Especial 40 años del golpe cívico-militar

Las políticas de memoria a través del tiempo

La historia contemporánea argentina ha tenido distintos tratamientos para con las políticas vinculadas a los derechos humanos. Las etapas de impunidad, los logros alcanzados y un futuro incierto llevan a analizar el escenario actual.

Desde el retorno de la democracia, en diciembre de 1983, se llevaron a cabo diversas formas de trabajar lo vinculado a derechos humanos. De una etapa de descubrimientos y juzgamientos a las cúpulas militares por los crímenes cometidos se pasó a una fase de impunidad. A partir de 2003 se comenzó a transitar un camino en donde las políticas de derechos humanos fueron un emblema teniendo como referencia distintos juicios, aperturas de sitios de memoria y un trabajo sostenido entre diferentes organismos y programas en búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. “La asunción de Alfonsín y un nuevo gobierno democrático implicó una pregunta y un desafío político muy delicado que era cómo enfrentar los crímenes que había cometido la dictadura. En ese sentido, hubo dos grandes hitos y avances en la reconstrucción de la verdad histórica. Por un lado, la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y por otro lado, el Juicio a las Juntas”, describe Santiago Garaño, doctor en Antropología, integrante del Núcleo de Estudios sobre Memoria e investigador del CONICET. Esos avances sufrieron un retroceso a partir de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. La posibilidad de apertura de nuevas causas y de juzgar a los cargos medios y bajos de la represión fue imposibilitada por estas dos leyes. Tras la asunción de Carlos Menem se dictaron indultos militares y se exculpó y liberó a los pocos condenados por delitos de lesa humanidad. La década del 90 fue sinónimo de impunidad pero asimismo se presentaron como años de una dinámica militancia para quienes lucharon por los derechos humanos. “En el 98 se empezaron a encontrar algunos huecos, algunos vacíos legales previstos en las leyes de impunidad. Esto permitió, por ejemplo, que se demostrara que la apropiación de menores no estaba incluida en esas leyes. Entonces en el 98 se logra, por ejemplo, una condena a Videla: la famosa imagen de Videla preso en pleno menemismo”, agrega Garaño. En 2001 el juez Gabriel Cavallo dictó la nulidad de las leyes de impunidad, declarándolas inconstitucionales. “A partir de ese fallo los diferentes poderes del Estado argentino empiezan a considerar que los delitos cometidos durante la dictadura eran delitos de lesa humanidad”, sostiene Santiago Garaño. En 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, se comenzaron a dar grandes avances. La Corte Suprema, en 2005, declaró la nulidad de las leyes de impunidad ratificando el fallo de Cavallo y luego ratificó la nulidad de los indultos por considerarlos incompatibles con la legislación de derechos humanos. “Las causas que habían quedado archivadas se empiezan a reabrir con un gran apoyo de parte del gobierno nacional. En primer lugar, la Secretaría de DD.HH colabora en financiar económicamente las querellas de los juicios, presentándose el gobierno argentino como querellante contra los represores. En segundo lugar, se empieza a centralizar toda la información sobre el terrorismo de Estado en el Archivo Nacional de la Memoria. Y por último, en términos patrimoniales, se empiezan a recuperar aquellos espacios del horror que habían funcionado como centros clandestinos de detención”, puntualiza Garaño. Acerca del rol e importancia de los espacios de memoria a lo largo del país, muchos fueron los alcances. “En lo que refiere a los términos simbólicos y materiales de la conservación y preservación de esos sitios, se ha hecho un trabajo muy importante que mira hacia el pasado pero también mira hacia el futuro para transmitir a otras generaciones lo que ocurrió y que eso no vuelva a ocurrir”, afirma la Lic. María Rosa Gómez, coordinadora del Área de Investigación del Instituto Espacio para la Memoria (IEM).

Recortes, despidos y cierres

En el actual contexto político, muchos de los logros alcanzados están siendo amenazados, materializándose, además, distintos vaciamientos y recortes en áreas claves de las políticas de derechos humanos. “Una de las primeras determinaciones de la gestión de Cambiemos fue la desarticulación del Programa ‘Verdad y Justicia’ y con ello el despido de alrededor de 500 personas en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 40 de la Secretaria de Derechos Humanos, muchos de ellos trabajadores de sitios de memoria y del Centro Ulloa, quienes  realizaban el acompañamiento psicológico de las víctimas-testigos del terrorismo de estado en los juicios”, describe Gómez, investigadora y docente de UNICEN, UBA y UNLP.

