En este tramo del alegato, los imputados fueron José Clemente Forastiero, Argentino Alberto Balquinta, Julio Néstor Cazaux (), Héctor Ruben Rinaldi, Roberto Manuel Fantini, Juan Carlos Lujan y Néstor Omar Vapore. Todos policías de la Provincia de Buenos Aires. De cada uno de ellos, la fiscal repasó sus legajos personales, y citó varias de sus declaraciones indagatorias. Es importante destacar que, la fiscalía no sólo intenta demostrar que la policía participó en los operativos represivos, sino que las propias comisarías funcionaron como Centros Clandestinos de Detención.

Julio Néstor Cazaux

Estaba a cargo de la sub comisaría de Loma Negra. Fue designado por Verdura y Ojeda para operar en el plan represivo contra los trabajadores de la Fábrica de Bolsas Industriales de Hinojo (FABI). En su momento se negó a declarar.

Argentino Alberto Balquinta

Estuvo a cargo de la Comisaría de Olavarría desde enero de 1976 hasta fines de noviembre de 1977, luego pasó a la Sub Jefatura de Unidad Regional XI de Azul, hasta diciembre 1978. Está acusado de privación ilegítima de la libertad, con empleo de violencia y tormentos. También se le imputa responsabilidad en los homicidios de Juan Carlos Ledesma, Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Jorge Oscar Fernández, Rubén Argentino Villeres, Graciela Follini de Villeres, Alfredo Serafín Maccarini y José Alfredo Pareja
Estando al frente de la Comisaría 1era en 1977, actuó en el caso LOSA, pero al actuar un juez, el caso lo derivó a la Sub Comisaría de Loma Negra.

Héctor Ruben Rinaldi

Fue el Subcomisario de Sierras Bayas desde mayo de 1975 hasta enero de 1976, luego fue oficial principal en la Comisaría de Olavarría hasta marzo de 1977 y posteriormente regresó a la Sub Comisaría de Sierras Bayas hasta diciembre de 1981. Está acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad, con empleo de violencia y tormentos. También enfrenta cargos por los homicidios de Juan Carlos Ledesma, Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Jorge Oscar Fernández, Rubén Argentino Villeres, Graciela Follini de Villeres, Alfredo Serafín Maccarini y José Alfredo Pareja. Además, está imputado en un cargo por violación.
Rinaldi también se había negado a declarar en su momento, pero se incorporó su declaración en una etapa anterior al debate oral del juicio (denominada etapa de instrucción). El acusado, dijo que no había participado de los operativos represivos porque estaba en la Sub Comisaría de Sierras Bayas. Ante esto, la fiscal señaló que sí lo hizo, porque estaba bajo las órdenes de la comisaría de Olavarría y respondía a Balquinta. En este sentido, Rinaldi también dijo desconocer Monte Pelloni como Centro Clandestino de Detención, y que más bien lo reconocía como un “campo de animales”. A ello agregó que “si hubiera existido un campo de detención, no me hubiese metido en la boca del lobo”. Para la fiscal, esto no alcanza para desligarse de su responsabilidad. Era su jurisdicción.

Roberto Manuel Fantini

Ocupó el cargo de Oficial Sub Inspector en la Comisaría de Olavarría desde enero de 1977 hasta marzo de 1979. Está acusado de privación ilegítima de libertad, con empleo de violencia y tormentos. Enfrenta también los cargos por los homicidios contra Juan Carlos Ledesma, Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Jorge Oscar Fernández, Rubén Argentino Villeres, Graciela Follini de Villeres, Alfredo Serafín Maccarini y José Alfredo Pareja.

Fantini declaró que no vio irregularidades, y que le costaba creer “que haya existido un centro clandestino de detención en la comisaría”. Ante esto, la fiscal expresó que “lo que dice, parece un guión para intentar mejorar su situación procesal. No alcanza”. En otro pasaje de su alocución, la fiscal señaló que “Fantini y Cazaux participaron por orden de Balquinta en secuestros e interrogatorios. Esto es así porque dejaron constancia de los mismos”.

En el mismo sentido, Ramos, mostró un recorte del Diario “El Popular”, donde el ejército informaba que “los dirigentes gremiales y obreros de la fábrica FABI de Hinojo, detenidos por daños a propiedades, han sido trasladados a la cárcel de Azul”. Estos traslados fueron realizados por la policía, lo que demuestra, para la fiscal, que esta fuerza de seguridad no respondía a los jueces, sino al ejército.

