCD) ubicados en la zona de Puerto Belgrano (jurisdicción de la Armada Argentina) y en el V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca.
Además de los cuatro juicios que se están realizando en la Provincia, la causa "Protobanco" y "El Pozo de Banfield" aguardan las fechas de inicio.
En Mar del Plata, la mega-causa “Base Naval” está juzgando a 14 represores (11 de los cuales cumplen distintas condenas por violaciones a los derechos humanos) imputados por delitos perpetrados en perjuicio de 124 víctimas en los CCD que funcionaron en la Base Naval y otras unidades de la Armada en dicha ciudad bonaerense durante la última dictadura. La causa está caratulada como “Privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, homicidio calificado y asociación ilícita”. En este juicio, aún en etapa de testimonios, participan los jueces Mario Alberto Portela, Néstor Rubén Parra y el fiscal Walter Romero, partícipes del juicio “Monte Pelloni I” desarrollado durante 2014 en Olavarría.
En el juicio por la causa "Base Naval" se intentará comprobar los vínculos existentes entre el Ejército y la Armada en distintas violaciones a los derechos humanos./ Foto: Gentileza Ministerio Público Fiscal.
También en Mar del Plata, en etapa de testimonios, se emprende el juicio por los crímenes cometidos por la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), agrupación de ultraderecha y complemento de la Triple A durante 1975. Los imputados son diez civiles y un militar retirado, acusados por los delitos de asociación ilícita y el secuestro y asesinato de ocho víctimas. Esta causa presenta la particularidad de ser el primer juicio a civiles acusados de perpetrar crímenes de lesa humanidad antes del golpe de Estado de 1976. Los crímenes que figuran en la causa fueron cometidos durante marzo, abril y mayo del 75 y demostraron, además, la persecución contra estudiantes, profesores y profesionales que desarrollaban actividades políticas. En las últimas semanas se realizó una inspección ocular en el Pasaje Catedral, lugar donde se emplazaba la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, con la intención de conocer las distancias y lugares en donde actuaban los integrantes de la CNU como así también los espacios de estudio y trabajo de varias de las víctimas.
Por otra parte, en los tribunales federales de San Martín se emprende un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos bajo la jurisdicción de Campo de Mayo. Allí se juzga a Santiago Omar Riveros, ex jefe del Comando de Institutos Militares; Rodolfo Emilio Feroglio, ex jefe del área operativa del Partido de San Martín; y Carlos Daniel Caimi, quien estuvo a cargo de la comisaría de Villa Ballester, entre mayo de 1975 y noviembre de 1977. Todos son acusados del secuestro y tortura de 11 personas y la desaparición de otras tres en la comisaría de Villa Ballester. La mayoría de las víctimas eran delegados de la fábrica metalúrgica BOPAVI, cuyos secuestros tenían lugar en el interior de la planta mientras cumplían su jornada laboral. Durante el trascurso del juicio, el Tribunal dio lugar al pedido de la fiscalía y de las querellas de ampliar por delitos sexuales la acusación que pesa contra Riveros, Feroglio y Caimi. En etapa de testimonios, el 29 de octubre y el 6 de noviembre serán los alegatos de la Fiscalía y las querellas.
Juicio y sentencia
En La Plata, cinco ex jefes de la Armada y otros tres de Prefectura fueron juzgados por delitos de lesa humanidad en perjuicio de trabajadores de YPF, Propulsora Siderúrgica y Astilleros Río Santiago. El juicio, conocido como "Escuela Naval", juzgó por primera vez el accionar de la denominada Fuerza de Tareas 5 (FT5) y trató de indagar en el accionar de algunos de los jerarcas de la Armada que participaron del secuestro y desaparición de trabajadores, en su mayoría de los Astilleros y el Polo Industrial de Berisso y Ensenada. Las víctimas fueron torturadas en los CCD que funcionaron en dependencias de la FT5 de la Armada: Batallón de Infantería de Marina (BIM) 3, la Escuela Naval, el Astillero Río Santiago, la sede de la Prefectura y el Hospital Naval. La causa, elevada a juicio en marzo de 2014, trató de develar el funcionamiento de la Armada en los circuitos represivos de la capital bonaerense. Además, se investigaron los alcances de la complicidad empresarial: mientras la dictadura benefició a algunas empresas (por ejemplo Propulsora Siderúrgica) persiguió duramente a los trabajadores sindicalizados.
La sentencia de la causa "Escuela Naval", además de las propias condenas, impulsó la investigación de las complicidades civiles./ Foto: Gentileza Ministerio Público Fiscal.
El pasado 19 de octubre el Tribunal impuso la pena de prisión perpetua a Jorge Alberto Errecaborde, Comandante de la FT5; José Casimiro Fernández Carró, Comandante del BIM 3; y Roberto Guitian, jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM 3. Con distintos grados de participación, fueron encontrados culpables por los homicidios calificados de Miguel Galván Lahoz y Roberto Pampillo, además de privaciones ilegales de la libertad agravadas y tormentos. También se condenó a 25 años de prisión a Antonio Vañek, comandante de Operaciones Navales de la Armada; Juan Carlos Herzberg, director del Liceo; Luis Rocca, ex jefe de la Zona Río de La Plata de la Prefectura; Eduardo Meza, ex oficial; y José Ramón Schalleral, ex jefe de Prefectura. Asimismo, el Tribunal anuló las prisiones domiciliarias de la que gozaban algunos de los represores y ordenó la reparación de los legajos de las víctimas para constatar los verdaderos motivos de las detenciones en la Propulsora Siderúrgica, YPF y Astilleros Río Santiago (quien deberá otorgar retribuciones salariales a los trabajadores que fueron víctimas del terrorismo de estado). También se resolvió enviar documentación al juzgado Federal 3 de La Plata para que investigue la responsabilidad de otros jefes de la Armada como así también de los directivos de las empresas y los sindicatos que actuaron en esa zona durante la dictadura.
Juicios elevados
Por otra parte, elevados y sin fecha de inicio se encuentran los juicios del Centro Clandestino de Detención “Protobanco”, que operó en la Comisaría de Monte Grande; y “El Pozo de Banfield”, que funcionó en las instalaciones de la Brigada de Investigaciones y fue uno de los centros clandestinos más importantes del "Circuito Camps". /AC-FACSO