“Todo esto genera mucha preocupación porque se pone en riesgo la continuidad y el profundizar estas políticas que tienen que ver con enfrentar un pasado de autoritarismo, represión y violencia extrema. Cuando un gobierno considera que esto es un gasto innecesario o que es mejor ‘dar vuelta la página’ me parece que se genera mucho alerta”, opina Garaño. “La Provincia de Buenos Aires es un reflejo de los riesgos que corren las políticas de memoria. Por definición de la gobernadora Vidal se disolvió la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias que entre sus funciones llevaba adelante la presencia del Estado como querellante en los juicios; que realizaba los trabajos de investigación y preservación de los sitios de memoria de la Provincia; que relevó 53 cementerios municipales en búsqueda de enterramientos NN; que se encargaba de la obtención de las muestras de sangre de familiares de desaparecidos; y que realizó más de 40 señalizaciones en lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio”, puntualiza y profundiza Gómez.

Los sitios de memoria se transformaron en un emblema y puente de conocimiento entre el pasado y presente./ Foto: Gentileza Espacio Memoria ex-ESMA

“Los sitios que somos provinciales hemos pasado por vaivenes variados. La gestión de los últimos cuatro años no fue favorable a las políticas de memoria sino todo lo contrario. Se nos acusó de cobrar muchísimo dinero y no trabajar, más o menos de ‘ñoquis’, como se está haciendo ahora en otros niveles. Estuvimos desfinanciados, con muchas dificultades” describe Mariana Tello Weiss, investigadora integrante del Sitio de Memoria “La Perla” de Córdoba, acerca de la realidad de dicha provincia durante los últimos años. Sin embargo, en ese marco provincial, la realidad y futuro de trabajo parece modificarse positivamente. “Actualmente, el gobierno que acaba de asumir tiene un gran compromiso con este tema y expresó un fuerte respaldo tanto con las políticas de memoria como con la continuación de los juicios”, sostiene.

Existen otros ámbitos afectados por los despidos que influyen en la calidad y la forma de continuidad de participación del estado en políticas de DD.HH. Uno de ellos es la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. “No está recibiendo consultas sobre los antecedentes de los militares propuestos para ascensos. Eso era una práctica que se le solicitaba a la Dirección para evaluar si esos militares reunían las condiciones que exige la democracia para ser ascendidos”, detalla Gómez y agrega, “se desmanteló, por ejemplo, el área del Banco Central encargada de delitos económicos y financieros en complicidad con el terrorismo de Estado durante la dictadura”.

Compromisos pendientes: lo que falta por reparar del pasado más oscuro

Aún existen diversas deudas de ese pasado reciente. El desafío sigue existiendo y el compromiso debe ser aún mayor en un contexto que se presenta poco favorable. “Falta saber el destino final de los miles de compañeros y compañeras detenidos desaparecidos: resta conocer quiénes, cuándo y dónde; falta identificar a 400 jóvenes secuestrados al momento de su nacimiento en CCD… Todo eso es una deuda pendiente cuya respuesta sólo la tienen los ejecutores del genocidio” analiza María Rosa Gómez. “El pasado de la última dictadura es un pasado todavía muy conflictivo porque para algunos sectores de la sociedad argentina es mejor olvidar y dejar atrás. En este sentido, lo que ha sucedido en nuestro país es inédito en términos de reparación judicial, simbólica, histórica, en términos de memoria”, concluye Garaño con respecto a la defensa y promoción de los DD.HH logrados en los últimos años.

"Cuando un gobierno considera que esto es un gasto innecesario o que es mejor ‘dar vuelta la página’ me parece que se genera mucho alerta”, opina el antropólogo Santiago Garaño/ Foto: Gentileza Espacio Memoria ex-Esma.

“Estas cosas son hechas a pulmón, sobre todo en la periferia del país. El denominador común es el gran nivel de militancia y compromiso que hay en nuestro trabajo. Y cuando las cosas se desfinancian se sostienen desde otro lugar”, sostiene Tello Weiss y añade “hay que confiar en lo que uno supo acumular en todo este tiempo y llegado el caso dar la pelea para que se sostengan estas políticas”. 

“La reparación total es imposible porque las vidas no se devuelven y tampoco el sufrimiento por el que han tenido que pasar miles de familias y sobrevivientes, pero el Estado que comete crímenes contra la humanidad tiene la obligación de reparar a las víctimas en términos simbólicos, históricos y materiales”, concluye Gómez quien además interroga acerca del rol del Estado en el actual contexto político, “el punto es de qué manera el Estado va a seguir teniendo representación, acompañamiento y cobertura de una justicia reparatoria como corresponde con las victimas de terrorismo de Estado”./ AC-FACSO