Más adelante, la fiscal Ramos, citó las declaraciones de Miguel Ángel Fur, un testigo que declaró en 1980. Allí dijo que el ejército participaba de los interrogatorios en la Comisaría, donde se torturaba a los detenidos, con intervención de la policía. También señaló que, para marzo de 1977, mientras estaba en funciones en la comisaría, escuchó que alguien había levantado a Pareja. Otras menciones dieron cuenta que observó detenciones en la Comisaría que no puedo detectar. Allí señaló que eran estaqueados desnudos, se les aplicaba picana con una especie de soldadora de estaño y que participaban el Comisario Balquinta, el Principal Rinaldi de la Sub Comisaría de Sierras Bayas, el Principal Ansola, de la Sub Comisaría de Loma Negra; el Inspector Rosiqui, de la Comisaría de Olavarría; el Sgto. Ayudante Bruno, perteneciente a esta última dependencia, el Cabo 1° Burrieri y también Fantini, encargado de inteligencia de la Comisaría de Olavarría. “Más clarito, echale agua” expresó Ramos.

Los imputados han intentado descalificar ese testimonio, señalando que Fur era “malo” o que “estaba medio loco y mentía”, pero “esto no es lo que dicen los testigos” agregó la fiscal. “Es la visión de un tercero, de lo que citaron otros. Los que nos mintieron son los imputados” finalizó. Es importante destacar que el testigo Fur renunció a la policía en noviembre de 1977. “¿Será por eso su renuncia?” se preguntó la fiscal.

Para demostrar todos los hechos que se señalaron, la fiscal María Ángeles Ramos citó varios legajos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPBA) y los cruzó con los testimonios. Finalmente, presentó un informe que se vincula con la logística de la policía de la Provincia de Buenos Aires, donde se demuestra que la dependencia de la policía de Sierras Bayas poseía, entre sus bienes, una camioneta Dodge 1974 o Ford f100. En este pasaje, la fiscal acompañó dicha alocución con la foto de una camioneta similar y expresó que “Sabemos que existía una camioneta así en la Sub Zona 12, y que fue citada por varios testigos dentro de la dependencia policial, bajo las órdenes del imputado Rinaldi”. Más adelante agregó, “a esta camioneta le decían la guerrillera, y sabemos que era para hacer los operativos” expuso Ramos. Durante este momento, hubo cuchicheo en la sala entre los abogados defensores.

José Clemente Forastiero

Fue Jefe de la Unidad Regional XI de Azul desde noviembre de 1977 hasta enero de 1979. Está acusado de privación ilegítima de la libertad, agravada por el empleo de violencia y tormentos, contra Susana Beatriz Benini, Mónica Dora Fernández, Jorge Miguel Toledo y Alcides Félix Díaz.
De este imputado, la fiscal dijo que “no era un hombre mediocre, era capaz, pasó por todos los cargos, era de experiencia”. En este sentido, señaló que sus mayores ascensos los consiguió durante la dictadura. Allí, la fiscal mostró nuevos legajos de la Ex DIPBA, donde figuraba información de inteligencia sobre el paradero de Noemí Follini de Villeres y Rubén Argentino Villeres. “Su rol, produjo inteligencia para que los hechos ocurrieran” expresó. “El aporte de Forastiero fue central”.

Juan Carlos Luján

Fue Agente de la Comisaría de Olavarría entre mayo de 1972 hasta julio de 1998. Está acusado de privación ilegítima de la libertad contra Alcides Félix Díaz.
El caso de Luján es paradójico, ya que se presentó como peluquero de la policía. Sin embargo, la fiscalía lo señala como uno de los secuestradores de Alcides Félix Díaz, ya que la víctima lo reconoció y lo declaró en CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), ratificándolo más adelante, en el año 2006. “La prueba es contundente sobre la mecánica del secuestro” señaló Ramos. Con ello, intentó explicar que “Sánchez (policía) y Luján lo detuvieron producto de la inteligencia en la que sabían que Félix Díaz, iba a recibir un material que llegaba con la Empresa El Rápido en la Terminal”. Esto fue reconocido por la propia policía “uno más uno, igual dos” Concluyó.
El alegato de la fiscalía tuvo pasajes de brillante atención. La jornada ya era extensa, pero el relato se convertía en una narración didáctica y sobre todo dinámica. Dado que Luján se había presentado como un “simple peluquero”, la fiscal atinó a decir que como no tenía buenas calificaciones como policía, hubiese sido coherente que entonces sí fuera buen peluquero. En este sentido, Ramos mostró que sus calificaciones mejoraron a partir de 1977, con apreciaciones de poseer “amplios conocimientos policiales”. “No dejemos que nos tome el pelo” agregó sarcásticamente la fiscal.

