Lesa humanidad

Las partes de un todo

El jueves 25 de abril, tuvo lugar una nueva audiencia del Juicio Monte Pelloni 2 en la ciudad de Mar del Plata. El Ministerio Público Fiscal continuó con sus alegatos, exponiendo las responsabilidades de los imputados involucrados en los Consejos de Guerra y contra miembros de la policía bonaerense. Se estima que los alegatos de la fiscalía terminen el lunes 13 de mayo y den comienzo los de las querellas.

 

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 Los representantes del Ministerio Público Fiscal la Dra. María Ángeles Ramos y el Dr. Juan Manuel Portela en su séptima audiencia de alegatos.

El Juicio Monte Pelloni 2, continúa avanzando sobre los últimos tramos del proceso. Tal es así, que el jueves 25 de abril, se llevó a cabo la séptima instancia de alegatos que viene ofreciendo el Ministerio Público Fiscal. En esta oportunidad, el Tribunal estuvo presidido por el Dr. Alfredo Ruiz Paz, y se encontraron presentes, en representación de la fiscalía, la Dra. María Ángeles Ramos y el Dr. Juan Manuel Portela y, en representación de la APDH, la Dra. Mariana Catanzaro junto al Dr. Guillermo Torremare. Por su parte, se hicieron presentes 6 abogados de la defensa.

La audiencia del jueves fue extensa, tal vez más de lo acostumbrado. Da la sensación de que se intenta ir más rápido con los tiempos de exposición y cierre de casos, para poder avanzar hacia el final del juicio. Es recurrente, al final de cada audiencia, que el Tribunal le consulte a las partes, cuánto estiman que van a durar los alegatos que restan. Es por organización, pero también se presiente ganas de acelerar. En este sentido, el Ministerio Público Fiscal viene utilizando siete audiencias de 4 horas cada una (aproximadamente) exponiendo las razones que encuentra para sostener sus acusaciones. Es mucho, y aún restan unas horas más. Es que claro, son 23 imputados y, como venimos relatando, la densidad de la información es tal que revela, con detalle, un entramado de organización clandestino que quiso disfrazarse de legal, y de cruzada por la Patria.

 

Los Consejos de Guerra: una herramienta más del sistema represivo

Los Consejos de Guerra, fueron los “juicios” que realizaron las Fuerzas Armadas, para condenar y legalizar el circuito de detención de quienes, previamente, habían sido víctimas del secuestro, la desaparición y la tortura. Era la forma de blanquear el accionar clandestino de las fuerzas de seguridad, como expuso el Ministerio Público Fiscal, eran parte del sistema represivo, porque no condenaban el actuar de las fuerzas, sino que lo perpetuaban, ocultándolo detrás de “parodias judiciales”.

Cerca de las 10hs. la Dra. María Ángeles Ramos retomó su alocución, desglosando los reglamentos que establecieron las funciones de los Consejos de Guerra. Estos, tienen establecido su funcionamiento en el código de justicia militar y su competencia es de carácter militar y sólo aplica a civiles en casos muy acotados. Sin embargo, en el marco de la llamada “lucha contra la subversión” se decidió ampliar reglamentariamente los Consejos de Guerra, para incorporarlos a dicha tarea. Tal es así que, según expuso la fiscal, el mismo 24 de marzo de 1976, se dictó la ley 21.264 que creaba los Consejos de Guerra Especiales Estables (CGEE) y se incorporaron al anexo 2 del Plan de reorganización Nacional. Allí se agregó la estabilidad de los Consejos y se facultó a los comandantes, a utilizarlos “a medida que el número de causas así lo exijan”. “Evidentemente, ya tenían previsto el trabajo que iban a tener” agregó Ramos.

Los CGEE, fueron sufriendo incorporaciones a lo largo del tiempo, particularmente en relación a los delitos que podían juzgar. “No les alcanzaba” expresó la fiscal, mientras exponía las diferentes modificaciones que se realizaron a los reglamentos, para incorporar cada vez más delitos en su órbita de acción. “Se adecuó a los fines del Terrorismo de Estado, con procedimientos exprés, para incluir aquellas cosas que ellos mismo querían blanquear” Explicó Ramos.

“Uno de los apéndices de la orden de operaciones decía que el imputado podía negarse declarar ¿A alguien se le ocurre que pasó eso en la escuelita?” expresó Ramos, para referirse a uno de los procedimientos expuestos. Más adelante, la fiscal repasó todos los testimonios de víctimas que señalaron las condiciones de extorsión y amenaza en las que fueron obligados/as a firmar las declaraciones, sin posibilidad de ver lo que decían. Para ello, expuso la Causa 1950 – M basada en el comunicado de la sub zona 12 que declaraba detenciones ocurridas en octubre “Ya sabemos que fueron secuestros” y que no ocurrieron en octubre (ocurrieron a mediados de septiembre). “Todo esto fue armando la parodia, que citan las propias víctimas” concluyó María Ángeles Ramos.

Durante estos alegatos, el Ministerio Público Fiscal expuso que, en los CGEE, existía una instancia de presentación de pruebas contra quienes estaban acusados/as. Allí, Ramos citó la declaración de Carlos Cordero, un ex Oficial, que confirmó que la información se obtenía través de los métodos de inteligencia que él mismo practicaba. Esto, para la fiscalía, demuestra que esa información era obtenida con tortura, y los CGEE lo sabían.

