Nota de opinión

Género y comunicación en la escuela secundaria

Por Nancy Bergallo, licenciada en Comunicación Social (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires), docente y secretaria de Comunicación SUTEBA Olavarría

La política educativa actual se sostiene a partir del paradigma que entiende a la educación como un derecho social. El Estado nacional y las distintas jurisdicciones son quienes deben garantizar la aplicación de esta política. En función de los alcances de lo establecido por la Convención por los Derechos del Niño en América Latina, que promueve que los gobiernos y comunidades asuman nuevos parámetros para entender y definir políticas en torno a las infancias y juventudes, Argentina sancionó en 2005 la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Nº26.601. La misma aporta, entre otras conquistas jurídicas, avances en relación de derechos e introduce un aspecto central en cuanto a la participación pública de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) como acción constitutiva de su ciudadanía.

Asimismo los lineamientos de la Ley Nacional Nº26.150 que regula la Educación Sexual Integral (ESI)* permiten pensar, reflexionar y accionar a partir de elaborar las propuestas curriculares sobre la base de favorecer la apropiación del enfoque de los derechos humanos como orientación para la convivencia social, propiciar aprendizajes basados en el respeto por la diversidad y el rechazo hacia todas las formas de discriminación, entre otros. Esta concepción de la ESI en las materias de la escuela secundaria se piensa desde la mirada transversal sobre el género y la ciudadanía, aspectos centrales e integrales que modifican la manera de pensar y dar sentido a la educación secundaria.

La conceptualización de género es relativamente reciente en las ciencias sociales pero a pesar de ello ha permitido incorporar nuevas formulaciones respecto a “cuestiones de género” que se han incluido en el mundo discursivo, de manera incipiente en las escuelas y también en los planes de acción y las políticas públicas.

En este mismo sentido, durante los últimos años, se modificaron además aspectos vinculados al tratamiento de la información y la comunicación que deben realizar los medios de comunicación. De esta manera el eje “comunicación y ciudadanía” es transversal para poder reforzar los objetivos planteados en las leyes y decretos. Es necesario trabajar con nuestros estudiantes en la escuela secundaria en base a la integración de las conceptualizaciones “género y comunicación” dando una mirada sobre las representaciones que los medios expresan cotidianamente en función de las cuestiones de género. Analizar qué temas se hablan; cómo se los presenta; quiénes producen los mensajes; a quiénes los destinan; qué lenguaje se utiliza; entre otras cuestiones, es esencial para ver cómo éstas impactan en la construcción de identidades de NNyA y en la representación de los discursos que realiza la sociedad. Estigmatización, discriminación, violencia de género son algunas de las temáticas a trabajar en el desarrollo de la propuesta curricular.

Pero, ¿Cómo logramos que niñas, niños y jóvenes participen en esta construcción como sujetos de derecho, como partícipes de sus propias realidades, como productores de sus propios discursos?

Esto exige una nueva mirada sobre la comunicación también como derecho humano y social. La promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº26.522 establece pautas de protección de NNyA; los incluye como audiencias con derechos y como potenciales emisores; crea organismos para su defensa e inclusión; prevé mecanismos de acceso a medios; y establece un piso de derechos vinculados a las programaciones audiovisuales que debe ser respetado. Aunque esta ley ha tenido modificaciones**, su espíritu consagra una nueva concepción de la comunicación en Argentina. Las audiencias de la radio y la televisión son sujetos de derechos y existe un organismo estatal creado para canalizar sus reclamos que es la Defensoría del Público. El avance aquí está dado no sólo por visibilizar a los NNyA como audiencias de derecho y capaces de generar sus propios mensajes sino que también el Estado da cuenta de la responsabilidad de garantizar el derecho humano a la comunicación.

Pablo Gentili sugiere una conceptualización para entender la relación entre los conceptos de exclusión y escuela que podemos transpolar a las problemáticas de género, la estigmatización de los NNyA y cómo son entendidos por la sociedad. Gentili plantea que los modos de percepción de nuestra sociedad están basados en la fragmentación, en la individualización y que se expresan en una dicotomización entre conceptos como normalidad/anormalidad, visible/no visible. El autor nos interpela para analizar cómo nuestras sociedades piensan la exclusión como algo “natural”, como parte del escenario cotidiano: “En un mundo donde las mayorías son excluidas es “esperado” o “normal” que determinados grupos o sectores sociales sean excluidos. Este mecanismo colectivo acciona en sentido a que el “problema” desaparezca, se invisibilice. Estas categorías permiten pensar en los discursos que se construyen, se representan y que llegan a naturalizarse de tal manera que nadie los visibiliza como un “problema”***.

La escuela como los medios se constituyen en instituciones que producen y reproducen estos discursos y los modos de representar a la sociedad. Por ejemplo posicionar a nivel discursivo-mediático a los adolescentes como peligrosos puede reforzar cierta representación simbólica acerca de ese colectivo. Resulta central poner en cuestión los discursos construidos y reproducidos por los medios de comunicación que además construyen una agenda de los temas a hablar. Este análisis crítico de los mensajes y los modos en que se producen permitirán que los estudiantes puedan repensar y construir sus discursos, partir de sus interpretaciones de la realidad y utilizar sus propios lenguajes comunicacionales.

*  “Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral”, Ministerio de Educación de la Nación.

** Desde la asunción del nuevo gobierno en diciembre de 2015, y por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) avalado por la Cámara de Diputados, fueron unificados los dos organismos que fiscalizaban el funcionamiento de los medios de comunicación y sus contenidos: la Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Agencia Federal de Tecnologías de la Información la Comunicación (AFTIC); creándose el Ente Nacional de Comunicación (ENCOM) y redefiniendo sus objetivos y funciones.

*** Gentili, Pablo: “Exclusión y escuela: el apartheid educativo como política de ocultamiento Laboratorio de Políticas Públicas”, Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ). Ponencia presentada el 20 de setiembre de 2001.