Néstor Omar Vapore

Luego de un breve cuarto intermedio, la fiscal presentó la acusación contra el último imputado mencionado en la jornada. Vapore fue Comisario de la Comisaría 1° de Tandil para el año 1977. Está acusado de privación ilegítima de la libertad, con empleo de violencia y tormentos, contra Francisco Nicolás Gutiérrez (la víctima era Oficial de la policía de Bs As en la ciudad de Tandil. Fue secuestrado en septiembre de 1977 y liberado en 1978)
El imputado, está acusado de participar del secuestro de Francisco Gutiérrez, de quien se pretendía dijera dónde se encontraba Amelia Isabel Gutiérrez y Juan Carlos Ledesma. Su hija y su yerno, que vivían en Olavarría. En este sentido, la fiscalía citó el testimonio de Héctor Agustín Murrone, quien prestaba funciones en la dependencia policial de Tandil, y fue quien señaló a Vapore como partícipe del secuestro. Murrone contaba con esa información, básicamente porque era el chofer de dicha dependencia. En este caso, también se sumó el testimonio de una víctima, Mario Isidoro Bastianelli que, durante el juicio por la verdad, señaló que quien le tapó los ojos en la Comisaría 1° de Tandil, fue un señor Vapore. Este caso, dijo la fiscal, demuestra que “las comisarías de Olavarría y Tandil trabajaron juntas”. En este caso, la fiscalía se ocupó de demostrar la credibilidad del testigo Murrone, cruzando datos que así lo certifiquen.

A esta altura de la audiencia, la jornada ya era extensa y la densidad de información puede, tal vez, traducirse en la cantidad de datos y argumentos volcados en esta crónica. Sin embargo, la fiscalía aún tenía más nombres para continuar su alegato. No olvidemos, son 23 imputados y se estimaron 40hs de exposición total.

Horacio Rubén Leites

Leites fue Teniente 1° y Jefe del escuadrón “A” del Regimiento de Olavarría desde el 31 de diciembre de 1976, hasta al menos el año 1979. Su nombre, está fuertemente asociado a José Alfredo Pareja, ya que está involucrado en el hecho previo a su desaparición. La noche del 12 de marzo de 1977 Pareja se convirtió en el primer desaparecido en la ciudad de Olavarría, ocurrió poco después de que se retiró de la casa de su hermana, con la promesa de regresar para luego ir a tomar algo. Los datos, centrales en este caso, tienen que ver con Leites porque el imputado vivía en el mismo edificio que la hermana de José Alfredo, y esa misma noche, momentos antes de que la víctima se retirara de la vivienda, Leites estuvo en esa reunión y pidió hacer una llamada al regimiento. Esa llamada, realizada desde la propia casa de la hermana de la víctima, fue a Tula, quien por entonces era oficial de guardia. Este no solo confirmó la comunicación, sino que se contradijo en sus declaraciones. “Leites fue quien permitió su localización (de Pareja), en otras palabras, lo entregó” dijo la fiscal.

El caso Pareja tiene otros testigos, un policía, Miguel Ángel Fuhr, un ex soldado que dijo haberlo visto ingresar encapuchado al regimiento, y el testimonio de Patricia Pérez Catán, ex detenida desaparecida que lo vio con vida por última vez, estando ambos secuestrados en el Centro Clandestino “La Cacha” en la ciudad de La Plata.

Como se demostró con reglamentos y testimonios, cada operativo era estrictamente organizado, por ende, “el destino de Pareja había sido planificado previamente por sus autores. Leites actuó dentro de esta red” señaló María Ángeles Ramos.

Carlos Alberto Muñoz, el custodio del horror

Muñoz se desempeñó como Sargento del Regimiento de Olavarría y, en los hechos que se le imputan, cumplió el rol de custodio en el Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni. El imputado prestó declaración en su momento, y dijo no tener facultades, ni nada que ver con los hechos. En este punto, la fiscal encontró severas contradicciones dado que, en la etapa de instrucción (2013), admitió haber estado en Monte Pelloni, dijo haber visto entre 8 y 9 personas detenidas y entre ellas una mujer. También dijo haber integrado el grupo más “blando” de la guardia del lugar y que nunca se atrevió a cuestionar las órdenes recibidas. “Chacho”, como le decían, estaba bajo las órdenes de Grosse.