 

Luis Alberto Juárez y Román Valdecantos

Juárez y Valdecantos son ambos imputados en este juicio, y fueron las personas señaladas en este apartado del alegato de la fiscalía. Juárez fue auditor del Consejo de Guerra Especial Estable N°12 y Valdecantos fue vocal del mismo. Este CGEE es el caso que se juzga en este juicio, y que condenó a muchas de las víctimas que han brindado testimonio en este proceso. Esta es la razón por la cual, dicho Juárez y Valdecantos, son encontrados penalmente responsables por la situación que dichas víctimas sufrieron.

En este sentido, la fiscalía presentó el acta de una sesión secreta del CGEE en la que el Gral. Alfredo Oscar Saint Jean, jefe del comando de Sub Zona 12 al que pertenecía Olavarría, le pedía opinión a Juárez respecto de la pena a aplicar. Allí, la fiscal señala que Juárez no mencionó las irregularidades del CGEE, y las mantuvo. “Juárez y Valdecantos tuvieron esas causas y no les llamó la atención (el procedimiento)” señaló Ramos.

Más adelante, la fiscal mostró que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) había realizado cuestionamientos al procedimiento del CGEE señalando que se había “incurrido en errores de orden ritual”. Ante esto, Ramos resaltó que “Hasta el CONSUFA se dio cuenta y Juárez y Valdecantos no”. Luego, la fiscal agregó que “es notorio que ellos realizaron una actuación para mantener todo esto” y finalizó diciendo “¿fue impericia? no, fue impunidad”.

 

“Es notorio que ellos realizaron una actuación para mantener todo esto, ¿fue impericia? no, fue impunidad”.

 

La fiscalía repasó el legajo de Valdecantos, en donde figura un desempeño “excepcional” en sus calificaciones y agregó que, en sus declaraciones, Valdecantos dijo que sólo había participado en el CGEE N°12. Esto fue desmentido ya que se demostró que participó en al menos 3 procedimientos similares. “Valdecantos miente” expresó la fiscal, “no podía desconocer lo que iba a ocurrir en ese juicio” finalizó. De manera similar se procedió con el otro imputado. “Juárez hizo todo lo que estaba a su alcance para que el plan saliera a la perfección”.

 

Los policías de la Provincia de Buenos Aires

Como ya viene exponiendo el Ministerio Público Fiscal en sus alegatos, en este apartado se repasaron las razones que dan cuenta que  la Policía de la Provincia de Buenos Aires dependía de las Fuerzas Armadas. De esta manera comenzó, luego de un cuarto intermedio, la segunda parte de la jornada. La fiscal María Ángeles Ramos expuso la estructura organizativa de la policía bonaerense y señaló que, por reglamento, el jefe y sub jefe de esta fuerza de seguridad, eran designados por el ejército. Es así como, durante la exposición, se recordó el rol que tuvo el Gral. Ramón Camps al frente de dicha fuerza y se señaló que “la Policía de la Pcia. de Bs As. adecuó su estructura en espejo, a los fines de las FFAA. A los fines de la lucha contra la subversión”.

En relación a la división de tareas la fiscal mencionó que “tenían previsto qué hacer con los delincuentes subversivos que detenían” y para ello se citó el reglamento que demuestra dicho accionar. “No se trató de un aporte sin conocimiento” agregó. También repasó que la Unidad regional 11 de Azul, creada en marzo de 1947, estaba compuesta por comisarías, sub comisarías y destacamentos de varias ciudades, entre las que se encontraban Azul, Olavarría, Las Flores y Tandil, entre otras. Todas estas dependencias pasaron a integrar la Sub Zona 12, a cargo del Gral. Alfredo Oscar Saint Jean.

La policía, señala la fiscalía, intervenía en la inteligencia previa y también en los operativos y esto fue ejemplificado con el caso de la fábrica LOSA.

En este tramo del alegato, los imputados fueron José Clemente Forastiero, Argentino Alberto Balquinta, Julio Néstor Cazaux (), Héctor Ruben Rinaldi, Roberto Manuel Fantini, Juan Carlos Lujan y Néstor Omar Vapore. Todos policías de la Provincia de Buenos Aires. De cada uno de ellos, la fiscal repasó sus legajos personales, y citó varias de sus declaraciones indagatorias. Es importante destacar que, la fiscalía no sólo intenta demostrar que la policía participó en los operativos represivos, sino que las propias comisarías funcionaron como Centros Clandestinos de Detención.

 

* Hacer click en la imagen para abrir el desarrollo de la exposición de la Fiscalía en relación a cada uno de los imputados.

juicio25deabril


Se aceleran los tiempos

Las audiencias por el Juicio Monte Pelloni 2 continuarán el  lunes 13 de mayo, desde las 10hs, en la ciudad de Mar del Plata. La novedad, es que los alegatos pueden seguirse en vivo, a través de la transmisión exclusiva que está realizando la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, en la página de facebook de Radio Universidad FM 90.1. Con este ritmo sostenido, se advierte que se aceleran los tiempos y, en este sentido, la fiscalía está próxima a culminar su etapa de alegatos. Está transitando sus últimas palabras. Hasta ahora, hemos podido presenciar cómo, esta historia de secuestros, torturas y asesinatos, orquestados por el Estado, ha sido disfrazada de acciones legales y correctas. También hemos advertido cómo, en ese esquema, participó activamente, con nombres y apellidos, la policía de la Provincia de Buenos Aires. Estamos asistiendo, como ya hemos mencionado en reiteradas oportunidades, no solo a un acontecimiento histórico, sino también a su detalle, ese detalle que desnuda, con pruebas, las partes de un todo.