“Lo que dijo ya se sabía” señaló la fiscal y agregó, “él vino a confirmar, a unir las piezas del rompecabezas”. Esto es verdad, pero sea como sea, sobre todo para quienes tomamos conocimiento recién ahora de esta declaración, nos resulta sorprendente. El custodio del horror lo confesó. Lo vio todo, obviamente. No es común encontrarse con estos testimonios, hay una suerte de pacto de silencio que mantiene la impunidad hasta el día de hoy. Es perverso.

Muñoz no solo vio todo, sino que además lo vieron. Era nada más ni nada menos que el vecino de Araceli Gutiérrez. Fue el único que reveló su identidad y ella lo vio.

Para la fiscalía, Muñoz no aportó nada nuevo, simplemente se incriminó. Dijo lo que ya habían dicho los testigos: detenciones en Monte Pelloni, una única mujer, la existencia de guardias blandas, secuestrados/as repartidos/as en penales. Todo eso fue dicho por los testigos y probado. “Muñoz fue libre de declarar en los hechos” dijo la fiscal. Se refería a la última vez que pudo hacerlo y sin embargo quiso desdecirse. “Es responsable” señaló Ramos, “el fue el custodio de Monte Pelloni, pudo abrir las puertas, las rejas, pudo denunciar… no quiso” argumentó la fiscal. “Es responsable”.

Alberto Santiago Padilla

Padilla se desempeñó como Sargento 1° del Regimiento de Olavarría desde 1975 hasta 1982. Luego continuó con sus servicios en la provincia de Salta. Está involucrado junto con Raúl Ángel Córdoba (ya fallecido) quien se desempeñaba como Cabo 1°. Ambos integraban un Escuadrón Comando de inteligencia y este rol los involucra. Fue el por entonces Teniente Coronel Cordero quien señaló, ante un Consejo de Guerra, que en un operativo de detención de “subversivos” había actuado el Grupo de inteligencia del Regimiento de Olavarría que ellos integraban. En el mismo sentido, se presentaron los testimonios de Rubén Francisco Sampini y otros más, quienes señalaron a Padilla y también a Muñoz, como parte de las patotas.

Tabla de precios de cortes por kilo consultados en diferentes carnicerías de la ciudad:

Según los documentos, reglamentos y directivas expuestas por la fiscalía, el Oficial de inteligencia produce y supervisa la inteligencia, participa en el momento en el que esta se produce. Realiza, además, actividades de contrainteligencia. La principal fuente de información eran las víctimas capturadas, por lo que la actividad se desarrollaba antes, durante y después de los secuestros, “el ciclo de la producción de inteligencia” señaló Ramos.

Sobre este rol, la fiscalía recuperó algunas expresiones que se encuentran escritas en el reglamento, en relación a la subversión como aquellas que planteaban “explotar el éxito obtenido y lograr, en el menos tiempo posible, su aniquilamiento”. La fiscal señaló que en el reglamento se establece que quien era capturado era una fuente de información y que, en ese marco, se actuaba “con la posibilidad de ejecutar al oponente”.

Walter Jorge Grosse

Grosse está imputado como Oficial de inteligencia (S2), rol que ocupó desde 1977 hasta 1979. Cabe recordar que fue designado intendente de Bolívar desde el 24 de marzo de 1976, hasta abril de ese mismo año y a partir de mayo de 1976 fue interventor de LU32 Radio Cnel. Olavarría. El ex capitán fue condenado a prisión perpetua en el marco del Juicio Monte Pelloni 1 realizado durante el 2014.

La fiscal María Ángeles Ramos, recordó que faltan partes del legajo del imputado, y que él mismo recibió una copia donde podría figurar la información que falta. Concretamente tiene que ver con su actividad desde el 16 de octubre de 1976 hasta el 16 de octubre de 1978. Sin embargo, en los legajos de sus subordinados se encuentra la firma de Grosse, dado que el los calificaba. Este es el rigor de la investigación.

El imputado ha venido exponiendo que había tenido hepatitis, y que esto le había impedido hacerse presente en su actividad durante las fechas que más lo comprometen, sin embargo, esto no figura en ningún registro, “Señores jueces, esto es mentira” expresó la fiscal. Para ello Ramos expuso el anexo 1 de su legajo y allí presentó, al detalle, 34 de días de licencias que tuvo repartidos entre 1967 y 1979.

A Grosse se lo acusa de participar en las sesiones de tortura, sugerido por algunos testimonios, pero en concordancia con el rol que ocupó como Oficial de inteligencia. Del mismo modo, la fiscal expuso que en el legajo de la Ex DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Pcia. de Bs As) surge que el imputado participó, en 1976, en un operativo de secuestro en Trenque lauquen realizado entre el ejército y la policía. “No nos gusta lo simple” dijo Ramos.